Pensar en un tribunal durante los últimos años es recordar la Púnica, Gürtel, Lezo, Taula, 3%, Papeles de Bárcenas, Imelsa, Acuamed, ERE, Brugal, Palma Arena, Nóos o Bankia, por poner tan solo algunos ejemplos. Es ver, sentados en el banquillo, a Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina, Álvaro Lapuerta, Francisco Granados, Rodrigo Rato o Miguel Blesa. No es de extrañar, por lo tanto, que el 54,3% de los españoles sitúen la corrupción como el principal problema del país, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Un mal endémico que, en datos de la CNMC, se come anualmente 90.000 millones de euros y que degrada las políticas públicas y debilita la democracia, tal y como indican diferentes estudios.
En este contexto, el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco, por sus siglas en inglés), dependiente del Consejo de Europa, ya ha recordado en repetidas ocasiones que una de las claves para luchar eficazmente contra la corrupción es, en primer término, la independencia judicial. Algo que, por el momento, no aprecia la sociedad española. Un 58% considera que es "mala" o "muy mala", según el último eurobarómetro publicado al respecto el pasado mes de abril, en el que un 49% de los encuestados culpan de esta falta de emancipación a la interferencia o presión del Gobierno y los políticos –por delante incluso de la injerencia de intereses económicos–.
Sólo el 31% perciben la situación como "buena" o "muy buena", un dato que nos sitúa en el puesto número 26 de los 28 países analizados, únicamente por delante de Bulgaria (26%) o Eslovaquia (23%). Una falta de independencia judicial que, además de en las encuestas, también es apreciada por el Consejo de Europa. El pasado mes de octubre el Greco publicó un durísimo informe en el que criticaba a España por no haber aplicado "satisfactoriamente" ninguna "de las once recomendaciones" planteadas para mejorar en este aspecto e instaba a que se remitiese un informe sobre los avances a más tardar el 31 de julio.
En concreto, según actualizó el pasado miércoles en un nuevo estudio, nuestro país ha incumplido el 75% y ha aplicado parcialmente el 25% de las medidas puestas sobre la mesa. Entre las medidas no adoptadas, analizar el marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), legislar criterios objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos en las altas funciones de la judicatura, aumentar los plazos de prescripción de procedimientos disciplinarios de los jueces, realizar un registro de lobbistas y un código de conducta para la profesión o tomar medidas para garantizar un control de las obligaciones declarativas de los parlamentarios.
Sistema de cuotas en el CGPJ
"En España, la justicia tiene una independencia formal, pero luego deja mucho que desear. Los mecanismos para protegerla son muy insuficientes y están muy sesgados políticamente. No vamos a decir que no exista, pero diremos que es muy deficiente", señala en conversación con infoLibre un reconocido fiscal del Tribunal Supremo. Comparten punto de vista Jueces para la Democracia y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). "No es independiente y queda mucho por hacer. Aunque ya se están dando pasos...", señala Miguel Pallarés, portavoz de este último colectivo.
Al igual que el Grupo de Estados Contra la Corrupción, consideran indispensable que se acometan reformas que "separen de forma clara el poder judicial del ejecutivo y legislativo" y que permitan que la sociedad española recupere esa confianza, actualmente "socavada", en una Administración de Justicia "fuerte" que controle "las desviaciones de los otros dos poderes". En este sentido, lo primero que cuestionan es el método de elección de un Consejo General del Poder Judicial –10 vocales nombrados por el Congreso y 10 por el Senado– que, aunque "debería garantizar la independencia de los jueces", está influenciado "por las cuotas de los partidos".
El fiscal del Supremo considera que el sistema de designación de los vocales está "viciado": "La Constitución lo que dice es que 8 vocales tienen que ser elegidos por el Congreso y el Senado, mientras que los 12 restantes se tienen que nombrar por el procedimiento que marque la ley. Parece claro que lo que se quiso decir es que la ley tiene que marcar un sistema diferente para elegir a la otra docena de vocales. Sin embargo, el Congreso, a partir de 1985, entendió que esos 12 miembros también tenían que ser designados a través de las dos Cámaras", explica. En su opinión, eso "desvirtúa" el sentido de lo que "debe ser" el CGPJ.
Pallarés cree necesario, para ganar "bastante independencia", que esa docena de vocales sean elegidos "por los jueces". Y que los ocho restantes, añade el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, se designen por el Parlamento "pero con unas mayorías cualificadas que obliguen a alcanzar el mayor consenso posible, unas audiencias y con la garantía de que sean juristas de prestigio, con independencia y méritos". "En EEUU, los magistrados de la Corte Suprema tienen que ser juristas extraordinarios y someterse a un exhaustivo examen bicameral. Aquí se debería hacer lo mismo, así lograríamos un CGPJ con una experiencia acreditada y de gran calidad", completa el fiscal del Supremo.
