Los policías procesados por el 1-O, el otro gran escollo de una amnistía de la que depende la investidura

Es la gran exigencia para facilitar una investidura. Y, quizá por eso, sea también el secreto mejor guardado por los negociadores del bloque progresista e independentista. A dos meses de que culmine el plazo para elegir a un nuevo presidente, el silencio es absoluto alrededor de la amnistía. Se habla de intercambio de propuestas. O de conversaciones técnicas. Pero nada más. Hay, por tanto, más preguntas que respuestas. Una de ellas es si estará condicionada al abandono de la vía unilateral. Otra, si será unidireccional o bidireccional. Es decir, si beneficiará solo al sector independentista o también a los policías que se encuentran encausados por su intervención durante el referéndum del 1-O. Son, en la actualidad, cerca de medio centenar.

La inclusión de las Fuerzas de Seguridad en cualquier futura amnistía, algo que ya se hizo en la de 1977, es un asunto espinoso. Los juristas consultados por infoLibre tienen claro que un olvido jurídico de estas características solo tiene sentido si abarca tanto a la parte independentista como a los agentes del orden. "A todas las partes en el marco de unos hechos", resumen. Ahora bien, ni en los círculos policiales ni tampoco en algunos sectores del independentismo quieren saber absolutamente nada de una amnistía de estas características. Los primeros rechazan que se les equipare con quienes "fomentaron una revuelta". Los segundos, por su parte, se escudan en que las amnistías no pueden cubrir violaciones de derechos humanos.

Seis años después del referéndum ilegal, aún perdura una gran causa en los tribunales que afecta a miembros del Cuerpo Nacional de Policía. El caso está, en estos momentos, a la espera de juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona. Hay, en total, 45 agentes procesados por una actuación "desproporcionada e innecesaria" en varios colegios electorales. En su auto de procesamiento, el juez instructor habla de agarrones de pelo, puñetazos, patadas o porrazos en la cara. En algunos casos, contra personas que no se encontraban en actitud agresiva. "No resulta compatible con ningún criterio de proporcionalidad que los agentes golpeen en la cara a las personas congregadas o que las lancen escaleras abajo", recogía también la resolución.

Este es el único caso que afecta a las Fuerzas de Seguridad que consta a los principales sindicatos policiales. Y están convencidos de que no tendrá ningún recorrido. "En estos momentos nos encontramos preparando la estrategia de defensa. Los agentes actuaron conforme a derecho, por lo que lo único que cabe en este caso es la absolución", señala Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. "No va a prosperar", coincide, por su parte, el inspector José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía. Aunque los hechos podrían ser constitutivos de delitos de lesiones, el juez instructor también dejó abierta la puerta a otros tipos penales como la tortura o el delito contra la integridad moral.

Una opción que rechazan policías e independentistas

La inclusión de todos estos agentes en una futura amnistía es vista con buenos ojos por parte de Sumar. De hecho, ellos mismos fueron quienes se encargaron de abrir el debate alrededor de esta cuestión. "Normalmente las amnistías afectan a todas las partes del conflicto. El límite son los crímenes de lesa humanidad y no los hubo", señalaba en una entrevista con el diario El País el principal negociador de la plataforma política con el independentismo, Jaume Asens. Algo con lo que han coincidido otros dirigentes políticos en los últimos días. "Lo que se tiene que intentar es incorporar todos los elementos que formen parte del conflicto", señalaba recientemente en otra entrevista el ministro de Universidades en funciones, Joan Subirats.

El independentismo, por su parte, no se pronuncia de forma unánime alrededor de esta cuestión. Algunas voces se muestran comprensivas con la posibilidad de que se puedan incluir a los agentes en el marco de la amnistía, "guste más o guste menos". "Hay que sentar las bases, a partir de la amnistía y de la mediación neutral, para un diálogo de futuro, para ir mejor todo el mundo, no sólo unos pocos, sean catalanes o españoles", resaltaba recientemente el exconseller de Junts Lluís Puig, procesado por desobediencia y malversación y huido de la acción de la justicia. Algo que, sin embargo, rechazan categóricamente otros sectores del independentismo, donde no gusta la idea de un olvido jurídico que pueda beneficiar a los agentes.

"Una amnistía nunca puede avalar actos de Estado que han conllevado violaciones de derechos humanos", advertía a comienzos de mes en una entrevista el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich. Algo que tampoco ven con buenos ojos desde la Assemblea Nacional Catalana (ANC). En 2021, ERC y Junts pusieron sobre la mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley de amnistía que nunca llegaría a tramitarse por la oposición de los letrados y el voto en contra de PSOE y la derecha en la Mesa. Y aunque en un principio se valoró esa posibilidad, finalmente las formaciones independentistas decidieron dejar fuera del texto a los agentes que tenían causas pendientes con la justicia en relación al 1-O.

Tampoco los policías quieren hablar de amnistía alguna. Pero ni para ellos ni para nadie. "Es un ataque directo a la democracia, a la Constitución y al estado de derecho", lanzaban este fin de semana desde Jupol. En la misma línea se pronuncia el SUP, desde donde recuerdan que los agentes actuaron amparados por la legalidad, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Constitucional. "La amnistía supone el olvido y nosotros no olvidamos", insiste Rodríguez. "Si alguien fue víctima de algo fuimos nosotros, que sufrimos un asedio", señala, por su parte, Benito, a quien le parece "ofensivo" que se equipare con una medida de estas características a quienes estaban haciendo cumplir la ley con quienes "fomentaron una revuelta".

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En línea con lo que defienden algunas voces dentro del independentismo, en las últimas semanas algunas entidades han mostrado también su rechazo a la inclusión de los agentes en una futura amnistía. "Si el objetivo de esta ley sería la asunción de que los mecanismos represivos no han sido la herramienta adecuada para la resolución del conflicto político catalán, se abstrae de toda lógica una amnistía que contemple los excesos policiales", rezaba a comienzos de mes un comunicado emitido por la comisión de defensa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). En la misma línea se pronunciaba Iridia, que ejerce como acusación popular en la causa policial y que recuerda que el olvido jurídico no puede cubrir las violaciones de derechos humanos.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, efectivamente, ha ido limitando en las últimas décadas el alcance de las amnistías. Lo hizo, por ejemplo, en la Observación General 20 de 1992: "El Comité ha observado que algunos Estados han concedido amnistía respecto de actos de tortura. Las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar tales actos, de garantizar que no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no se realicen tales actos en el futuro". En resumen, y así lo recoge el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en uno de sus informes, las amnistías son incompatibles en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas o desapariciones forzadas.

Los penalistas consultados por infoLibre, sin embargo, no creen que las actuaciones policiales puedan encajar en estos supuestos. "No es acertado equiparar la tortura con los excesos policiales que se cometieron", opina el José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Coinciden con él los catedráticos de Derecho Penal Francisco Javier Álvarez y Joan Carles Carbonell. Actuaciones sobre las que también se pronunció el Alto Tribunal en la sentencia del procés: "Esas conductas, tal y como han sido narradas por las acusaciones, no se ajustan al concepto legal de tortura que la propia Convención proclama".