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El hallazgo del cuerpo sin vida de Olivia Gimeno, la mayor de las dos pequeñas desaparecidas en Tenerife, y la confesión del asesinato de Rocío Caíz, de tan solo 17 años, ha vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre qué puede estar fallando en los protocolos contra la violencia machista. Aunque aún se desconoce el paradero de la pequeña Anna y de Tomás Gimeno, y el buque Ángeles Alvariño prosigue con las labores de búsqueda en el este de la isla, la titular de Igualdad, Irene Montero, aseguró este mismo viernes que le "pesa" no haber llegado a tiempo ante sucesos como este. Los casosde estas tres menoresse suman a las siete mujeres asesinadas durante el mes de mayo y a otra víctima confirmada en junio. La violencia machista deja así en 2021 un total de dieciocho víctimas mortales. Hay quien habla de las secuelas del fin del estado de alarma, del paso que ha dejado la violencia de control a los feminicidios o de una suerte de efecto contagio entre los asesinatos que se han ido sucediendo en poco tiempo. Las tesis son muchas, las certezas no tantas, pero sí hay una premisa clara: algo está fallando.
La ministra recordó también este mismo viernes otras medidas necesarias para acabar con este tipo de violencias , como "la prohibición de visitas ante cualquier indicio de maltrato por parte del maltratador" o "una ley de infancia que dice que los niños no son solo futuro sino presente y necesitan ser cuidados y creídos". Del mismo modo, Montero ha recordado que se está revisando "cada protocolo" estatal y autonómico para saber en "qué se está fallando". El pasado 21 de mayo, su ministerio anunció un plan de mejora y modernización de los protocolos contra la violencia.
Esta nueva estrategia en la que trabaja Igualdad se desarrollará en tres fases: la revisión de las actuaciones, el análisis de posibles avances y la elaboración de un plan de mejoras. Para llevar a cabo el estudio, el departamento ha movilizado a todos los agentes implicados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: desde la administración local y autonómica, hasta las organizaciones de mujeres, pasando por diversos ministerios. ¿Qué es lo que se está revisando en esta primera fase? El plan contempla, esencialmente, un eje: los llamados protocolos de coordinación interinstitucional. Se trata de estrategias que todas las comunidades deben desarrollar, siguiendo con el mandato de la Ley de 2004 contra la violencia de género, en su artículo 32. Estos protocolos deben pautar la actuación de las autoridades en ámbitos como el sanitario, el judicial y el policial.
Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ya advirtió el pasado 24 de mayo que algunas comunidades cuentan con protocolos "muy desactualizados". Así es: al menos cinco llevan sin actualizarlos más de diez años y una ni siquiera tiene protocolo. Estas regiones, no obstante, introducen algún matiz a los datos: aunque los protocolos no han sido objeto de una nueva redacción, sí existen mecanismos para garantizar su funcionamiento y una adaptación adecuada a las novedades en la lucha contra la violencia.
El caso más llamativo es el de Madrid: no cuenta con un protocolo, pese a que está obligada por ley. Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad explican que "desde la Dirección General de Igualdad se está trabajando en la actualización de protocolos, incluido un protocolo unificado para impulsar la colaboración y coordinación interinstitucional", pero no exponen las causas por las que hasta hoy no se ha elaborado uno.
En La Rioja, su acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a víctimas de maltrato data de 2003, el más antiguo. La comunidad, sin embargo, ha ido desarrollando y revisando otros protocolos de coordinación específicos en los últimos años. Fuentes del Gobierno regional afirman que todos los protocolos y guías de actuación "se actualizan periódicamente con modificaciones y nuevos instrumentos que se van aprobando". Hasta ahora, la comunidad era la única sin una ley propia contra la violencia de género, una ausencia que se ha comenzado a enmendar este año con la presentación de un borrador.
De 2008 es el de Castilla y León, mientras que en Castilla-La Mancha, Euskadi e Illes Balears, la última actualización de los protocolos es de 2009. Son los más desactualizados. Estas autonomías ponen el acento, sin embargo, en su trabajo a la hora de desarrollar herramientas alternativas en la lucha contra la violencia. "Tenemos cada vez más recursos, por la implicación del Gobierno regional y por el Pacto de Estado", dicen desde la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha, donde recuerdan además que su comunidad trabaja a gran velocidad, al haber adaptado sus instrumentos al Convenio de Estambul para combatir otras formas de violencia fuera de la pareja o expareja.
Otras comunidades recalcan estar trabajando sobre una nueva versión del protocolo que estará lista próximamente. Es el caso de Euskadi, donde existe la previsión de un tercer documento, aunque el actual "está al día y no está desfasado", señalan fuentes de Emakunde. Illes Balears también está sometiendo su protocolo a un proceso de revisión, habiéndose llevado a cabo una primera reunión de la Comisión Provincial de Violencia sobre la Mujer el pasado 10 de mayo, indican desde el Institut Balear de la Dona.
En Cataluña, el protocolo data de 2008, pero el pasado año se abordó una nueva maquetación en la que además se incluyeron nuevas secciones –relativas a los criterios de actuación en ámbitos como la adolescencia– y se actualizó un capítulo –sobre protección de datos en los circuitos territoriales–. Actualmente, aseveran fuentes del Institut Català de les Dones, el protocolo está sometido a una nueva revisión para adaptarlo a la recién aprobada modificación de la ley autonómica contra la violencia machista.
Este diario ha hablado con consejerías de igualdad de distintos signos políticos y con organizaciones implicadas en el proceso de revisión. Celebran la oportunidad de revisar los protocolos y trabajar de manera conjunta para enyesar cualquier brecha. Estas voces, sin embargo, creen que el problema no está sobre el papel, sino en la práctica: sin recursos, dicen, seguirán produciéndose fallos. En Castilla-La Mancha ponen como ejemplo la petición, todavía sin resolver, de un segundo juzgado contra la violencia de género. Coinciden las organizaciones de mujeres consultadas. "Si sólo dependiese de la eficacia del protocolo interinstitucional, todo iría mucho mejor", dice una de las fuentes pulsadas.
Definición de violencia y ampliación del foco
"La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública", dice Asturias en su protocolo (2013), una definición que completa el acuerdo interinstitucional de Cantabria (2017) al hablar de una "manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". Las páginas de la estrategia tejida en Navarra (2017) incluyen conceptos como "supervivientes de la violencia", "femicidios", "interseccionalidad" o "no revictimización", e introducen en esencia la definición del Convenio de Estambul, al plantear la violencia contra las mujeres "por el hecho de serlo" como una "manifestación de la discriminación por motivo de género y que implique o pueda implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica". Este mismo convenio es citado explícitamente por el protocolo de las Islas Canarias (2018).
Algunos protocolos son especialmente avanzados en el abordaje de otras formas de violencia. El catalán y el navarro, por ejemplo, contemplan actuaciones detalladas en lo que respecta a distintos tipos de violencia, como la mutilación genital femenina, la trata o prostitución y los matrimonios forzosos.
Gestión emocional
Más allá de las definiciones, el grueso de los protocolos se centra en el tratamiento de los distintos agentes que intervienen en la detección de la violencia. En Aragón, cuyo protocolo de coordinación data de 2018, las directrices entre los profesionales sanitarios van más allá de tecnicismos, incorporando nociones relativas a la gestión emocional: "Se explorarán las expectativas de la mujer y la situación en la que se encuentra en relación a la toma de decisiones de cambios en su vida, aspectos que son muy importantes de cara a adaptar la intervención", aconseja el documento. El mismo plantea algunas preguntas que los médicos deben realizar en caso de percibir una situación de peligro, tales como saber si la mujer se siente segura en su casa, si sus amistades conocen su situación y si la ayudarían.
En Castilla y León, las fuerzas de seguridad deberán dar la opción a todas las víctimas de que "el personal especializado que la atienda sea femenino" y además estarán obligados a "mostrar atención e interés aunque la víctima haya retirado en más de una ocasión la denuncia". Este tipo de protocolos contrastan con otros notablemente más técnicos, que no incorporan una dimensión emocional en su estrategia.
¿Qué pasa cuando una mujer no quiere denunciar?
Si hay algo que preocupa a las expertas en violencia de género, es la baja tasa de denuncia. Un problema que las voces consultadas, pertenecientes a distintas consejerías de igualdad e institutos autonómicos de la mujer, creen central. Algunos protocolos contemplan esta situación y tratan de resolverla. En Murcia, con una estrategia confeccionada en 2012, cuentan con un apartado específico sobre las mujeres que no quieren denunciar, ubicada en el protocolo dirigido a las fuerzas de seguridad. "En aquellos casos en que la mujer no quiera denunciar o no tenga intención de acudir" a los juzgados, "se tratará de averiguar el motivo" y se actuará de oficio.
En Asturias y Aragón, la negativa a denunciar se introduce en el ámbito sanitario. En ambos casos se indica que, siempre que el personal sanitario tenga fundadas sospechas de la existencia de malos tratos, deberá comunicarlo a la Fiscalía. En estos protocolos se pone de relieve la "disyuntiva" de los sanitarios entre "cumplir con lo que sienten como un deber público" y respetar "la autonomía de las mujeres y sus decisiones". En estos casos, resuelven los protocolos, "existe el deber general de denuncia". Esta misma obligación de denunciar la recalca Galicia en su protocolo de 2018, donde señala además que si la mujer decide no interponer denuncia, se comprobará si existe una situación de desamparo o desprotección de menores o personas dependientes, para solicitar la intervención de los servicios sociales. También la policía analizará si "la mujer decide no interponer denuncia", para en ese caso actuar de oficio. El protocolo gallego incide en comunicar a la víctima los beneficios de presentar una denuncia.
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También en Castilla y León abordan esta posibilidad, desde el ámbito sanitario y el judicial. "Aunque no desee presentar denuncia se le informará de que es obligatorio para el personal sanitario remitir parte al juzgado". En cuanto a las fuerzas de seguridad, el protocolo deja claro que "si la víctima manifiesta temor a presentar la denuncia por las consecuencias posteriores que le pudiera acarrear, se le informará de que los agentes actuantes instruirán diligencias de oficio".
Atestado policial, valoración de riesgo, protección
El atestado policial, así como la evaluación del riesgo y la imposición de las medidas de protección, constituyen un elemento clave en toda estrategia contra la violencia. Algunas comunidades cuentan con planes extensos que ahondan no sólo en el propio procedimiento, sino en todas las aristas para llevarlo a cabo. Es el caso de Asturias, cuya estrategia recalca que "en ningún caso las medidas de protección pueden quedar al libre albedrío de la víctima" y que, además, "siempre que sea posible, se hará recaer en el agresor el control policial del cumplimiento de la orden de protección o medida de alejamiento", una perspectiva que casa con la sugerencia hecha a finales de mayo por Victoria Rosell, relativa a poner el foco sobre los agresores y no sobre las víctimas.
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