Desde la implantación del sistema autonómico en la transición, un total de ocho presidentes de comunidades se habían visto obligados a dimitir acosados por escándalos. Este miércoles, Cristina Cifuentes se convirtió en la novena al renunciar a seguir siendo presidenta de la Comunidad de Madrid tras semanas en el punto de mira por el supuesto falseamiento de sus notas para obtener un máster universitario. No obstante, otros presidentes como el gallego Alberto Núñez Feijóo, el madrileño Ignacio González o el extremeño José Antonio Monago consiguieron evitar la dimisión pese a verse envueltos en polémicas al menos tan llamativas como la de Cifuentes, cuando no en casos de corrupción.
¿Por qué Cifuentes se ha visto obligada a dimitir y otros presidentes, implicados en escándalos igualmente o más graves, no? No existe una respuesta única para ello, argumenta José Fernández Albertos, politólogo e investigador del CSIC, ya que "son casos difícilmente comparables" porque no existe un baremo matemático para medir la gravedad de las acciones. Pero el experto apunta al menos dos razones que han precipitado la caída de Cifuentes: su fragilidad parlamentaria –algo que también fue vital para la renuncia de Pedro Antonio Sánchez en la Región de Murcia– y la presión mediática.
Albertos considera mucho más sencillo que los gobiernos se vean obligados a rendir cuentas cuando no tienen mayoría absoluta, como ha sido el caso de Cifuentes, presionada por la moción de censura presentada por la oposición y que Ciudadanos estaba dispuesto a apoyar. Pero el politólogo también recuerda que "la centralidad de lo que ocurre en Madrid" ha potenciado la presión mediática sobre la ya expresidenta, que se ha visto mucho más expuesta que si el escándalo se hubiera producido "en una comunidad más pequeña o periférica". "Lo que ocurre en Madrid siempre tiene lecturas nacionales, y en este caso estaba afectando al PP nacional", apunta Albertos.
Nueve dimisiones presidenciales
El primer presidente autonómico en dimitir durante su mandato fue el castellanoleonés Demetrio Madrid (PSOE), que dirigió la Junta entre 1983 y 1986. Ese año, Madrid tuvo que renunciar a su puesto al ser imputado por una querella presentada por once trabajadoras de la empresa textil de la que era propietario, un procedimiento del que fue absuelto en 1990 y, posteriormente, en 1993. Su dimisión abrió la puerta a que, en las siguientes elecciones, un entonces joven José María Aznar se convirtiese en presidente de la Junta de Castilla y León, lo que le sirvió como plataforma para liderar años después el PP.
Otros cuatro presidentes socialistas han dimitido de sus cargos acosados por causas judiciales: Javier Otano (presidente de Navarra entre 1985 y 1986), Carlos Collado (que dirigió la Región de Murcia entre 1984 y 1993), José Marco (máximo dirigente de Aragón entre 1993 y 1995) y José Antonio Griñán (que sucedió a Manuel Chaves al frente de la Junta de Andalucía entre 2011 y 2013). De ellos, solo Marco fue condenado a 13 meses de cárcel por malversación de caudales públicos y falsedad en documento público al haber instalado un sillón en su casa –valorado en unas 77.000 pesetas de entonces, algo más de 460 euros– pagándolo con dinero público. A esa condena se sumó posteriormente otra a 9 meses de prisión por espiar a varios dirigentes políticos aragoneses, también a costa de las arcas autonómicas, aunque Marco no llegó a ingresar en la cárcel.
Griñán, por por su parte, sigue imputado y se enfrenta a la petición de seis años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación en el marco del caso ERE. Por el contrario, Otano y Collado fueron absueltos de los casos de corrupción en los que se les acusaba. El navarro fue procesado por supuesto cohecho, al existir indicios de que había podido recibir 200 millones de pesetas –1,2 millones de euros, al cambio– en concepto de comisiones por parte de la multinacional Bosch-Siemens en una cuenta en Suiza, indicios que posteriormente se descartaron. Collado, por su parte, fue investigado tras un informe del Tribunal de Cuentas que detectó "anomalías contables" en la compra de una finca por parte del gobierno murciano, si bien posteriormente el tribunal le exculpó de cualquier irregularidad en esta operación.
A estas dimisiones hay que sumar las de otros tres presidentes autonómicos del PP –Cifuentes es la cuarta– que se vieron obligados a renunciar a mitad de mandato. El último de ellos, el murciano Pedro Antonio Sánchez, lo hizo el año pasado al verse acorralado por el acuerdo al que habían llegado PSOE, Podemos y Ciudadanos para desalojarlo del Gobierno de la Región tras su imputación por los delitos de fraude y cohecho en el marco del caso Púnica. Sánchez, supuestamente, habría contratado trabajos para mejorar su reputación en Internet y redes sociales camuflándolos como prestaciones de servicios a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.
