La Iglesia pretende dar carpetazo al expolio de las inmatriculaciones devolviendo sólo el 2,8%
La Iglesia católica reconoce que durante el proceso de apropiación masiva de bienes que llevó a cabo durante el último siglo se quedó con propiedades que no le correspondían. La institución ha admitido este lunes que al menos un millar de las casi 35.000 que inscribió a su nombre solo desde finales de la década de los noventa no son realmente suyas y que, por tanto, las devolverá. Un ejercicio de expiación ante el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha irritado sobremanera a unos colectivos en defensa del patrimonio que ven cómo la institución trata de dar carpetazo al escándalo de las inmatriculaciones retornando solo el 2,8% de los bienes. "No se recuperan casi un millar; se le está concediendo a la Iglesia los 34.000 restantes", critican las asociaciones, que creen que el acuerdo no es más que un "lavado de cara" por parte del Gobierno.
El Ejecutivo de coalición puso sobre la mesa hace casi un año el listado con los bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998, año en que entró en vigor una reforma legal impulsada por el Gobierno de José María Aznar, y 2015, cuando otra reforma legal con Mariano Rajoy puso fin a esta práctica. Aquel catálogo, cuya publicación llevó incluso al Ministerio de Justicia a recurrir ante los tribunales un dictamen del Consejo de Transparencia, recogía 34.961 bienes: 20.014 correspondían a templos o dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y 14.947 a terrenos, solares, viviendas o locales. Una cifra que, recuerdan los colectivos, representa una pequeña parte del pastel, en tanto que el Ejecutivo rechaza poner el foco en aquellas inmatriculaciones anteriores a la reforma de Aznar.
Aquel trabajo lo impulsó Carmen Calvo. Y se encargó de reactivarlo Félix Bolaños nada más sustituirla en el cargo. El pasado verano, el ministro de la Presidencia pidió a la Conferencia Episcopal que presentase antes de que finalizase el año un análisis sobre el catálogo. Una a una se fueron revisando todas las entradas de la inmensa lista por si dentro de la misma "pudiera haber bienes que no correspondían". Al final, se terminó verificando de manera correcta 32.401 propiedades. Las 2.560 restantes, señala la CEE en un informe, presentaban incidencias: eran bienes repetidos, pertenecían a otras congregaciones, faltaban datos para su identificación, habían sido inmatriculados o adquiridos por otros títulos anteriores al periodo analizado...
La Iglesia, a través de este trabajo, ha puesto sobre la mesa del Gobierno 965 bienes inmatriculados a su nombre que no son suyos: o pertenecen ahora a un tercero o, directamente, no consta a las diferentes diócesis la titularidad de los mismos. La inmensa mayoría son fincas rústicas o urbanas –653–, mientras que el resto son lugares de culto, viviendas o cementerios. Casi un millar de propiedades que la institución se ha abierto ahora a devolver, que representan únicamente el 2,8% sobre el total de bienes que puso sobre la mesa el Ejecutivo de coalición y entre las que no se encuentran grandes templos como la Mezquita Catedral de Córdoba, cuya inmatriculación se llevó a cabo en 2006.
"Lo ocurrido no hace más que certificar que la Iglesia ha estado inscribiendo bienes a su nombre que no eran suyos sin tener que demostrar que le pertenecían, lo que es algo gravísimo e inconcebible en cualquier país europeo", señala Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y miembro de la Coordinadora Recuperando. Pero no solo eso. Además, han estado sacando tajada con ellos. Según ha desvelado elDiario.es, la Iglesia vendió 122 viviendas y fincas de las que puso indebidamente a su nombres.
Una "apropiación irregular" que, dice Rodríguez, choca de lleno con el discurso de que se había obrado "conforme a la legalidad". "La Iglesia ha seguido con rigor todo ese proceso y ha registrado aquellos bienes que son de su propiedad", aseguraba el pasado verano el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.
El jurista no entiende que se deje en manos de la Conferencia Episcopal la decisión de lo que se regresa y lo que no. Por eso, el ejercicio de expiación que se ha ejemplificado este lunes le molesta sobremanera. "Unilateralmente inscribió lo que quiso y unilateralmente devuelve lo que quiere. Es algo inaudito que otorga un enorme poder simbólico a la jerarquía católica", se queja al otro lado del teléfono el profesor de Derecho Civil. Igual, añade, que el simple hecho de que haya tenido que ser Pedro Sánchez quien se haya desplazado a hacerse la foto a la sede de los obispos en lugar de reunirse con su presidente, Juan José Omella, en Moncloa.
Los colectivos en defensa del patrimonio ven como una "salida en falso" el acuerdo alcanzado. "No se recuperan casi un millar de bienes, sino que se le está concediendo a la Iglesia los 34.000 restantes", asevera Rodríguez. Por eso, para José María Rosell, coordinador del Grupo Inmatriculaciones Asturias, el anuncio de la devolución, que se ha vendido a bombo y platillo como otro éxito más dentro de la política de diálogo de Moncloa, no es más que un "lavado de cara" de un Ejecutivo que no es capaz de adoptar una actitud "más proactiva" en la defensa del patrimonio público ante la "apropiación masiva de bienes" por parte de la Iglesia.
Dos partidos que llegaron al Gobierno con un "compromiso progresista" en esta materia que ha terminado reducido a la mínima expresión. "Lo que se está haciendo no tiene nada que ver con lo que recogían sus programas", recuerda Andrés Valentín, coordinador de Recuperando en Navarra. Por eso, tienen grabadas a fuego las palabras de Pedro Sánchez durante su discurso de investidura: "El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia".
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Pero desde que se abrió este melón, todo han sido chascos. Primero, con la decisión de analizar solamente los bienes desde la época de Aznar y no desde 1946, cuando se otorgó a los obispos esa presunción de veracidad que les permitió inscribir bienes masivamente. Algo que, dicen, contrasta con lo que han hecho otras comunidades autónomas como Navarra, donde el Ejecutivo autonómico entregó al Parlamento el pasado mes de noviembre las notas simples de inmatriculaciones y operaciones de compra-venta de bienes anteriormente inmatriculados desde el año 1900.
Y luego, con la decisión del Ejecutivo de dejar en manos de las administraciones y particulares la reclamación, si así lo consideraban, de los bienes incluidos en el listado. Una reversión realmente compleja, porque quien lo reclame debe acudir a la vía administrativa o a los tribunales y soportar la carga de la prueba. Lo que se conoce en jerga jurídica como probatio diabolica: "El que inscribió no demostró nada, pero el que reclama tiene demostrar que le pertenecían".
Los colectivos no quieren migajas. Exigen la reversión total. Al menos, desde que se aprobó la Constitución aconfesional. "Todas las inmatriculaciones desde 1978, no importa su naturaleza, son nulas", sentencia Rodríguez.
