Iglesias acelera la transformación desde el poder de Podemos en un partido convencional en su tercera asamblea ciudadana

“Muchos nos critican por habernos limitado el salario a tres salarios mínimos y dicen que es ridículo”, aseguraba Pablo Iglesias durante la II Asamblea Ciudadana de Podemos. El motivo de esa medida entonces era obvio: “Para que no se nos olvide nunca de dónde venimos, que estamos de paso, que los escaños no son nuestros, que son de la gente”. Porque “los cargos de Podemos no serán casta”.

Tres años después de aquella asamblea, celebrada en medio de una profunda crisis interna que enfrentaba a Iglesias con Íñigo Errejón, y en un contexto en el que Mariano Rajoy acababa de ser reelegido presidente del Gobierno con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, muchas cosas han cambiado. Podemos está en el momento más bajo de apoyo electoral de su corta vida —la organización fue fundada en enero de 2014— pero, paradójicamente, sus máximos dirigentes comparten tareas ejecutivas en el primer Gobierno de coalición de la restauración democrática.

A los cambios forzados por el acuerdo progresista firmado con el PSOE, que obligan a sus dirigentes a asumir funciones y representaciones hasta hace poco tiempo impensables y cargadas de un fuerte simbolismo, como las que implican el concurso de la monarquía, se unen ahora reformas dentro de la organización morada que asumen como propios algunos modelos de funcionamiento que Podemos achacó siempre a los partidos tradicionales, a los que dan soporte al sistema, a comportamientos que siempre han definido como propios de “la casta”.

La primera de ellas afecta a la permanencia en el poder. A partir de ahora será posible que los cargos públicos de Podemos puedan alargar sus mandato más allá de los 12 años que se habían fijado hasta ahora, incluso indefinidamente, si así lo deciden los inscritos en una consulta. El documento ético suscrito por Iglesias establece “la limitación de mandatos a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos del partido, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a doce años” como hasta ahora, pero añade que, “más allá de dicho plazo, la prórroga estará supeditada a consulta a las personas inscritas”. Una decisión que abre la puerta a que Pablo Iglesias pueda continuar al frente de la formación morada al menos hasta 2026 e incluso más allá si los inscritos lo autorizan, lo que le permitiría permanecer en el Gobierno durante dos o más legislaturas.

Otra de las novedades que acercarán el funcionamiento de Podemos a los demás partidos es el final del sistema de la limitación de sueldos públicos. Hasta ahora, los miembros de la organización con cargo podían cobrar, como máximo, el equivalente a tres salarios mínimos interprofesionales. Una vez se aprueben los cambios, Podemos aplicará un modelo mucho más parecido al de otras organizaciones: “A partir de ahora, las donaciones serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades asumidas”.

El tercer cambio más relevante del modelo organizativo de Podemos será la introducción de la figura de los militantes con obligación de pagar cuotas, lo que pondrá fin a uno de los signos distintivos de la organización desde su fundación: la participación en el partido exclusivamente mediante una inscripción. Pagar cuota, como en los partidos tradicionales, permitirá ser “integrante de pleno derecho”.

Detrás de esta medida está el interés de Iglesias y su equipo de impulsar un nuevo modelo de organización para reforzar sus bases y el partido principalmente a nivel territorial. Para ello, propone integrar a miembros de los Círculos en las direcciones autonómicas, crear nuevas estructuras provinciales y municipales, que sustituyan a las actuales.

Un paseo militar

La asamblea de Leganés, a diferencia de lo ocurrido en Vistalegre II, será un paseo militar para Pablo Iglesias. Todos sus rivales y adversarios, así como las corrientes de opinión más relevantes, están fuera de la organización. Así que el próximo día 21 nadie discutirá otra de las novedades de la asamblea, la tercera de la historia de Podemos: la obligación de votar un paquete cerrado que incluye al secretario general y sus propuestas de estatutos y de estrategia política. En paralelo, los asistentes podrán votar individualmente una lista cerrada al Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección del partido.

La idea es garantizar que todo esté vinculado: que no se pueda votar una propuesta programática diferente a la del secretario general que vaya a ser elegido ni un Consejo Ciudadano que no le vaya a ser favorable. El votante que apueste por él lo estará haciendo automáticamente por sus documentos organizativos, político, ético y de feminismos y por su equipo de gobierno. Y por otro, porque su candidatura estará vinculada necesariamente al equipo que presente para integrar el Consejo Ciudadano.

Este punto fue una de las principales disputas en la Asamblea de Vistalegre II de 2017, que enfrentó a Iglesias y Errejón ya desde los preparativos del congreso. Los llamados errejonistas rechazaban que los documentos tuvieran que estar vinculados a un candidato a secretario general, ya que ellos no tenían previsto disputar a Iglesias este puesto. Únicamente querían presentar sus propios documentos, y una lista de candidatos al Consejo Ciudadano.