Un Ministerio Fiscal cuestionado
Pero tampoco se olvidan de un Ministerio Fiscal duramente cuestionado después del caso Moixy que, en su opinión, necesita cambios. En este sentido, ponen el foco en primer lugar en el fiscal general del Estado. La Asociación Independiente y Profesional de Fiscales ya ha pedido en reiteradas ocasiones que en esta designación, que tal y como recoge la Constitución recae directamente en el Gobierno, intervenga también el Congreso de los Diputados. Una opinión que comparte el fiscal del Alto Tribunal: "Debería tener el visto bueno del Parlamento después de pasar por un escrutinio público". "El nombramiento está recogido en la Constitución. Por lo tanto, a partir de ahí lo que se debería hacer es buscar fórmulas que favorezcan una total transparencia en las relaciones entre Gobierno y fiscal general", apunta González.
El jurista del Supremo, por otra parte, también considera fundamental introducir cambios en el Consejo Fiscal. "Está exclusivamente compuesto por fiscales. ¿Alguien se ha parado a pensar que debería tener una representación ciudadana? El Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, tiene 8 vocales que no son ni jueces ni magistrados, sino que son juristas de diferentes orígenes: abogados, catedráticos... En el Consejo Fiscal, por lo tanto, debería haber un 40% de miembros así, para que haya pluralidad y no sea una caspa que se autoelige y no evoluciona", sentencia.
Cambios que consideran imprescindibles a la hora de garantizar una independencia judicial "fundamental" para poner fin a la corrupción. "Si tuviéramos una justicia independiente, el 100% de la corrupción afloraría y sería mucho más eficaz perseguirla", sostiene el portavoz de la APIF. "Es fundamental, la condición sine qua non. ¿Por qué Dinamarca es un Estado de derecho? Porque casi nadie sabe allí quién es el fiscal general. No es un personaje famoso, sino que hace su tarea con tal imparcialidad y objetividad que nunca sale en los periódicos. Eso da seguridad jurídica", sentencia el fiscal del Supremo.
11 jueces por cada 100.000 habitantes
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Durante el acto que infoLibre celebró en el Teatro Maravillas de Madrid a mediados de mayo, el ex fiscal Anticorrupción Carlos Castresana criticó que se haya permitido que "grupos criminales" hayan "secuestrado al Estado" y aseguró que el Poder Judicial lleva desde 1977 siendo "la Cenicienta del Estado español". Y lo es, continuó, porque, entre otras, "ha sido incapaz de garantizarnos el efectivo respeto del principio de legalidad". "Por falta de voluntad y porque se le privó de los medios indispensables para proveer a todos los ciudadanos españoles de la tutela judicial efectiva. Y miente quien diga lo contrario", remachó.
En España, según datos de Eurostat, se ha destinado durante los últimos cuatro años alrededor del 0,4% del PIB al sistema judicial, por encima de la media de la Unión Europea (0,3%). Una cifra similar a la de países como Alemania o Reino Unido y más alta que en Italia (0,3%), Portugal (0,3%) o Francia (0,2%). No obstante, sí que se puede apreciar un ligero descenso desde 2010 prestando atención al gasto por habitante. En este sentido, tal y como se recoje en el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE para 2017, que el Ejecutivo comunitario hizo público el pasado mes de abril, la evolución ha sido la siguiente: 90 euros en 2010, 81 en 2013 y 80 en 2014 –último dato aportado por España–.
Sin embargo, existe un problema importante: falta personal. Según el informe de la Comisión, en 2014 –último ejercicio con datos de los 28 Estados miembro– había tan solo 12 jueces por cada 100.000 habitantes, 2 más en comparación con 2010 pero casi la mitad que la media europea, que entonces se situaba en 21. El número de fiscales, por otra parte, era en ese mismo ejercicio de 5 por cada 100.000 habitantes, cuando la media comunitaria era de 11, según datos recogidos en el informe de 2016 de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ).
Pensar en un tribunal durante los últimos años es recordar la Púnica, Gürtel, Lezo, Taula, 3%, Papeles de Bárcenas, Imelsa, Acuamed, ERE, Brugal, Palma Arena, Nóos o Bankia, por poner tan solo algunos ejemplos. Es ver, sentados en el banquillo, a Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina, Álvaro Lapuerta, Francisco Granados, Rodrigo Rato o Miguel Blesa. No es de extrañar, por lo tanto, que el 54,3% de los españoles sitúen la corrupción como el principal problema del país, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Un mal endémico que, en datos de la CNMC, se come anualmente 90.000 millones de euros y que degrada las políticas públicas y debilita la democracia, tal y como indican diferentes estudios.