¿Hay que multar a los pacientes por el mal uso de la sanidad pública?

Hasta 3.000 euros de multa por utilizar de manera "indebida, abusiva o irresponsable" los "recursos y prestaciones sanitarias que no respondan a una necesidad objetiva". Eso es lo que establece el anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema de Salud en Aragón [consultar, aquí], un borrador que despliega un relevante catálogo de derechos de los usuarios del sistema sanitario, pero que también regula sus deberes en relación al acceso y uso de los servicios sanitarios y el trato hacia los profesionales y otros pacientes y usuarios. El borrador está actualmente sometido a un proceso de participación ciudadana que acaba el próximo miércoles 30 de mayo.

A preguntas de infoLibre, un portavoz de la Consejería de Sanidad aragonesa subraya que, en este aspecto concreto, la norma va encaminada a "impulsar que haya un comportamiento respetuoso con el servicio, en el sentido de que no haya agresiones a sanitarios o que no se estropeen las instalaciones de manera intencionada". "No se está planteando sancionar a quienes vayan cuatro veces a urgencias en el mismo mes", reitera. El borrador no cita ningún servicio concreto pero sí insta a "evitar los usos abusivos en el acceso a las prestaciones sanitarias (...) con la finalidad de impedir situaciones que dificulten el acceso de todos a la asistencia sanitaria en condiciones de equidad".

Más allá del caso concreto de Aragón, esta iniciativa sí pone encima de la mesa un debate interesante: el de si se debería o no castigar con multas económicas a quienes hagan un mal uso de la sanidad pública. Esta cuestión ya estuvo encima de la mesa hace cuatro años, cuando el presidente de la entidad que agrupa a los colegios de médicos, el doctor Juan José Rodríguez Sendín se mostró partidario de establecer multas cuando se diera un abuso desproporcionado y reiterado de las visitas a las urgencias hospitalarias. En un artículo publicado en el El País puso de ejemplo a quienes acuden a este servicio no por preocupación o miedo, sino para saltarse la lista de espera. 

Según datos del Barómetro Sanitario de 2016 [consultar, aquí], el sondeo que realizan anualmente el Ministerio de Sanidad y el CIS, sólo el 16,5% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias de un hospital público lo hicieron por indicación de su médico de cabecera. El 66,4% fueron por iniciativa propia. Según este mismo informe, el 40,7% acudió a un hospital porque el horario no coincidía con el de su médico de cabecera.

El doctor Javier Povar, secretario general de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), considera que el de las urgencias no es el único ejemplo de uso indebido del sistema sanitario. "No acudir a una cita programada de una consulta o una exploración radiológica, sin haberla anulado, supone impedir que esos recursos sean utilizados por otro paciente y contribuye a aumentar las esperas. Otro ejemplo es el excesivo consumo de medicamentos, un hecho contrastado que compromete la sostenibilidad del sistema sanitario y pone en riesgo nuestra salud", explica. 

Povar, que también es presidente de SEMES Aragón, considera "lógica" la inclusión en el borrador de la norma aragonesa de un régimen sancionador aplicable en el supuesto de una utilización indebida o abusiva de los recursos sanitarios "siempre que sea aplicado de forma graduada y proporcional". Sostiene que el reconocimiento de los derechos en salud de los ciudadanos y la introducción de garantías para las personas en situación de vulnerabilidad que consagra ese texto "conlleva también el cumplimiento de ciertos deberes", algo que considera "imprescindible" para el buen funcionamiento del sistema sanitario. 

El doctor jubilado Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), considera, sin embargo, que cuando hay una mala utilización de los recursos suele ser por "desconocimiento, por falta de valoración de la propia situación de salud o por la recepción de informaciones inapropiadas, por ejemplo, por parte de las farmacéuticas". "En principio la vía sancionadora no nos parece una buena línea de actuación, aunque depende de cómo se lleve a cabo. Habría que ver casos muy extremos de personas que, habiendo recibido una información correcta y detallada, lleven a cabo una actividad inapropiada", subraya.

Eduardo Sánchez Iriso, profesor de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y presidente de la Asociación de Economía de la Salud, cree que cualquier decisión legislativa encaminada a sancionar el mal uso de las prestaciones sanitarias tendría que ir precedida de estudios exhaustivos sobre si, por ejemplo, existe una "sobreutilización" de los recursos. Pero este es un terreno prácticamente inexplorado en España, por lo que no existe evidencia empírica al respecto. "La Organización Mundial de la Salud, que sí tiene trabajos al respecto, ha detectado que existe más sobreutilización de los servicios en los países con más renta", explica. 

Este experto señala también que, ante la puesta en marcha de medidas que conllevan una aportación económica de los usuarios en el ámbito sanitario, hay que tener en cuenta las implicaciones que tienen para las rentas más bajas y los efectos que pueden acarrear en términos de desigualdad. Aunque no ve un gran recorrido a este tipo de medidas mientras no exista una evidencia empírica y cuantificada de que existen ciertos abusos o usos indebidos, sí entiende que es un mensaje que puede tener cierto carácter disuasorio a corto o medio plazo. "Es como el caso de las facturas sombra, que aunque su efecto no perdure en el tiempo sí crea cierta conciencia", resalta. 

Educación para la salud 

En lo que sí coinciden los expertos consultados es en la importancia de priorizar las medidas dirigidas a concienciar a los ciudadanos sobre el uso adecuado del sistema sanitario. "Es muy importante hacer al paciente corresponsable de determinadas decisiones y partícipes de la gestión de su propia enfermedad. Para ello hay que establecer criterios de información, sitios de encuentro...", señala Sánchez Iriso. 

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"Es fundamental seguir trabajando para que los ciudadanos sean corresponsables del mantenimiento de su estado de salud y para potenciar el autocuidado. Hay que mejorar la educación sanitaria y la información sobre los recursos sanitarios, para que el paciente pueda utilizarlos de forma proporcionada y razonable, acudiendo a los dispositivos urgentes de la atención primaria cuando sea posible", señala el doctor Povar. Pero advierte: "Esto pasa por garantizar el acceso a esos recursos en tiempo y forma por parte de las administraciones, evitando inequidades". 

El doctor Sánchez Bayle también coincide en la importancia de potenciar las políticas de promoción y prevención de la salud, si bien recuerda que es precisamente la atención primaria, el nivel asistencial clave para llevarlas a cabo, el que más ha sufrido los fuertes recortes de los años de crisis. "Esta es la cuestión fundamental, pero para eso es necesario garantizar que hay recursos suficientes, fundamentalmente de profesionales, que son los que tienen que realizar esta labor", señala. 

Y añade: "En casi todas las normativas sanitarias de nivel autonómico y estatal se hace mucho hincapié en la necesidad de potenciar la educación para la salud pero, en la práctica, no tienen casi ningún recorrido. Es evidente que para pedir a la ciudadanía que sea responsable con la utilización de los servicios hay que garantizar que tiene una información exhaustiva y adecuada que le permita actuar de una manera razonable".