La oposición a Pedro Sánchez se escenifica cada miércoles en el Congreso y en los actos y mítines de partido durante la campaña electoral. Pero también en los tribunales. El caso abierto contra Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias gracias a una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias se ha convertido en un activo político para las principales formaciones en contienda el 9J: PSOE, PP y Vox. La derecha y la extrema derecha utilizan ese caso para teñir de supuesta corrupción el entorno más íntimo del presidente buscando el consiguiente castigo en las urnas. El PSOE, por su parte, ve en él una demostración de lawfare, de utilización de la “máquina del fango”, algo “muy burdo” que acabará por movilizar a su electorado y no ha dudado en incluir a Gómez en sus actos electorales y centrarlos en ella.
Pero el de Gómez no es el único caso de judicialización de la política por parte de la derecha. Una panoplia de personajes y organizaciones afines a sus partidos actúan cada día en los tribunales personándose como acusaciones populares en las causas más sensibles mientras se mueven en las redes sociales para tratar de recabar fondos para abonar las fianzas necesarias para ser parte en ellos. Una vez dentro del caso, tienen acceso a todas las actuaciones de las que informan a sectores cercanos a sus postulados. En otros casos, estos grupos tratan de presionar desde fuera a los jueces para que tomen decisiones favorables a los postulados de esos partidos en asuntos de gran trascendencia política, como por ejemplo la ley de amnistía. O buscan tener acceso a conversaciones privadas del presidente y los ministros obtenidas de manera ilegal, como en el caso Pegasus. Estas son algunas de estas organizaciones y los casos en los que actúan.
1. El caso Begoña Gómez
El caso se inició por una denuncia de Miguel Bernad, líder del pseudosindicato Manos Limpias, y estaba basada en noticias de periódicos, alguna de ellas manifiestamente falsa. Aunque Bernad fue condenado por organizar campañas de ataque contra empresas como el BBVA, Caixabank o Santander en los tribunales, finalmente fue absuelto por el Tribunal Supremo. La mecánica de esta asociación consistía en personarse como acción popular en los procesos contra esas empresas y otras entidades para luego reclamarles fondos a cambio de la retirada de la acusación. Desde entonces, esta organización -cuyo principal objetivo es “interponer todo tipo de denuncias ante las corrupciones políticas o económicas que lesionen el interés público o general”- ha puesto el punto de mira en Pedro Sánchez y sus sucesivos gobiernos.
El pasado 5 de abril, el Supremo ya rechazó una denuncia de Bernad por el acuerdo firmado por el PSOE y Junts el pasado noviembre para formar Gobierno y elaborar la ley de amnistía. Entre los denunciados estaba el propio presidente y varios de sus ministros, como Félix Bolaños, Yolanda Díaz u Óscar Puente, entre otros. Entre sus intentos de atacar al Ejecutivo también estuvo otra denuncia archivada contra la entonces ministra de Igualdad Irene Montero (Podemos) por cargar contra los jueces por la aplicación de la ley del solo sí es sí. También se archivó otra causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación del 8-M días antes de que se decretara el Estado de alarma por la pandemia de coronavirus. O la causa contra Podemos basada en el Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), elaborado por la policía patriótica durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los vínculos de Bernad con la ultraderecha son públicos. A finales de los años ochenta se convirtió en secretario general del Frente Nacional tras años de militancia en su partido de origen, la Fuerza Nueva de Blas Piñar. Más recientemente ha participado en actos de organizaciones de extrema derecha como la ultracatólica Luz de Trento, donde dio una conferencia titulada David contra Goliat (el cartel contenía una foto suya y otra de Pedro Sánchez. En Luz de Trento también ha dado conferencias el candidato de Vox a las europeas Jorge Buxadé y se han organizado congresos y mesas redondas de apología del dictador Francisco Franco, la División Azul o contra las leyes de memoria histórica. Así pide Bernad dinero para sus causas en redes sociales.
Entre las acusaciones populares admitidas previo pago de 10.000 euros también está el propio Vox y el llamado Movimiento de Regeneración Política de España, dirigido por el abogado Aitor Guisasola. Guisasola gestiona además el canal de Youtube Un abogado contra la demagogia, en el que mezcla mensajes de animadversión explicita contra el presidente de Gobierno y cargos de Podemos con mensajes conspiracionistas contra el cambio climático o sobre la pandemia de covid. Entre los que también han conseguido reunir el dinero para ser parte está el lobby ultracatólico Hazte Oír que en su página web tiene un apartado para pedir dinero bajo el rótulo “Ayúdanos a enfrentar los costes legales de las acciones legales contra Sánchez y Begoña”. “Begoña, imputada; Sánchez, dimite ya”. En el texto se autodefinen como “la pesadilla de Sánchez en muchos frentes” y enumera todos los procesos en los que participa.
2. Pegasus y Hazte Oír
Otro de los procesos que ha llamado la atención de estas organizaciones es el caso Pegasus que investiga el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. A diferencia de en otros, en este, el perjudicado sería el presidente del Gobierno, cuyo teléfono móvil fue espiado con ese programa de fabricación israelí. También los de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Agricultura, Luis Planas. La investigación fue archivada provisionalmente en 2023, pero el instructor la ha vuelto a abrir tras recibir nuevos datos de la investigación abierta en Francia por la utilización de ese mismo programa contra políticos, periodistas y abogados de ese país.