Finalmente, se aprobó un sistema intermedio, según el cual los aspirantes a secretario general debían vincular su candidatura a sus propuestas de documentos, aunque estos pudieran votarse por separado. Además, se permitía la posibilidad de que se presentaran documentos asociados a una candidatura al Consejo Ciudadano, sin necesidad de presentar candidato a la Secretaría General.

La asamblea de Leganés será también testigo de una última paradoja: las posiciones que Errejón defendió sin éxito en Vistalegre II, hace tres años, y que salieron derrotadas por los inscritos, son las que ahora asume y defiende el propio Iglesias.

Para batir al PP en las elecciones, Iglesias defendía en 2017 tratar de diferenciarse de la etiqueta de partido tradicional y centrarse en que Podemos fuese visto como parte del "bloque social y popular", como la rama institucional de la sociedad organizada. "Debemos huir de la politiquería partidista de las medallas para centrarnos en la consecución de victorias en las que la gente conforma un bloque popular del que nosotros formamos parte pero no somos el todo", sostenía el secretario general, que insiste en que los diputados, senadores o concejales del partido morado "no pueden convertirse en políticos".

Errejón, en cambio, apostaba por el posibilismo, por potenciar el discurso para que Podemos fuese visto como una alternativa solvente. "Una fuerza de gobierno es aquella que, incluso antes de gobernar, marca con su iniciativa política e institucional, con sus propuestas y con su generación de confianza, el rumbo posible y alternativo de país",

La necesidad de ser útiles

En el terreno de las instituciones, Iglesias defendía huir del "tacticismo parlamentario" y el "oportunismo partidista”. “Parlamentarizar los conflictos”, aseguraba hace apenas tres años, es la manera que tienen las "élites" de "desactivarlos", "mientras que si el pueblo está, habla, debate y participa, se consiguen los cambios". Su rival entonces abogaba por "disolver los miedos”. Para ello, "en las instituciones" la formación no debe "estar apelando al advenimiento del cambio", sino haciendo ver que es "útil".

Iglesias aseguraba en 2017 que el PP no estaba en una situación de debilidad —cayó en una moción de censura año y medio después— mientras Errejón defendía todo lo contrario: "El Gobierno de Rajoy es más débil de lo que aparenta y la crisis de régimen no se ha cerrado".

El derrotado exfundador de Podemos quería que la formación morada evitase quedar caricaturizada en el imaginario colectivo como un partido de extrema izquierda con fuerte capacidad de protesta pero poca capacidad real de cambiar la realidad, porque, aseguraba, "para una segunda transición las oligarquías necesitan una izquierda folclórica e impotente". Y eso pasaba, decía, por "abordar la relación con el PSOE de manera inteligente y laica", es decir, obligar a los socialistas a "tener que elegir claramente de cara a la opinión pública entre los dos proyectos de país" que representan el PP y Unidas Podemos para, de esta manera, provocar que fuesen a remolque. "No es una cuestión ideológica, es una cuestión de habilidad política”.

Iglesias, en cambio, creía que Podemos no debía tender la mano a la colaboración con el PSOE, sino hacer ver que es "la oposición al modelo político del bloque restaurador". Podemos, afirmaba, debía jugar a la polarización para evidenciar que es la única formación diferente frente al "pacto de las élites".

Podemos recuerda que la Constitución permite intervenir la economía y las empresas por interés general

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En Leganés no estarán Errejón y los suyos, ni otra de las fundadoras, la socióloga Carolina Bescansa. Tampoco Anticapitalistas. Esta organización, una de cuyas figuras más destacadas es el eurodiputado Miguel Urban, considera que Podemos ha tomado “un rumbo que no compartimos”. “La entrada de cinco ministros de UP a un gobierno progresista-neoliberal hegemonizado por el PSOE, en el que ese partido controla los principales resortes del poder, lejos de debilitar al actual régimen político, supone integrarse en el mismo y considerar su gestión como el único horizonte posible” recalcan.

“Constatamos que existe una diferencia enorme entre los objetivos del Podemos que contribuimos a formar hace seis años y la deriva actual, mediante la cual se ha pasado de impugnar a la clase política y a las élites económicas a convertirse en parte de la primera sin tocar los beneficios de las segundas”, destacan.

Los objetivos de este gobierno son “muy poco ambiciosos”, en opinión de los Anticapitalistas, por lo que se proponen “impulsar un nuevo ciclo de luchas que evite el vaciamiento de la calle; exigir la derogación de las reformas laborales, la regulación de los alquileres, cerrar los CIES, prohibir los despidos en empresas con beneficios, parar los desahucios y romper con el artículo 135 de la Constitución”. “Sin presión popular organizada, no habrá avances y sin avances que merezcan la pena ser defendidos, que distribuyan la riqueza y el poder en favor de las de abajo, puede generarse un caldo de cultivo peligroso en que la extrema derecha puede extender su demagogia machista, racista, autoritaria y al servicio de los ricos”, advierten.