Un informe denuncia la presencia de armas españolas en Yemen

Un informe elaborado por la organización ARES (Armament Research Services) [consultar el documento aquí] revela el hallazgo de armas españolas en manos de los rebeldes huthis en pleno conflicto yemení. El armamento localizado se corresponde con un modelo de granadas y lanzacohetes fabricados por Instalaza, empresa de la que el actual ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, fue consejero hasta marzo de 2009.

Según el documento, las armas españolas han podido ser adquiridas por los rebeldes "casi con toda seguridad" a través de su captura en el campo de batalla. El paradero de dichas armas en el territorio se explica, "probablemente", por el suministro de Arabia Saudí a las fuerzas armadas de Yemen. 

España no puede distribuir armamento a países en conflicto sospechosos de emplearlo en crímenes de lesa humanidad, por lo que el país yemení quedaría, a priori, descartado como potencial cliente. Sin embargo, actualmente uno de los principales compradores en España es Arabia Saudí, territorio que desde marzo del 2015 encabeza una coalición de nueve países árabes que ha llevado a cabo operaciones contra los rebeldes huthis en Yemen. Tal y como indica el informe, la exportación de estos sistemas desde España a Arabia Saudí se encuentra reflejado en las "estadísticas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso", y además ha sido "confirmado por fuentes confidenciales".

Según la organización, "es razonable sugerir" que la captura de armas que recoge el informe representa "sólo una fracción del inventario total de armamento español", de modo que las fuerzas yemeníes, advierte, "pueden entrar en contacto con más armas en el futuro". Los modelos localizados han sido dos: granadas Alhambra y lanzacohetes C90. El informe proporciona diversas imágenes de las armas, tanto en posesión de las fuerzas yemeníes, como en manos de los grupos rebeldes. Los autores del documento analizan las características técnicas de ambos sistemas de armas, y examinan cuándo han podido entrar en posesión de las partes implicadas en el conflicto que azota actualmente el país.

Según el análisis de ARES, a mediados de la década de los 90 la empresa Instalaza, "junto con varias empresas del sector español de defensa", exportó "cantidades significativas" de material armamentístico a Arabia Saudí, incluidos una serie de lanzacohetes C90. De acuerdo con las fuentes confidenciales citadas en el informe, "alrededor de 5.000 armas de la serie C90-CR fueron entregadas a Arabia Saudí a principios de 1990". Por su parte, las granadas de mano elaboradas por la empresa española pudieron ser suministradas en el año 2004, dentro de los 23,2 millones de euros en armamento exportados entonces, como lo demuestran los informes oficiales.

España, en el punto de mira

No es la primera vez en la que las exportaciones españolas están bajo sospecha por la posibilidad de que se hayan empleado para cometer crímenes en Yemen. En abril de 2015 Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Óxfam Intermón exigieron suspender exportaciones y exigieron a España el respeto del "principio jurídico de no autorizar armas para cometer atrocidades".

"El Gobierno español debe investigar si la coalición encabezada por Arabia Saudí ha utilizado armas españolas en estos bombardeos y suspender las transferencias de armas a las partes del conflicto de Yemen que puedan utilizarse para cometer atrocidades", advirtió entonces Jordi Armadans, director de FundiPau. 

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Durante el primer semestre de 2015, Arabia Saudí se convirtió en el mayor comprador de material bélico español, por delante de Reino Unido, Malasia, Francia y Egipto. Además, las autoridades españolas autorizaron vender en el futuro nuevo armamento a ese país por valor de más de 27 millones de euros y no denegó ninguna operación de exportación solicitadas por empresas y autoridades saudíes.

En marzo de este año, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) reclamó un embargo a la venta de armas a Arabia Saudí debido a sus bombardeos contra zonas civiles en el marco del conflicto en Yemen. "Los bombardeos han continuado a pesar del anuncio el 20 de marzo de un nuevo alto el fuego", denunció la ONG.

A finales del mes julio, durante la celebración de la Cumbre de Ginebra sobre el Tratado Internacional del Comercio de Armas (TCA), diversas organizaciones volvieron a reclamar un mayor control en cuanto al seguimiento de las armas exportadas, además de garantías sobre el usuario y uso finales. El secretario internacional de Amnistía Internacional, Alberto Estévez, exigía una investigación a este respecto, con el fin de discernir si "han sido usadas en los bombardeos que son crímenes de guerra". El experto reiteró la importancia de que "el Gobierno español les dé carácter vinculante a esas investigaciones para tener en cuenta a la hora de realizar contratos", algo que actualmente España no lleva a cabo.