Indra confirma al juez que halló facturas por servicios no acreditados a una empresa contratada por el PP de Aguirre

El representante legal de Indra ha confirmado este jueves al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica, Manuel García Castellón, que tras su llegada a la compañía encontró dos facturas de una empresa contratada por el PP de Madrid que dirigía Esperanza Aguirre para campañas electorales, pero no pudo demostrar que correspondieran a trabajos realizados, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Así lo ha manifestado Joaquín de Fuentes, quien representa a Indra en esta macrocausa, ya que la empresa está imputada como persona jurídica en la pieza que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

Indra fue imputada a raíz de que la Guardia Civil concluyera en un informe incorporado a la causa que la empresa habría financiado con 566.497,58 euros actos de campaña del PP de Madrid a través de contratos falsos —antes de la llegada de su actual presidente, Fernando Abril—. Según los investigadores, el partido no fue el que abonó los servicios a Swat, sino que lo habría hecho Indra a través de otra empresa, Formaselect Consulting.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, De Fuentes ha explicado al magistrado y las fiscales Anticorrupción que él llegó a Indra en 2015, cuando ya había estallado el caso Púnica, y que fue entonces cuando el entonces director de Operaciones, Santiago Roura, fue despedido y el presidente, Javier Monzón, abandonó su cargo. Tanto uno como otro están imputados en la causa.

De Fuentes, ha añadido, puso en marcha una investigación interna y reforzó los mecanismos de control y un protocolo de compliance, a raíz de lo cual comprobaron que había dos facturas de las sociedades Swat y Formaselect de los años de 2008 a 2013 por valor de 1,1 millones de euros que no se han podido vincular con ningún servicio prestado.

No se han detectado pagos en metálico

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El representante legal de la compañía también ha explicado al juez García Castellón que en su investigación interna no se han detectado pagos en metálico relacionados con el caso Púnica.

Indra ya comunicó estas conclusiones por escrito a la Audiencia Nacional y se ha comprometido a seguir aportando "toda la nueva documentación, que será producto de la auditoría de costes que la compañía realizará sobre los procesos electorales investigados" por el Juzgado Central de Instrucción número 6. También entregará todas las actas e informes de su Unidad de Cumplimiento, algo que no había podido hacer antes dado que no estaba personada la causa.

La empresa asegura que "si ha existido una violación" de su propio sistema de cumplimiento, es "producto de la conducta desleal realizada de algunas personas que no son parte de Indra en la actualidad".