Las polémicas van pasando por delante de la mezquita de Córdoba. Una tras otra. Y la Iglesia siempre se sale con la suya. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, alineado con el ala dura de la Conferencia Episcopal, está imponiendo sus tesis y su posición en asuntos que afectan a la simbología y la titularidad del templo, a su papel en la Semana Santa y a los puntos de venta de entradas. "Hay una continua dinámica privatizadora, de sesgo del mensaje histórico del monumento y de autonomía total del obispado para hacer y deshacer", afirma Miguel Santiago, portavoz de la Plataforma Mezquita-Catedral, que observa cómo la reivindicación de una mezquita pública, en plena efervescencia hace apenas un año, se pone cada vez más cuesta arriba.
La mezquita fue construida en el siglo VIII por Abderramán I. Fernando III la convirtió en catedral en el siglo XIII. En el siglo XV el obispo Iñigo Manrique impulsó la construcción de una capilla catedralicia en el interior del templo. En función de la línea ideológica de los sucesivos líderes de la Iglesia en Córdoba, se ha ocultado o difundido más el origen islámico del templo. Hoy es oficialmente conocida como mezquita-catedral. Lo cierto es que la Iglesia la llama la "catedral" y tanto a pie de calle como en el resto de España se la llama "mezquita". De facto y de iure es del Cabildo; es decir, de la Iglesia. Cuestión distinta es que la interpretación jurídica que ha llevado a esta titularidad es discutible. Hace diez años el Cabildo de Córdoba, sirviéndose de una modificación de la Ley Hipotecaria introducida en 1998, inmatriculó el templo con un trámite que le permitió inscribirla en el registro de la propiedad por 30 euros.
Es quizás la inmatriculación más famosa de las miles que ha realizado la Iglesia en toda España, en una práctica prohibida desde la modificación de la ley hipotecaria de 2015, que no se aplica con carácter retroactivo. La inmatriculación de la mezquita de Córdoba ha provocado debate y protestas. La Plataforma Mezquita-Catedral ha sido el principal vehículo de reivindicación social. El asunto ha sido objeto de preocupación del Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por PSOE e IU, que ha prometido pleitear por la recuperación de la titularidad, hasta ahora sin llevar a término el compromiso.
Rosa Aguilar, ex alcaldesa de Córdoba y consejera de Cultura (PSOE), también afirmó su voluntad de que la mezquita "sea pública". Y la propia presidenta, Susana Díaz, ha declarado que la inmatriculación es "una barbaridad". No obstante, el Gobierno andaluz no ha puesto en práctica ningún mecanismo efectivo para revertirla. El PSOE considera que es el Gobierno central el que tiene las competencias para reclamar la titularidad de los bienes inmatriculados.
¿En qué ha quedado hasta la fecha, en suma, la anunciada iniciativa política para recuperar la mezquita? En poco, o nada. La Iglesia ha impuesto su criterio casi sin levantar un dedo. Tras años de polémicas y de informes contradictorios, de declaraciones públicas y mensajes de advertencia de las instituciones a la Iglesia, el portavoz canónigo del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, lanzó una frase lapidaria: "Si alguien alberga dudas, que acuda a la vía jurídica". "La Iglesia sabe que lleva las de ganar. Y el obispo no va a ceder un ápice", señalan fuentes municipales que han trabajado sobre el tema.
Un informe local da la razón a la Iglesia
Tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta salen mensajes oficiales de prudencia. No hay ganas de meterse en un proceso judicial de enorme repercusión mediática y futuro incierto. El Gobierno local, atenazado por el temor a una derrota judicial, encargó un estudio que debía ser definitivo a su asesoría jurídica para fijar su posición. Dicho informe concluyó: "No es viable [...] el ejercicio por parte del Ayuntamiento de una acción judicial de rectificación de la inmatriculación". El Ayuntamiento ha encargado por iniciativa propia un informe que ha resultado ir en contra de su posición política sobre el asunto. PSOE e IU afirman que están preparando la formación de una comisión municipal para seguir estudiando el asunto de la titularidad. No hay hoja de ruta clara.
El informe ha sido un mazazo a la causa. No por la titularidad de la mezquita-catedral, que ya había caído del lado de la Iglesia en otros informes jurídicos. Incluso el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas elaboró un informe en 2014 que sostenía que la mezquita pertenece a la Iglesia desde 1236. Esta cuestión no era tan problemática porque no hay unanimidad jurídica al respecto. Un informe de este año del secretario municipal del Ayuntamiento establece, tras muchas disquisiciones teóricas, que la mezquita es un bien de dominio público, por lo que no puede estar en un registro privado.
