Carlos Mur de Viu, director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia, se enfrenta este miércoles a una alternativa complicada. Comparece ante la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid para analizar lo ocurrido en las residencias y a priori solo hay dos opciones: si dice la verdad sobre las decisiones que adoptó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en marzo y abril de 2020, será una prueba más de cargo contra la presidenta madrileña y el consejero de Sanidad, pero si miente se arriesga a cometer un delito. El Código Penal, en su artículo 502, castiga "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses" a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, "faltare a la verdad en su testimonio".
La comparecencia de Mur se producirá por videoconferencia. Ahora vive en Cataluña y, ante las restricciones legales para viajar entre comunidades, así lo solicitó en su día Mur. Su intervención estaba prevista para el pasado 5 de febrero, pero fue suspendida después de que el primero de los comparecientes no pudiera acceder a la sala de la reunión. Se trata de Óscar Moral, presidente de la asociación de personas con discapacidad Cermi Madrid, que utiliza una silla de ruedas. Un suspenso en toda regla para la Asamblea en materia de accesibilidad. Los grupos decidieron por unanimidad suspender la sesión y las tres comparecencias se han trasladado a este miércoles 24 de febrero.
La tercera intervención será la del presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, quien comparece a petición de Vox. Durante la primera ola destacó como uno de los principales defensores del Gobierno Ayuso, con afirmaciones como la siguiente: "No se ha negado la atención hospitalaria de alto nivel a ningún anciano vulnerable". García Navarro no explicó cómo había adquirido dicho conocimiento, pese a que en principio se trata de algo que él no puede saber ya que desconoce los expedientes médicos de los más de 9.000 residentes fallecidos en Madrid en los tres primeros meses de la pandemia, la mayoría por coronavirus. También destacó por repetir la estrategia de la Comunidad de Madrid a la hora de dar las cifras de traslados desde residencias a hospitales, consistente en ofrecer datos de un periodo amplio de tiempo (de marzo a mayo por ejemplo), para enmascarar así que el colapso de las derivaciones se produjo básicamente durante cuatro semanas.
A continuación, se explican algunos hechos clave en los que estuvo implicado Carlos Mur y que marcarán su comparecencia parlamentaria.
El Protocolo de exclusión
La Consejería de Sanidad aprobó, el 18 de marzo, un Protocolo que establecía criterios de exclusión de derivación a los hospitales de mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. De ese documento se hicieron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 de marzo. Las cuatro versiones fueron firmadas digitalmente por Carlos Mur. infoLibre las desveló el pasado mes de junio. Tras ser conocido, ese documento fue calificado por familiares de residentes fallecidos como el "Protocolo de la vergüenza". El consejero de Sanidad, entonces y ahora, es Enrique Ruiz Escudero (PP).
Todas las versiones, con un lenguaje más o menos crudo, discriminan a los ancianos que vivían en residencias por su dependencia o deterioro cognitivo. El documento más descarnado es el que Sanidad aprobó el 20 de marzo, donde se habla sin ambages de “criterios de exclusión” de derivación hospitalaria de los mayores. En todo momento se plantea la cuestión como una orden, no como una recomendación o sugerencia. Entre otras, se utilizan las siguientes expresiones literales: “NO se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios”, "Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN" [las mayúsculas son del original]. La instrucción afectó tanto a enfermos con "infección respiratoria" como a los que tenían "otra patología".
Los cuatro envíos del Protocolo
Las cuatro versiones del Protocolo fueron enviadas por el propio Carlos Mur, minutos después de firmarlas digitalmente, a los altos cargos de la Comunidad de Madrid que tenían que aplicarlo o que supervisar su ejecución. El documento se envió en todos los casos por correo electrónico. infoLibre los reprodujo de forma íntegra el pasado 20 de enero [Puedes consultar aquí los cuatro correos].
Los destinatarios de los correos de Carlos Mur son en total 18 personas diferentes, aunque no todas recibieron las cuatro versiones del Protocolo. Hay ocho altos cargos del Gobierno Ayuso que sí figuran en todos los envíos, entre ellos la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria y ahora diputada del PP en la Asamblea (Ana Dávila-Ponce de León Municio) y el gerente del SUMMA 112 (Pablo Busca Ostalaza). El SUMMA 112 es el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y gestiona el servicio de ambulancias de la Comunidad. Mur indica expresamente que el documento también está dirigido a la atención de los gerentes y directores médicos de los hospitales.