Los otros dos dirigentes conservadores que se vieron obligados a dimitir como presidentes autonómicos son Gabriel Cañellas (que presidió Islas Baleares entre 1983 y 1995) y el valenciano Francisco Camps (presidente entre 2003 y 2011). Cañellas tuvo que dejar su puesto al ser acusado de cohecho por un supuesto cobro de comisiones, y en 1998 el Tribunal Supremo sentenció que el PP y él cobraron 50 millones de pesetas (300.000 euros) a la empresa concesionaria túnel de Sóller, si bien no fue condenado porque el delito ya había prescrito. Camps, por su parte, dimitió apenas dos meses después de ganar las elecciones en 2011 salpicado por las operaciones de la rama valenciana del caso Gürtel durante su gestión como líder del PP de esa comunidad, aunque en 2012 fue absuelto al entenderse no probado que hubiera aceptado trajes y otras prendas de vestir de esa red.
Hay un noveno precedente de un presidente autonómico que dimitió: el de Juan Hormaechea, presidente de Cantabria entre 1987 y 1990 y, de nuevo, entre 1991 y 1994. En ese último año, Hormaechea se vio obligado a renunciar a la Presidencia al ser condenado a seis años de prisión y 14 de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, un juicio en el que varios miembros de su primer gobierno también recibieron sentencias condenatorias. Lo particular es que, pese a esta condena y a su dimisión, Hormaechea continuó como presidente en funciones hasta las elecciones de 1995 porque los grupos no se pusieron de acuerdo para escoger un sustituto. Ese año el Gobierno central lo indultó, así que no tuvo que pisar la cárcel.
González y su ático
No obstante, otros presidentes autonómicos rodeados por escándalos sonados han sabido capear el temporal mejor que Cifuentes y que el resto de dirigentes que tuvieron que renunciar a sus cargos. En la misma Comunidad de Madrid, estar rodeado de escándalos no ha sido óbice para mantenerse al frente del Gobierno regional. Así lo hizo Ignacio González, presidente de la Comunidad entre 2012 y 2015: durante sus menos de tres años de mandato se vio implicado en el escándalo por las irregularidades en la compra de su ático en Marbella. Pero las primeras denuncias por corrupción de González ya se habían publicado en 2007 en la revista Tiempo, por la adjudicación del campo de golf que una década después se convirtió en una de las operaciones que le llevó a prisión.
En enero de 2013, el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) solicitó a Hacienda que le remitiera toda la información fiscal sobre la entidad Coast Investor LLC, la empresa que figuraba como propietaria del ático que primero alquiló y posteriormente compró González junto a su mujer, Lourdes Cavero, que fue imputada por blanqueo. La presunta irregularidad del ático de Marbella –que comenzó a ser investigada al sospechar la Policía que constituiría el pago de una comisión por la venta de una parcela municipal a un constructor– fue también objeto de sendas querellas presentadas ante el Tribunal Supremo por por los extrabajadores de Telemadrid y el PSM contra González, pero que el Tribunal Supremo archivó en julio de 2014.
En marzo de 2015, apenas dos meses antes de las elecciones autonómicas, se destapó que González mantuvo en 2011 una reunión con varios mandos policiales para pedirles que no transcendiera que era inquilino del ático, adquirido por un testaferro a través de una sociedad radicada en un paraíso fiscal. Esos policías eran los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo, y aunque González trató de justificarse asegurando que fue víctima de un intento de "extorsión" por su parte, el escándalo terminó llevándose por delante sus opciones de ser candidato del PP en las elecciones autonómicas. Su sustituta fue, precisamente, Cristina Cifuentes.
Aguirre llegó con polémica al Gobierno
La predecesora de González al frente del Gobierno madrileño fue Esperanza Aguirre, presidenta regional entre 2003 y 2012. Ella sí que dimitió ese año, pero no a causa de ningún caso de corrupción, sino alegando motivos personales y condicionada por un cáncer que acababa de superar el año anterior. No obstante, su trayectoria estuvo plagada de sombras desde el momento en el que llegó a la Presidencia: lo hizo tras el conocido como tamayazo, una turbia operación por la cual dos diputados tránsfugas del PSOE (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez) evitaron la investidura de quien iba a ser presidente con el apoyo de IU, Rafael Simancas.