Lo duro para las aspiraciones de revertir la inmatriculación es que este último informe indica que los tribunales tampoco son la vía. Es decir, no son la última carta, una vez que el obispado se cierra en banda a ceder, para establecer que la inmatriculación es nula desde su origen porque se funda una ley hipotecaria de 1946 que es contraria a la Constitución de 1978 al convertir de hecho a los clérigos en fedatarios públicos.
Este informe podría ser esgrimido en cualquier procedimiento judicial que quisieran emprender en el futuro el Ayuntamiento, la Junta, el Gobierno central, alguna otra institución o un particular, añadiendo dificultad a una empresa ya de por sí complicada. El hipotético camino judicial debería partir de la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad que abriera el camino a una previsible sucesión de resoluciones y recursos desde el juez de primera instancia hasta el Supremo, el Constitucional y finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ahí se adivinaba una posible oportunidad, ya que este tribunal falló en 20014 a favor de una empresa ganadera, y en contra de la Iglesia, en el caso de una inmatriculación en Palencia.
Apropiacion simbólica
Ganada –al menos hasta la fecha– la gran batalla de la inmatriculación, el obispado prodiga gestos de autonomía de gestión y de apropiación simbólica del templo. La Agrupación de Cofradías de Córdoba, que depende jerárquicamente del obispo y cuyo presidente es puesto y quitado por el prelado, ha solicitado al Ayuntamiento que la carrera oficial de la Semana Santa pase por la mezquita-catedral. El monumento se convertirá así en protagonista de la gran festividad local religiosa –aunque no sólo religiosa–.
En Córdoba este cambio de carrera oficial suscita titulares, opiniones a favor y en contra por sus implicaciones en la preservación del patrimonio, la seguridad, el turismo y la movilidad. Llevar la carrera oficial a la mezquita-catedral deparará seguro estampas de gran belleza, pero lo hará todo mucho más difícil de organizar. En medio de la controversia, el obispo Demetrio Fernández se reunió con representantes de los cofrades y los animó a "seguir por esa línea". La decisión salió adelante en el pleno de las hermandades por 24 votos a favor y 12 en contra.
Todas las procesiones pasarán por la mezquita-cateral, ubicada en una intrincada zona de complicado acceso. "Esta propuesta afecta a muchos barrios y a mucha gente. En la medida de lo posible, intentaremos dar respuesta a lo que plantean, pero es complejo desde el punto de vista de la movilidad y de la seguridad", explica un portavoz oficial de Ayuntamiento, que tiene la última palabra. El cambio propuesto requiere para su aplicación de la implicación de Policía, Bomberos, Protección Civil... "Estamos examinando el tema con el máximo cariño y buena voluntad", señala el Consistorio.
Nueva puerta para procesiones
La mezquita-catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984. Cualquier intervención física en el complejo monumental exige las máximas garantías. El obispo mantiene ahora el empeño de retirar una celosía de madera del prestigioso arquitecto Rafael de la Hoz (fallecido en 2000) que ya estaba instalada cuando la Unesco realizó su declaración. El objetivo es abrir una puerta lateral para la entrada de procesiones de Semana Santa. La Junta de Andalucía paralizó la tramitación después de que Icomos, el órgano asesor de la Unesco sobre patrimonio, se pronunciara contra las pretensiones de la Iglesia en un informe. La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, encargó otro informe directamente a la sede de Icomos en París, que finalmente dio el visto buena la actuación en agosto.
La Consejería de Cultura subraya que ha actuado con la máxima neutralidad, apoyándose en criterios técnicos de máximo nivel. A la autorización sólo le queda ya resolver el recurso administrativo interpuesto por los herederos de Rafael de la Hoz para frenar la intervención, que previsiblemente saldrá adelante tras la luz verde de Icomos.
Taquillas al Palacio Episcopal
La Plataforma Mezquita-Catedral mantiene un perfil bajo en relación con los planes del obispo de convertir el entorno monumental en emblema de la Semana Santa. Es un asunto peliagudo que puede afectar a pasiones religiosas. A lo que sí muestra su frontal oposición es a los planes de traslado de la venta de entradas de la mezquita al Palacio Episcopal. En un documento remitido a Cultura, la Plataforma señala que el cambio, que en la práctica obligará a pasar por la sede del obispado a todos los que quieran entrar en la mezquita, supone "añadir elementos de corte confesional" y acercar su interpretación a "parámetros religiosos".