En la ejecución del Protocolo desempeñaron un papel clave los denominados “geriatras de enlace” de los hospitales, que eran quienes negaban el traslado de los ancianos enfermos que Sanidad ordenó excluir, cuando les pedían su derivación desde una residencia. Pero también fue relevante la actuación del SUMMA 112, ya que las ambulancias no acudían a los geriátricos si no contaban con la autorización expresa del geriatra de enlace. De esa forma, se impedía que los responsables de las residencias o los familiares de los mayores lograsen su traslado al hospital sin el permiso del geriatra de enlace.
El efecto del Protocolo
El resultado de la aplicación del Protocolo fue demoledor para los mayores. Una auténtica condena a muerte para muchos de ellos, que fallecieron asfixiados en los centros donde vivían sin recibir ningún tipo de atención médica.
infoLibre desveló el pasado mes de agosto las cifras diarias de fallecimientos de residentes durante la primera ola, teniendo en cuenta si la muerte se había producido en el propio centro o en el hospital. Los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de que la Consejería de Sanidad aprobase su Protocolo de exclusión. En los veinte días posteriores a la aprobación de dicho documento, 5.343 mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo (6.352 personas).
En circunstancias normales, son una minoría el número de mayores que fallecen en los geriátricos. Eso ocurre cuando la persona se encuentra en un estado terminal o no puede obtener ningún beneficio del tratamiento hospitalario y la decisión se adopta, como norma general, con el consentimiento de los familiares. Nada de eso ocurrió aquellos dos meses en las residencias de Madrid: el Gobierno de Ayuso ordenó prohibir la derivación hospitalaria para los mayores que tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, con independencia de cuáles fueran los beneficios que podían obtener del tratamiento en un hospital. Y en muchos casos se hizo contra la voluntad expresa de sus familiares, que reclamaban sin éxito la derivación.
Las mentiras de Ayuso y Escudero
El 28 de mayo, dos días después de que infoLibre desvelase la segunda versión del Protocolo, la presidenta madrileña tuvo que responder en la Asamblea a una pregunta sobre dicho documento. "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo", aseguró Ayuso sin inmutarse en sede parlamentaria.
La dirigente del PP inventó así la teoría del borradorteoría del borrador, que no solo era falsa, sino también completamente disparatada para cualquier persona que tenga la más mínima noción de Derecho administrativo. Y es que esa teoría supondría admitir que en la Comunidad de Madrid hay altos cargos que se dedican a firmar digitalmente documentos cuando no están autorizados para ello y a enviarlos a otros dirigentes políticos y a todos los hospitales públicos de la región para que se apliquen de forma inmediata órdenes que no deben ser ejecutadas. Y que además es un comportamiento en el que incurren de forma reiterada, en concreto, tres veces en el caso de Mur.
Aquel 28 de mayo, infoLibre había reproducido solo la segunda versión del Protocolo, única que obraba entonces en su poder. Por eso Ayuso habló en la Asamblea de la filtración de “un borrador”. Pero este periódico consiguió las cuatro versiones del Protocolo que había firmado Carlos Mur y las reprodujo de forma íntegra el 5 de junio, demostrando así que la presidenta madrileña había mentido en la Asamblea.
También reprodujo otro Protocolo que habían elaborado los geriatras, mucho más técnico y extenso, del que sí se había enviado un borrador por error a algunos hospitales. Este segundo documento no estaba firmado por nadie y nada tenía que ver con el Protocolo de Mur.
Desde entonces, Ayuso y Escudero han repetido en múltiples ocasiones la falsedad de que las tres primeras versiones del Protocolo –aprobadas y enviadas a los hospitales los días 18, 20 y 24 de marzo– eran un simple borrador y que el único documento oficial fue el del día 25.
El entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), mostró a Escudero su profundo rechazo al Protocolo e incluso le advirtió de que podría ocasionarles “problemas legales en el futuro”, tal y como consta en la carta que le envió el 31 de marzo de 2020, que fue desvelada por infoLibre el pasado mes de enero.
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La ‘operación Bicho’
Además de firmar el Protocolo que prohibió derivar a miles de ancianos a los hospitales, Carlos Mur también tuvo un papel central en la denominada operación Bicho, cuya existencia fue desvelada por El País. Era un plan para prestar asistencia médica en las residencias que se encomendó a Encarnación Burgueño, hija del ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña (Antonio Burgueño) y que carecía de cualquier experiencia en el sector de la gestión sanitaria. El plan por parte de Burgueño hija consistió en subcontratar a una empresa de ambulancias privadas, Transamed, para que visitase los centros.
El dueño de Transamed, cuando compareció en la comisión de investigación de la Asamblea, admitió la absoluta carencia de medios que había tenido y confesó que en los doce días que duró aquella operación le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitó.