Los imputados por muertes en residencias dilatan su declaración mientras el PP cuestiona a la Fiscalía

Pasaban tan sólo unos pocos minutos de las 12.30 del mediodía cuando los gritos rompieron el silencio. "¡Vergüenza! ¡Vergüenza!", empezaron a gritar, al unísono. Estaba previsto que a esa hora comenzase la declaración de los tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso imputados por las muertes en residencias de mayores durante la pandemia. Una cita que los familiares de las víctimas esperaban "con ilusión", aunque también con "prudencia", como expresó Carmen López, de Marea de Residencias, a su llegada a los juzgados de Plaza Castilla. Lo que no esperaban era irse de vacío. Únicamente con la promesa de que volverán, esperan que pronto, al mismo escenario.

No eran ni las 10.30 de la mañana cuando las cámaras ya esperaban apostadas alrededor de la puerta de los juzgados. Media hora después, y ya con un sol de verano anticipado calentando el ambiente, decenas de personas empezaron a desplegar sus pancartas. Además de Marea de Residencias, 7291 Verdad y Justicia y Pladigmare habían convocado a sus miembros a las 11 horas para recibir a los tres hombres que, por primera vez, declararían como investigados por una presunta denegación de asistencia sanitaria en los geriátricos durante la crisis sanitaria. Sin embargo, sólo Antonio Burgueño, el que fuera encargado de elaborar un plan de medicalización de geriátricos que jamás se produjo, se atrevió a entrar por la puerta principal. "Esta era mi madre, ustedes colaboraron con matarla. ¿No tiene nada que decir?", le recriminó Concha Quirós, hija de una fallecida cuyo rostro mostraba en una pancarta. "En esta España, las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio", respondió él.

Los otros dos ex altos cargos que iban a sentarse frente al juez no se dejaron ver. Ni Carlos Mur ni Francisco Javier Martínez Peromingo cruzaron el mar de cámaras, micrófonos y víctimas. Ambos fueron directores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. El primero fue además el responsable de firmar digitalmente las cuatro versiones del Protocolo de la Vergüenza —los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, como desveló infoLibre—, además del encargado de enviarlo a altos cargos de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. El segundo, el autor de otro protocolo clínico que complementó al primero y que establecía instrucciones a las residencias para solicitar la hospitalización, como el índice de Barthel y la escala GDS, que sirve para medir la demencia. Era este el documento que sirvió, en cierto modo, de barrera para la derivación.

Los tres fueron puntuales. De hecho, minutos antes de la hora a la que les citó la jueza ya estaban frente a ella. Pero no tardaron más de cinco minutos en levantarse para volver a cruzar la puerta del edificio, esta vez ninguno por la principal. Sus defensas fueron claras y actuaron al unísono: pidieron un aplazamiento de la declaración alegando que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente y que, por tanto, no habían tenido tiempo para preparar su defensa. Isabel Durántez, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 que les citó a petición de la Fiscalía Provincial, lo aceptó. No sirvió que los letrados de los denunciantes —Eduardo Ranz, Alejandra Jacinto y Carlos Castillo— pidieran que se siguiera adelante. La próxima fecha, además, ha quedado pendiente de determinarse, aunque las acusaciones esperan que sea "antes de verano", según avanzó Castillo.

Una "estrategia dilatoria"

"¿Pero de verdad se ha aplazado?", se preguntaban los manifestantes entre ellos cuando la noticia empezó a saltar de boca en boca. Sus letrados, mientras tanto, explicaban ante las cámaras que consideraban que lo que había ocurrido no era más que una "estrategia dilatoria". Una maniobra para retrasarlo todo. Quieren "evitar lo que las víctimas reclaman, que es el derecho a la verdad, a conocer lo ocurrido y poder cerrar una herida que llevan cinco años sufriendo. Vamos a seguir presentando medios de prueba y, desde luego, tenemos muy claro que 7.291 discriminaciones no van a quedar impunes", señaló Ranz en declaraciones a los medios.

Era el delito que iba a estar encima de la mesa. Los 109 familiares que presentaron una macrodenuncia ante la Fiscalía Superior de Madrid el pasado mes de octubre lo hicieron por lo que ellos entendían que había sido un delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios contenido en el artículo 511 del Código Penal. En el documento, de más de 160 páginas, apuntaban directamente a estas tres personas, pero además de ellas también pedían investigar el papel de Pablo Busca, director del Summa 112 en el momento en el que ocurrieron los hechos, y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid. En total, la denuncia apuntaba a 29 personas, pero también señalaba que deberían ser más. Según explicaban las víctimas, sólo incluyeron a las personas sobre las que "existen pruebas claras o indicios sólidos" de su participación en los hechos denunciados. Pero eso no era óbice para apuntar más alto. Y eso era, de hecho, lo que las familias querían que ocurriese este lunes.