La propia campaña de Aguirre en 2003, según publicó en su día Público, fue supuestamente pagada por Fundescam, una fundación del PP que contó con los servicios de Special Events. Esta compañía terminó siendo una de las empresas de Francisco Correa, años después conocido como el principal cabecilla de la Gürtel. Pero sus años de mayorías absolutas también estuvieron sazonados de escándalos: en 2009, el entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, denunció haber sido investigado por un servicio secreto dependiente de la Comunidad. Meses después, Cobo dio en una entrevista el nombre por el que terminaría conociéndose este escándalo: la "Gestapillo".
Ese supuesto órgano de espionaje estaría, según publicó El País, a las órdenes del entonces consejero de Presidencia madrileño, Francisco Granados. El mismo Granados que, años después, en 2014, dimitiría tras destaparse que tenía una cuenta bancaria en Suiza. Y también el mismo Granados que, ese mismo año, sería detenido en el marco de la operación Púnica por estar presuntamente implicado en la concesión de obras públicas a cambio de comisiones ilegales. Todo ante los ojos de una Aguirre que siempre ha defendido que no sabía nada de las actividades supuestamente irregulares de sus altos cargos.
Feijóo y el narco Dorado
Otro buen ejemplo de cómo aguantar en el cargo es Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, que este mismo miércoles consideró que era "inevitable" que Cifuentes dejara la Presidencia de la Comunidad de Madrid y aseguró que se trata de "una decisión correcta, proporcionada e inevitable", aunque "dolorosa". Ante los medios Feijóo, afirmó que "a veces se cometen errores y esos errores tienen una trascendencia pública", y sostuvo que algunos de estos actos "en la vida pública son absolutamente injustificables".
No obstante, dentro de esos errores injustificables no parece encontrarse el hecho de haber compartido vacaciones con el narcotraficante Marcial Dorado, que actualmente se encuentra en prisión. En el año 2013, el diario El País publicó varias fotografías de Dorado y Feijóo veraneando juntos a mediados de los años 90, cuando el contrabandista ya había sido detenido en dos ocasiones y el ahora presidente gallego encarrilaba su prometedora carrera en puestos en la administración autonómica y, posteriormente, en la estatal.
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Al publicarse las imágenes, la oposición pidió la dimisión de Feijóo, pero éste siempre ha mantenido que desconocía las actividades de Dorado cuando mantenía su amistad con él, pese a que el narcotraficante era una figura públicamente conocida y habitual de los periódicos, como le recordó hace unas semanas el periodista Jordi Évole a Feijóo en una entrevista. "¿Usted cree que si yo supiese de lo que iba a ser acusado yo me dejaría hacer fotos o iría a comer con él? No tenía nada que ocultar, por lo tanto en ningún caso tenía información de si es verdad o no", se defendió el presidente en el programa Salvados. En 2013, ante las críticas de la oposición, mantuvo el mismo argumento: "Cuando lo conocí, no sabía nada de su actividad, y después corté mi relación de ocio con esta persona". En la época del viaje compartido en barco, las actividades de Marcial Dorado eran vox populi en Galicia.
Los viajes a Canarias de Monago
Tampoco dimitió de su cargo el que entre 2011 y 2015 fue presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago (PP). En su caso, el escándalo saltó en 2014, cuando el diario Público destapó que había cargado al Senado entre 2009 y 2010 un total de 32 viajes en primera clase a Canarias en apenas un año y medio para ir a visitar a su entonces novia, residente en el archipiélago. Monago alegó entonces que en esos viajes había ido a "trabajar honestamente" y aseguró que "dimitir sería una dejación de responsabilidades". De hecho, el dirigente no solo no renunció a su cargo, sino que repitió como candidato del PP a la Junta de Extremadura en 2015, cuando perdió las elecciones frente al socialista Guillermo Fernández Vara.
Desde la implantación del sistema autonómico en la transición, un total de ocho presidentes de comunidades se habían visto obligados a dimitir acosados por escándalos. Este miércoles, Cristina Cifuentes se convirtió en la novena al renunciar a seguir siendo presidenta de la Comunidad de Madrid tras semanas en el punto de mira por el supuesto falseamiento de sus notas para obtener un máster universitario. No obstante, otros presidentes como el gallego Alberto Núñez Feijóo, el madrileño Ignacio González o el extremeño José Antonio Monago consiguieron evitar la dimisión pese a verse envueltos en polémicas al menos tan llamativas como la de Cifuentes, cuando no en casos de corrupción.