Igualdad anuncia un plan de "urgencia" tras los últimos cinco asesinatos machistas: "Estamos en situación de alerta"

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Cinco asesinatos en cuatro días. Es el nefasto balance que deja la semana: cuatro mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas varones y el hijo de una de ellas ha sido también asesinado. Algo que ha desencadenado una situación de "alerta machista", en palabras de Irene Montero, titular del Ministerio de Igualdad. Los asesinatos, sumados al "discurso negacionista de la violencia de género, hoy en nuestras instituciones, nos sitúan en un escenario de alerta". Como respuesta, el departamento ha anunciado este viernes un plan de mejora y actualización de las herramientas para luchar contra la violencia de género, cuya primera fase consistirá en un "diagnóstico de los elementos concretos que pueden estar fallando". El análisis correrá a cargo de cada agente implicado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género –administración local, autonómica y diversos ministerios, entre otros–, quienes deberán emitir un informe en el plazo de una semana. "Vamos a actuar con la mayor de las urgencias", ha remarcado Montero.

La decisión es fruto de la reunión urgente que este mismo viernes ha mantenido el Ministerio de Igualdad con los firmantes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Tenemos instrumentos que salvan vidas, tenemos instrumentos útiles para hacer frente a la violencia contra las mujeres, pero es evidente que esos instrumentos todavía no nos están permitiendo llegar a tiempo en todos los casos", ha reconocido la ministra. Al encuentro asistieron los miembros de la Comisión del Pacto en el Congreso y en el Senado, portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), representantes de las comunidades y de las asociaciones de mujeres en el Observatorio de la Violencia contra la Mujer y voces de distintos ministerios.

A lo largo de la semana, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó el asesinato machista de cuatro mujeres y el hijo menor de una de ellas, una cifra que ha hecho saltar todas las alarmas. En lo que va de año, son trece las mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia machista y 1.091 desde que se inició el recuento en 2003. Preguntada por ello el jueves en TVE, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, también señaló al discurso negacionista como factor de riesgo: "Llevamos un tiempo en la política española viendo, en concreto a Vox, negar la violencia machista y lanzando un mensaje bastante inquietante a muchas mujeres que tienen que pedir ayuda y con las que tenemos que llegar a tiempo".

A finales de 2019, el movimiento feminista ya advirtió de una "relación causa-efecto entre el discurso negacionista y el incremento del número de víctimas mortales". Aquel año se había cerrado con una cifra récord en feminicidios: la violencia machista había dejado el mayor número de mujeres asesinadas desde 2015. Para las feministas, la ultraderecha representada institucionalmente por Vox se había esforzado en dar "pábulo a los maltratadores para reafirmarse en su posición" y eso empezaba a tener consecuencias.

¿Qué está fallando?

La pregunta no es nueva. El pasado 15 de mayo, el Ministerio de Igualdad confirmó el asesinato de una mujer en Sagunto (València). La víctima había pedido ayuda a las instituciones y contaba con una orden de protección, pero los mecanismos de vigilancia no habían sido lo suficientemente eficaces. Entonces, Irene Montero lanzó un mensaje: las herramientas de protección de las víctimas debían ser revisadas. Del total de trece mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, el 18% había presentado una denuncia previa. Es decir, pese a haber dado el paso de acudir a la justicia, las respuestas fueron insuficientes para mantener sus vidas seguras. Estos primeros meses del año han dejado además dos menores asesinados. En uno de los casos, el doble asesinado de esta semana, existía una denuncia previa. Desde el año 2015, los hijos menores de las víctimas de violencia de género con considerados también víctimas directas.

Sin embargo, el mayor problema en la lucha contra la violencia de género se sitúa en el extremo opuesto: el bajo índice de denuncias. Alrededor del 70% de las víctimas mortales no da la voz de alarma. Cabe recordar que, en la actualidad, las mujeres pueden ser reconocidas como víctimas de violencia machista sin necesidad de haber interpuesto una denuncia, lo que les permite acceder a una red de apoyo y a un conjunto de ayudas sociolaborales para romper con la violencia.

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El Pacto de Estado

El Pacto de Estado es a día de hoy la estrategia más ambiciosa en la lucha institucional contra la violencia machista. Fue suscrito en septiembre de 2017, aunque las trabas a la hora de ejecutar el reparto presupuestario dilataron su puesta en marcha algo más de medio año. El acuerdo no fue suscrito por Unidas Podemos, quien decidió abstenerse por considerarlo poco ambicioso. El Pacto de Estado tiene una duración de cinco años, pero la titular de Igualdad ha garantizado que se prolongará más allá.

El documento cuenta con diez ejes de actuación. Entre sus más de 200 medidas, el plan prevé una actuación integral contra la violencia: plantea protocolos de sensibilización, prevención, detección y protección de las mujeres. Para su puesta en marcha, el acuerdo estatal cuenta con la complicidad de la administración en sus distintos niveles y también de los ministerios implicados.

Cinco asesinatos en cuatro días. Es el nefasto balance que deja la semana: cuatro mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas varones y el hijo de una de ellas ha sido también asesinado. Algo que ha desencadenado una situación de "alerta machista", en palabras de Irene Montero, titular del Ministerio de Igualdad. Los asesinatos, sumados al "discurso negacionista de la violencia de género, hoy en nuestras instituciones, nos sitúan en un escenario de alerta". Como respuesta, el departamento ha anunciado este viernes un plan de mejora y actualización de las herramientas para luchar contra la violencia de género, cuya primera fase consistirá en un "diagnóstico de los elementos concretos que pueden estar fallando". El análisis correrá a cargo de cada agente implicado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género –administración local, autonómica y diversos ministerios, entre otros–, quienes deberán emitir un informe en el plazo de una semana. "Vamos a actuar con la mayor de las urgencias", ha remarcado Montero.

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