Hacienda trabaja en prorrogar las medidas fiscales para contener el precio de la luz en 2022
Este miércoles el precio de la luz vuelve a batir el enésimo récord y llega a los 291 euros el megavatio/hora en el mercado mayorista justo a dos semanas de que decaigan todas las medidas implementadas por el Gobierno durante los últimos meses para contener la factura que pagan los consumidores. Una situación similar a la de otros países de nuestro entorno que nadie prevé que varíe drásticamente en el corto o medio plazo y que lleva al Ejecutivo a volver a mover ficha.
Según ha podido saber infoLibre, el plan en el que ya trabaja el Ministerio de Hacienda es el de prorrogar el grueso de medidas fiscales impulsadas en el último cuatrimestre del año para evitar que los precios desorbitados del mercado mayorista tengan un reflejo exacto en lo que pagan los ciudadanos al menos durante los primeros meses de 2022. Fuentes próximas a María Jesús Montero dan por descartado, por ejemplo, que el IVA vuelva a subir a corto plazo del 10%, en el que se sitúa actualmente tras la última bajada, al 21% en el que estaba fijado con anterioridad. Y así con la práctica totalidad de medidas que están en vigor hasta el 31 de diciembre y que ahora el Ejecutivo se plantea prorrogar.
La idea, no obstante, es ir ganando tiempo hasta que la evolución del mercado mayorista permita ir replegando el paquete de medidas puestas en marcha y que tendrán un impacto en la recaudación pública estimado en 2.000 millones de euros. Confían desde Hacienda en que tanto la coyuntura internacional como las reformas llevadas a cabo por el Gobierno en el mercado eléctrico empiecen a dar frutos suficientes como para que la factura de la luz deje de ser un problema político para el Ejecutivo y económico para la ciudadanía en el medio plazo. Y que, entonces, sea posible levantar las medidas ahora en vigor.
De hecho, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró este martes tras el Consejo de Ministros que “no tendría sentido” mantener las rebajas fiscales “en ese nivel” durante todo 2022 porque fueron ideadas para “absorber en solo un cuatrimestre de 2021 el crecimiento de un año completo”. El objetivo de ello era hacer posible el compromiso político del presidente Pedro Sánchez, que aseguró que, de media, los ciudadanos pagarían en 2021 la misma factura de la luz que en 2018. Algo que, según el Ejecutivo, será así a finales de año.
Las medidas actuales
A finales del mes de junio, coincidiendo con el comienzo de la escalada de precios de la electricidad en verano, el Gobierno aprobó el decreto para bajar once puntos el IVA de la factura de la luz, del 21 al 10%. Una medida que el PP no apoyó por considerar “un parche”, optando en el Congreso por la abstención.
Para el tercer trimestre del año también decidió el Gobierno eliminar el impuesto del 7% a la producción de energía, un tipo impositivo creado durante el mandato de Mariano Rajoy. A mediados de septiembre, el Consejo de Ministros también aprobó la rebaja del impuesto especial a la electricidad del 5,1 al 0.5%. En el paquete desarrollado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez también se incluye la limitación de beneficios a las energéticas, el tope a las subidas de los precios del gas y la protección a los consumidores vulnerables con el llamado Suministro Mínimo Vital, en la práctica, la prohibición del corte de luz, agua o gas a personas vulnerables.
Sin el aval de Europa
Lo cierto es que las medidas fiscales que el Gobierno trabaja para prorrogar no gustan del todo a la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario, como explicó en una comunicación de octubre, quiere que las rebajas impositivas –y todas las decisiones que se tomen para rebajar el impacto en los consumidores del rally de precios– se centren en los más vulnerables.
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El documento firmado por la comisaria de Energía, Kadri Simson, es bastante claro. Los impuestos se deben reducir solo “a las poblaciones vulnerables” y “durante un tiempo determinado”. “Las tasas reducidas tienen que ser dirigidas y no causar distorsiones”, aseguró el Ejecutivo comunitario. La reducción del IVA (del 21% al 10%) y del Impuesto Especial sobre la Electricidad (del 5% al 0,5%, el tipo mínimo permitido por la UE) ejecutadas por el Gobierno, se dirigen a todos los consumidores, sean grandes o pequeños, más desahogados o con problemas para llegar a fin de mes.
La mirada escrutadora de la Comisión Europea sobre España y su política energética también se dirige al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada, cuyo modelo actual traslada casi instantáneamente al recibo los altos precios de la subasta marginalista –este miércoles, nuevo récord histórico–. El diseño español “no es algo que hayamos aprobado”, aseguraron la pasada semana fuentes cercanas a la comisaria de Energía: una directiva reciente indica que el Ejecutivo comunitario debe analizar este tipo de modalidades intervenidas por el Estado.
La Comisión Europea no tiene problemas con que el precio del kWh de estas tarifas cambie sin cesar: el problema es que están disponibles para todos los consumidores, pobres o ricos, vulnerables o no. Las modalidades reguladas “no se aceptan de manera generalizada”, insistieron estas mismas fuentes. Las grandes eléctricas también piden que el PVPC se destine solo a los beneficiarios del bono social. Ribera aún no ha tomado una decisión: hace unas semanas hizo una propuesta para vincular la producción renovable a este recibo que fue rechazada por las comercializadoras de luz. La ministra busca un consenso que aún no ha encontrado.