La Plataforma solicita a la Consejería que no autorice la reubicación de las taquillas, porque afectaría negativamente a la correcta interpretación del monumento y porque profundiza en la "apariencia de privatización" del mismo. En el documento, la Plataforma denuncia una "manipulación" del obispado para para "adoctrinar a los visitantes" y "engrosar" el número de entradas a sus centros confesionales, como considera que ocurrirá con la fozada visita al Palacio Episcopal y al Museo Diocesano.
Consultada por infoLibre, la Consejería señala que el asunto será estudiado con rigor. Por su parte, un portavoz del Cabildo señala que el traslado obedece precisamente a las indicaciones de la Delegación de Cultura en Córdoba, partidaria de que las instalaciones necesarias para la venta de entradas no interfieran estéticamente en el conjunto monumental. No obstante, la decisión de trasladarla al Palacio Episcopal no es idea de la Junta, sino de las autoridades eclesiásticas locales.
Un circuito católico de interpretación
Los críticos con el traslado de las taquillas alertan contra la creación de una especie de circuito de interpretación confesional que integraría a la mezquita-catedral y al Museo Diocesano. A esto se suma la sucesión –o simultaneidad– de exposiciones de enfoque católico en el interior del templo. A juicio de la Plataforma se está borrando el significado histórico de un estandarte arquitectónico de la civilización andalusí. Esta tensión lleva décadas manifestándose: entre un concepto abierto y universal de la mezquita-catedral y una noción más puramente católica en clave local.
El Gobierno se declara al margen de las inmatriculaciones masivas de la iglesia católica
La Iglesia invoca su absoluta autonomía y la titularidad del monumento para decidir sobre él, argumentando que tiene la ley de su parte. El obispado ya cedió ante la insistencia de la Junta de Andalucía para cambiar la imagen corporativa del templo, de forma que en los materiales sobre el mismo –carteles, web...– dejó de aparecer "Catedral de Córdoba" a secas, una denominación que confundía a los turistas, que suelen llegar a la ciudad en búsqueda de la famosa mezquita. Desde el punto de vista turístico, la catedral de Córdoba no es un referente como lo pueden ser las de Burgos o Sevilla. La imagen de Córdoba en España y el mundo es la mezquita, patrimonio de la humanidad.
El Defensor del Pueblo Andaluz está estudiando las quejas de la Plataforma Mezquita-Catedral, que cree que la gestión del uso que está llevándose a cabo provoca un menoscabo del valor histórico-cultural del monumento en beneficio del uso litúrgico por parte de la Iglesia. A raíz de su presentación de esta queja en 2014, el Defensor anunció que emprendería una mediación entre las administraciones y la Iglesia para buscar consenso. El objetivo era buscar un modelo de gestión eficaz para la puesta en valor del monumento, explican desde el Defensor, que en 2014 recibió "casi 125.000" quejas sobre la mezquita, fundamentalmente por la inmatriculación, en lo que fue una iniciativa impulsada desde los movimientos en defensa de la titularidad pública. El Defensor no ha alcanzado concusiones claras a este respecto.
El obispo se ha manifestado en reiteradas ocasiones de la forma más contundente. A su juicio, los que defienden una mezquita-catedral pública "no saben lo que dicen". El prelado nunca evita las controversias, ni en este tema ni en ningún otro. Es más, en ocasiones las alimenta. En 2015 afirmó en una carta pastoral que la fecundación in vitro es "un aquelarre químico". En agosto de este año declaró al periódico ultracatólico Infovaticana que la llamada "ideología de género" es "una bomba atómica que quiere destruir la doctrina católica y la imagen de dios en el hombre y la imagen de dios creador". Un particular denunció estas palabras ante la Fiscalía por si podían constituir un delito de "incitación al odio", pero el asunto quedó en nada. Fernández recibió el apoyo cerrado de las hermandades y cofradías.
Las polémicas van pasando por delante de la mezquita de Córdoba. Una tras otra. Y la Iglesia siempre se sale con la suya. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, alineado con el ala dura de la Conferencia Episcopal, está imponiendo sus tesis y su posición en asuntos que afectan a la simbología y la titularidad del templo, a su papel en la Semana Santa y a los puntos de venta de entradas. "Hay una continua dinámica privatizadora, de sesgo del mensaje histórico del monumento y de autonomía total del obispado para hacer y deshacer", afirma Miguel Santiago, portavoz de la Plataforma Mezquita-Catedral, que observa cómo la reivindicación de una mezquita pública, en plena efervescencia hace apenas un año, se pone cada vez más cuesta arriba.