"Es muy importante que los citados sepan apuntar a quienes dieron las órdenes [de no derivación]. Lo que esperamos es que se esclarezcan las máximas responsabilidades, porque ellos fueron los brazos ejecutores, pero detrás había responsables", señalaba Carmen López al inicio de la concentración. "Necesitamos que nos digan quiénes y por qué tomaron esa decisión tan cruel con los mayores de las residencias. Ojalá tiren de la manta, tengan valentía y señalen", añadía María Jesús Valero, de Verdad y Justicia. No pudo ser este lunes, pero esperan que pueda ocurrir pronto. Y que además esta citación sea tan sólo "un precedente" de otras muchas.

La macrodenuncia se presentó en conjunto, pero apuntaba a una presunta denegación de asistencia sanitaria por discriminación cometida contra 115 mayores —111 de los cuales fallecieron entre marzo y abril de 2020. Sin embargo, un mes después de llegar a la mesa de la fiscal superior Almudena Lastra se separó en distintas causas que recayeron sobre varias fiscalías y luego en varios juzgados. La de este lunes era tan sólo una de ellas, pero en total son 92, según informaron las propias organizaciones de familiares el pasado viernes. Algunos están esperando que los juzgados los admitan, mientras que cinco de ellos ya estan en la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados en los casos en los que se ha rechazado investigar.

"Jamás nos han pedido perdón"

Fueron decenas de familiares de víctimas las que quisieron recibir a los tres imputados. Sobre todo hijos e hijas de fallecidos que, como Concha Quirós, no pueden olvidar lo que pasó. "El día 8 de marzo fue el último que pasé con mi madre. Sólo espero justicia para ella y respeto para nosotros, que ni siquiera hemos recibido ninguna condolencia por parte de la Comunidad de Madrid. Jamás me han dicho que se equivocaron o me han pedido perdón", lamentó, en conversación con infoLibre, mientras recibía el abrazo de un compañero.

Suspendida la declaración de los ex altos cargos de Ayuso imputados por los 'Protocolos de la Vergüenza'

Ver más

Prácticamente al mismo tiempo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizaba el plató de Telecinco para volver a minimizar la imputación. Y para defender a la Comunidad de Madrid. Y para asegurar que en todas partes ocurrió lo mismo. En concreto, y según señaló el líder conservador, dijo estar "convencido" de que la investigación a los ex altos cargos "se aclarará" porque "ha habido muchas denuncias y todas han sido archivadas". "Investíguese, ¿pero qué pasa, que el resto de los fiscales no querían investigar y ahora sí?", se ha preguntado. La propia Ayuso criticó el viernes que la decisión respondía a "un cambio de criterio" de la Fiscalía, que fue la que pidió la declaración. Es más, al hacerlo, la presidenta regional habló de la "fiscalía de Sánchez". Y este viernes habló sin tapujos de un "muro norcoreano" del presidente del Gobierno.

Lo cierto es que, en su día, los familiares de las víctimas denunciaron cuatro delitos —homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio— que no consiguieron prosperar en los tribunales. En octubre esta macrodenuncia abrió una nueva vía y aportó, además, nuevas pruebas. Entre esa nueva documentación constaba, por ejemplo, que gran parte del personal sanitario que hacía falta en los geriátricos había sido enviado al "hospital milagro" de Ifema y que las derivaciones empezaron a limitarse antes incluso de la aprobación del famoso Protocolo de la Vergüenza.

En la concentración frente a las puertas de los juzgados no sólo había familiares directos. Otras muchas personas fueron, únicamente, como muestra de apoyo a la causa. Lo hizo por ejemplo María, que con una chapa sobre su solapa mostraba el número 7291 y se remitía a las víctimas. "Son ellas las que tienen que hablar hoy", señalaba. "Yo sólo vengo como parte de una sociedad que no quiere tolerar estas injusticias", decía con rabia. Carmen, con la misma cifra estampada sobre una camiseta negra, coincidía con ella. "Llevo dos años y medio involucrada en la lucha de todas estas familias. Ante tanta injusticia y dolor, tengo claro que tengo que apoyarles y ayudarles", señaló.