La organización ultracatólica Hazte Oír abrió una campaña en la red de mensajería Telegram para ayudar a otra asociación a personarse en la causa como acusación popular. “Se nos ha presentado una oportunidad irrechazable para cercar todavía más a Pedro Sánchez en los tribunales, pero necesito tu ayuda para aprovecharla”, dice el mensaje publicado el pasado 13 de mayo. “Un bufete de abogados, tras ver la querella que hemos presentado contra Begoña Gómez, nos ha ofrecido entrar en el caso Pegasus como acusación popular con el fin de obtener información valiosísima sobre esta trama de espionaje”. “Si nosotros logramos cubrir la fianza, ellos nos permiten entrar en el caso. Pero necesitamos depositar los 10.000 euros que el juez exige como fianza antes de este miércoles o perderemos esa oportunidad”.
Hazte Oír ha pedido el voto públicamente para Vox y para Se acabó la fiesta, la candidatura del influencer de extrema derecha Alvise Pérez, al que los sondeos dan representación en la Eurocámara en las elecciones del domingo. También acaba de premiar al presidente argentino, el ultra Javier Milei “por la defensa de la libertad y de España frente a Sánchez”. Entre las actuaciones que pueden llegar a esa causa es más que probable que se encuentren las propias conversaciones telefónicas de Sánchez y el resto de ministros espiados. La información que aparecerá durante la instrucción se prevé muy sensible y con tentáculos internacionales con países con los que España mantiene altibajos en sus relaciones, como Israel y Marruecos.
3. Asociación de Juristas Europeos Prolege
El bufete de abogados para el que pide fondos Hazte Oír es la Asociación de Juristas Europeos Prolege. Se trata de un colectivo conocido por su cercanía al PP que ya estuvo personado en el caso Villarejo y en Gürtel como acusación popular. Su presidenta, Carolina Mata, borró su cuenta de X (antiguo Twitter) en 2020 después de que este periódico le preguntara por sus vínculos con el partido que dirige ahora Alberto Núñez Feijoo. En su timeline desaparecido había tuits del tipo: “Estoy muy orgullosa de mi partido @populares de cómo está actuando tanto en la crisis del virus como en sus propuestas económicas. Partido con sentido de Estado, consecuente y responsable”. “Por eso, vente al PP”, respondió a una tuitera que había expresado su predilección por Vox.
Prolege también ha impulsado varias causas contra Podemos, como el caso Niñera (archivado por un juzgado de Madrid en 2022), en el que se investigaba un presunto delito de administración desleal por la supuesta utilización de trabajadores de la formación para el cuidado de los hijos de la exministra de Igualdad Irene Montero y el exlíder del partido Pablo Iglesias. También acusó en el caso Dina, archivado por el Tribunal Supremo, en el que se investigó el robo del móvil de una asesora de Iglesias. O el caso Neurona, abierto por un juzgado de Madrid por supuestas irregularidades en las cuentas y que se cerró tras tres años de investigación que sirvieron al PP y a Vox para atacar al Gobierno por delitos que jamás se cometieron.
4. Activismo judicial contra la amnistía
Pero la presión de la derecha sobre Sánchez y el Gobierno en los tribunales también se ha sentido entre los propios jueces. El pasado 20 de mayo una asociación denominada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial envió a todos los jueces de España una guía de 201 páginas para indicarles cómo presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la amnistía antes incluso de que la ley se aprobara en el Parlamento. El grupo se sirvió para ello del correo corporativo que el Consejo General del Poder Judicial pone a disposición de todos los togados españoles. Algunos de los jueces que recibieron el correo se quejaron de que un grupo externo al Poder Judicial intentara influir no solo en éste, sino también en el Legislativo. La interposición de las cuestiones supondría la suspensión de la norma en cada caso concreto por un tiempo indefinido que podría abarcar varios años.
El presidente de esa asociación es el catedrático de Derecho Administrativo y exeurodiputado del desaparecido Unión, Progreso y Democracia Francisco Sosa Wagner, muy activo en medios contra la ley de amnistía. “El PSOE propicia el hundimiento de una parte sustancial del orden constitucional por un puñado de votos”, dijo al respecto en un artículo publicado el pasado octubre. La plataforma está formada por jueces en activo y expertos universitarios, pero su portavoz es el magistrado de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que llamó “piscópata sin límites éticos” a Pedro Sánchez y se refirió a Pablo Iglesias como “Stalin de bolsillo”. Del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dijo que representaba “la personificación del deshonor”. Sin embargo, en X defendió así a la exdirigente de Vox Macarena Olona: ““Hay políticos que trepan y denigran la democracia. Luego están otros como ella, Macarena Olona, que optan por los principios y por el honor. No es cuestión de ideologías o partidos, sino de defender el Estado de derecho y la independencia judicial. Nada más y nada menos”.
La oposición a Pedro Sánchez se escenifica cada miércoles en el Congreso y en los actos y mítines de partido durante la campaña electoral. Pero también en los tribunales. El caso abierto contra Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias gracias a una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias se ha convertido en un activo político para las principales formaciones en contienda el 9J: PSOE, PP y Vox. La derecha y la extrema derecha utilizan ese caso para teñir de supuesta corrupción el entorno más íntimo del presidente buscando el consiguiente castigo en las urnas. El PSOE, por su parte, ve en él una demostración de lawfare, de utilización de la “máquina del fango”, algo “muy burdo” que acabará por movilizar a su electorado y no ha dudado en incluir a Gómez en sus actos electorales y centrarlos en ella.