La convocatoria de 21.939 plazas fijas para ser profesor o maestro en colegios e institutos de titularidad pública en el marco del acuerdo suscrito en marzo de 2017 entre Gobierno y sindicatos para estabilizar las plantillas y reducir la tasa de temporalidad al 8% revela la dificultad de aunar los intereses de los nuevos aspirantes con los de quienes llevan años ejerciendo sin un puesto fijo. Docentes interinos denuncian que tras haber "sostenido" la enseñanza pública durante los años más duros de los recortes, cuando a pesar de haber aprobado las oposiciones incluso en varias ocasiones no obtuvieron una plaza fija por la escasez de oferta, pueden irse al paro tras este verano.
El Gobierno aprobó en febrero el real decreto ley que establece los términos de los concursos a través de los que, durante los próximos años, miles de plazas públicas ocupadas en la actualidad por profesorado interino saldrán a oposición para consolidar el empleo docente. Aceptó modificar el baremo actual para que el peso que tiene en la nota final el concurso de méritos (experiencia previa en el aula, formación académica...) pase del 34% al 40%. El porcentaje restante de la nota final lo determina la primera fase de oposición a través de exámenes. También se amplió el número de años a valorar para la experiencia docente de los aspirantes hasta un total de diez puntos respecto a los cinco actuales.
Sin embargo, no transigió con que los tres exámenes de la fase de oposición (prueba práctica, desarrollo de un tema y preparación y presentación de una programación didáctica) no fueran eliminatorios como reclamaron las organizaciones sindicales y ocho de las 16 comunidades autónomas (Cataluña no participó por estar intervenida en virtud del artículo 155). El Ejecutivo esgrimió dos informes de la Abogacía del Estado que aseguran que hacerlo "desnaturaliza la institución de la oposición como proceso selectivo, vulnerando los principios constitucionales de capacidad e igualdad en el acceso a la función pública" e infringe varios artículos de la Constitución.
La mayoría de sindicatos había reclamado que una circunstancia excepcional como la actual, con una tasa de temporalidad del 30%, requería de soluciones excepcionales, como un sistema transitorio en el que se hiciesen valer especialmente los méritos acumulados similar al que se desarrolló en 2007 con la LOE. Además de las pruebas no eliminatorias, una mayor optatividad en la elección de los temas y un incremento del valor de la experiencia docente hasta el máximo permitido por la ley, fijado en el 45%. "Con el sistema transitorio de la LOE el 92% de los aprobados tenían experiencia como interinos", señala Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO.
Dado que el acceso a la función docente es competencia estatal, los interinos movilizados, agrupados en plataformas, están reclamando a los Ejecutivos autonómicos que pongan en marcha planes de estabilidad que garanticen la continuidad laboral de los docentes que no consigan obtener plaza en los próximos procesos selectivos, especialmente la de los mayores de 55 años con una antigüedad suficiente como para poder jubilarse en buenas condiciones. Entre las posibilidades que están encima de la mesa figura la reducción de ratios y horas lectivas del profesorado, así como la recuperación de desdobles y apoyos, lo que aumentaría el número de docentes necesarios.
Estos trabajadores cuentan con el respaldo de sindicatos minoritarios como CGT y STES, que ante la negativa del Ministerio de Educación a poner en marcha una vía de acceso diferenciado para este personal y de aceptar todas sus propuestas para facilitar el acceso de los interinos dado que ya superaron estas pruebas pero no lograron plazas por la falta de vacantes ofertadas por la Administración, reclaman la puesta en marcha de los citados planes de estabilidad. "Las oposiciones no pueden convertirse en un procedimiento de sustitución de unos trabajadores por otros", señalan desde el sindicato STES.
Pero no todos los sindicatos está de acuerdo. CCOO y UGT no están participando en estas movilizaciones al considerar que las propuestas carecen de seguridad jurídica y pueden ser contraproducentes para los docentes. "Nosotros queremos que se reconozca la experiencia de los interinos y que puedan acceder a la función pública con un modelo de oposición que permita ponderar sus méritos, pero no vamos a tomar iniciativas que les lleven a un callejón sin salida", dice García, de CCOO. Tampoco lo están haciendo CSIF y ANPE, que vieron suficiente la propuesta del Gobierno.
Movilizaciones
Entre los más movilizados están los interinos andaluces, que están en huelga indefinida desde este lunes 14 de mayo. Uno de esos docentes es Juan Aguilera, que lleva diez años de interino a pesar de haber aprobado las oposiciones en hasta tres ocasiones. Actualmente es profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Ubrique, en la sierra de Cádiz, aunque no sabe qué le puede deparar el próximo curso.
En Andalucía, donde actualmente hay en total unos 17.000 interinos, se ofertarán este año 3.000 plazas de ESO, FP y escuelas de idiomas y de arte. "Nosotros somos los que hemos sostenido la enseñanza pública durante los años más duros de los recortes y ahora nos enfrentamos a un auténtico ERE encubierto", señala Aguilera.
La consejera de Educación, Sonia Gaya, dijo este miércoles que los interinos "no se juegan el puesto a una carta" porque hay varias convocatorias "con plazas suficientes para tener vacantes en caso de que no se apruebe el procedimiento selectivo". También defendió que la Junta "cuida" a los docentes que no tienen plaza fija tomando "numerosas iniciativas" a favor del colectivo para que tengan condiciones "bastante más favorables" que en otras épocas y otras comunidades.
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Por su parte, el profesorado interino de la Comunitat Valenciana fue a la huelga del 24 al 26 de abril. El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STEPV), mayoritario en la enseñanza pública en esa autonomía, había convocado otra jornada de paros para este miércoles, si bien decidió desconvocarla al haber abierto la semana pasada con la conselleria "una vía a la recuperación de las condiciones laborales del profesorado" cuyos detalles no han trascendido. En la Comunitat Valenciana se convocarán este año 3.000 plazas del cuerpo de maestros.
En Asturias, los profesores interinos, que fueron a la huelga el pasado 25 de abril, reclaman un nuevo acuerdo que separe la lista de interinidad del proceso selectivo y que dé garantías de estabilidad al profesorado mayor de 55 años, así como recuperar el compromiso de contratación de tres o más años prorrogables que existía en el Principado hasta el año 2000. En esta comunidad está prevista la convocatoria de 630 plazas de Secundaria y FP.
En Cantabria, donde las oposiciones previstas se concretan en 406 plazas para profesores de institutos, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) convocó una jornada de huelga el pasado 19 de abril.
La convocatoria de 21.939 plazas fijas para ser profesor o maestro en colegios e institutos de titularidad pública en el marco del acuerdo suscrito en marzo de 2017 entre Gobierno y sindicatos para estabilizar las plantillas y reducir la tasa de temporalidad al 8% revela la dificultad de aunar los intereses de los nuevos aspirantes con los de quienes llevan años ejerciendo sin un puesto fijo. Docentes interinos denuncian que tras haber "sostenido" la enseñanza pública durante los años más duros de los recortes, cuando a pesar de haber aprobado las oposiciones incluso en varias ocasiones no obtuvieron una plaza fija por la escasez de oferta, pueden irse al paro tras este verano.