“Cuando un presidente no respeta las instituciones ni a su país, es muy difícil que le respeten a él”, advierte desde hace semanas Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular se refiere a la supuesta “toma de las instituciones” que tanto él como su predecesor, Pablo Casado, llevan cuatro años denunciando.
“Ha cambiado a una directora del CNI por hacer lo que le mandó y que molestó a los independentistas; a uno del INE porque no le gustaban los datos de inflación y de crecimiento económico; ha colocado a un militante del PSOE al frente del CIS, que son las únicas encuestas que dicen que vamos mal, y ha tomado Indra y RTVE al asalto”, enumera Feijóo en la mayoría de sus intervenciones públicas.
La descripción del presidente como un político sin límites a la hora de extender su poder es uno de los cuatro pilares sobre los que el PP está tratando de asentar su camino hacia la Moncloa. Los otros tres son la crítica permanente a la política fiscal del Gobierno, la denuncia de cualquier asunto en torno al cual PSOE y Unidas Podemos muestran una discrepancia y el reproche constante a los acuerdos con el independentismo catalán y vasco para sacar delante iniciativas en el Congreso.
El jefe de filas del PP, sin embargo, tiene una hoja de servicios discutible en materia de respeto a la independencia de las instituciones. Basta echar un vistazo a lo que hizo durante sus trece años de mandato al frente de la Xunta para constatar una gestión incompatible con ese respeto a los organismos autónomos que ahora exige a Pedro Sánchez.
El caso de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) es paradigmático. La política de estricto control político que ejerció sobre la CRTVG comenzó nada más llegar a la Presidencia de la Xunta con el nombramiento a dedo, en mayo de 2009, de su actual director, Alfonso Sánchez Izquierdo. No hubo acuerdo con PSOE o BNG, los otros dos partidos entonces representados en el Parlamento de Galicia.
Incumplimiento de la ley
Sánchez Izquierdo sigue, trece años y medio después, al frente de la televisión y la radio pública gallegas, pese a que su mandato caducó en 2014. Con el fin de blanquear semejante irregularidad, Feijóo optó por prorrogar su mandato de forma interina mediante una cláusula incorporada a los Presupuestos de Galicia de aquel año. Para hacerlo tuvo que saltarse su propia legalidad y no aplicar la ley reguladora de la CRTVG aprobada en 2011.
Una norma modélica, según todos los especialistas, que prevé el nombramiento de un consejo de administración de siete miembros, uno de los cuales será director general, elegido por mayoría parlamentaria de dos tercios en primera vuelta o de tres quintos en segunda. Y con un mandato de cinco años, para evitar su coincidencia automática con las legislaturas parlamentarias y los gobiernos de turno. Pero que es papel mojado.
De acuerdo con la misma ley, es el Parlamento de Galicia el que tiene que elegir a los siete miembros del Consejo de Administración de la CRTVG entre “personas con acreditada experiencia profesional y reconocido prestigio”. En realidad, lo único que los siete tienen en común es su probada afinidad con los partidos políticos representados en la Cámara autonómica.
Cuatro de ellos (la mayoría de control del Consejo) han trabajado o lo hacen todavía para el PP o para la Xunta (un de ellos era hasta hace poco Luis de la Matta, el actuar jefe de comunicación de Génova). Lo mismo puede predicarse de los otros tres y de sus vínculos con el PSOE y el BNG.
El reparto entre partidos, en este caso entre PP y PSOE, domina también la designación del Valedor do Pobo, la institución encargada desde 1981 de la defensa de los derechos y libertades de los gallegos, en especial en sus relaciones con la administración autonómica. La última vez que se renovó su nombramiento, en el año 2019, Feijóo pactó con los socialistas —entonces el principal partido de la oposición— un reparto de responsabilidades. El PP designó a la Valedora, la magistrada María Dolores Fernández Galiño, y a cambio del apoyo del PSOE los conservadores respaldaron el nombramiento como adjunta —número dos de la institución— a la exdiputada socialista María Xosé Porteiro.
Reparto de cromos
El mismo “reparto de cromos” que Feijóo dice ahora despreciar cuando se refiere al Consejo General del Poder Judicial, se produjo durante su mandato como presidente de Galicia a la hora de designar a los encargados de gobernar el Consello de Contas, el órgano encargado de fiscalizar la contabilidad de la Xunta. Son cinco nombramientos de los que el PP tiene el control de tres: el conselleiro mayor y dos vocales.
El primero, José Antonio Redondo, es catedrático de Economía Financiera y su currículum incluye una larga lista de cargos públicos para los que fue designado por el PP, desde máximo responsable del instituto público de la vivienda de Galicia a asesor de la Consellería de Obras Públicas. De obediencia al PP son también dos vocales: el auditor Constantino Carreiras y el exconselleiro de la Xunta durante la época de Fraga Tomás Pérez Vidal.
Las ayudas de las que Feijóo presume: no llegaron a las familias y acabaron pagando la iluminación de la Xunta
PSOE y BNG se repartieron los otros dos puestos: Simón Rego, funcionario y licenciado en Ciencias Políticas, a propuesta del PSOE, y el profesor de Economía Financiera Anxo Ramón Clavo, nominado por el BNG. Los cinco nombres —entre los que no hay una sola mujer, incumpliendo las leyes de igualdad— garantizan a los tres partidos con representación parlamentaria en Galicia el control del órgano que tiene el mandato de fiscalizar sus propias cuentas.
El caso del Consello Consultivo sigue la misma pauta. Se trata de un órgano creado a imagen y semejanza del Consejo de Estado, con competencias de asesoría para la Xunta y para las administraciones públicas gallegas. Sus cinco consejeros electivos deben haber acreditado una experiencia y desempeño efectivo durante por lo menos diez años en un cargo, función o actividad profesional relacionados específicamente con aquellas especialidades de derecho público relacionadas con las actividades del Consello Consultivo. Pero en realidad se los reparten los partidos, sin que Feijóo haya discutido nunca el procedimiento ni la independencia del organismo.
En Galicia el presidente elige a dedo a dos de ellos. Los otros tres se los reparten proporcionalmente los partidos con representación parlamentaria, lo que en la práctica se traduce en que tres de los cinco, incluido el actual presidente de Consello, José Luis Costa, deben su cargo al PP. Feijóo tiene tal confianza en Costa que ya en 2014 intentó colocarle en el Tribunal Constitucional. Según una información del diario El Mundo, está intentándolo de nuevo aprovechando que el Senado debe cubrir una vacante. Los otros dos consejeros, siguiendo el patrón de reparto político que Feijóo nunca cuestionó mientras fue presidente de Galicia, fueron propuestos por el PSOE y el BNG.
“Cuando un presidente no respeta las instituciones ni a su país, es muy difícil que le respeten a él”, advierte desde hace semanas Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular se refiere a la supuesta “toma de las instituciones” que tanto él como su predecesor, Pablo Casado, llevan cuatro años denunciando.