La circular dictada por un comisario de Madrid para que cualquier agente bajo su mando se abstenga de dar un solo paso sin consulta previa si topa con un político involucrado en un delito ha encontrado una rápida reacción de Interior: el comisario que exigió un trato preferente para las “autoridades” que comparezcan en su comisaría ha sido desautorizado aunque no sancionado. Pero el hilo con que fue tejida la polémica circular del mando policial madrileño pertenece a la misma madeja o a una muy parecida a la que, a finales del año pasado, fue utilizada para otra circular, esta de la Guardia Civil. Los elementos comunes entre ambos escritos –notificación previa a los órganos superiores de aquellos pasos que afecten a cargos públicos– reabren el debate sobre si la acción policial es objeto de control político.
La circular de la Guardia Civil fue destapada por la diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas. Invocando una orden del director adjunto de Operaciones, es decir, el número dos del Cuerpo, ese escrito daba instrucciones precisas a todas las unidades del Instituto Armado en Canarias –fue allí donde Oramas localizó una copia- para que cada miércoles informasen sobre los planes en marcha que afectasen al siguiente capítulo : “Posibles implicaciones de cargos públicos, de personas [sic] y de registros de sedes oficiales”.
¿Para qué quiere la cúpula de la Guardia Civil saber si los agentes de, por ejemplo, un pueblo de 2.000 habitantes planean registrar el Ayuntamiento y detener al alcalde? O, dicho de otro modo, ¿por qué se interesa la dirección del Cuerpo de forma expresa por la identidad de los políticos y cargos públicos sujetos a investigación?
Cuando la diputada Oramas lanzó su pregunta al director de la Guardia Civil el 12 de diciembre de 2012 en la comisión de Interior del Congreso, el mando supremo de la Benemérita se salió por la tangente. “Las conocen para saber qué operaciones se van a explotar durante la semana. ¿Qué tiene de extraño eso?” Ese fue el argumento central en la exposición de Arsenio Fernández Mesa. Pero en ningún momento explicó el porqué de una orden relativa solo a políticos y no, por ejemplo, a ciudadanos con cualquier otra ocupación.
Entonces, y atrapado por una circular que firmaba el entonces teniente coronel de operaciones de la comandancia de Las Palmas, el Gobierno reconoció el carácter general de la orden. Es todo lo contrario de lo que ocurrió ayer viernes, cuando la Dirección General de la Policía catalogó como iniciativa personal la del comisario jefe José Ramón Murillo, que ordenó el martes a los 200 agentes bajo su mando en el distrito madrileño de Arganzuela no hacer “la mínima gestión” si el denunciado es una “autoridad”. Según la Policía, Murillo insiste en que su circular se refería solo a los diplomáticos “para evitar conflictos con otros países”. No se entiende por qué su escrito contenía una mención expresa a “cualquier autoridad política, diplomática o institucional (española o extranjera”, tanto si comparecía en las dependencias policiales como denunciante o como denunciado”. El distrito de Arganzuela no es territorio de embajadas. Las legaciones diplomáticas se reparten por zonas altas de la ciudad como son los distritos de Salamanca, Chamberí, Chamartín y un área –Arturo Soria- del de Ciudad Lineal.
Así que, oficialmente, la circular del comisario Murillo que en apenas tres párrafos dejaba en papel mojado el artículo 14 de la Constitución, aquel que proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley. Pero la circular de la Guardia Civil que la parlamentaria Ana Oramas mostró en diciembre durante la comparecencia del director general del Instituto Armado, siembra dudas. Básicamente, sobre si el comisario José Ramón Murillo decidió acuñar un reglamento propio de actuación o si, por el contrario, se limitó a poner en papel lo que, sin estar escrito, se había convertido en una práctica habitual.
Alfredo Perdiguero, líder del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE) y que ya el jueves criticó con dureza lo sucedido en la comisaría de Arganzuela, niega tajante que la circular del comisario Murillo responda a una orden de carácter general impartida a todos los distritos desde la cúpula de Interior. “He hablado con muchos compañeros y ninguno conocía nada parecido”, asegura Perdiguero, subinspector del Cuerpo Nacional de Policía.
Consulta la circular de la Guardia Civil
InfoLibre no ha encontrado a quien, con nombre y apellidos, confirme la existencia de una directriz específica sobre cómo lidiar con un político relacionado con un delito. Sí es cierto que, con petición expresa de reserva de identidad, fuentes policiales de carácter extraoficial sostienen que, aun sin constar en ningún papel, la Policía toma cautelas especiales cuando tiene ante sí y como supuesto autor de un delito a un cargo público que al no ser parlamentario o miembro de un Gobierno autonómico o del central carezca de aforamiento. Es decir, un político que, a diferencia de los aforados, pueda ser detenido e investigado por un juez ordinario de instrucción. Los aforados solo pueden ser imputados y/o encarcelados por el Tribunal Superior de su comunidad si se trata de cargos autonómicos o por el Supremo si su escaño o puesto de designación tiene rango estatal.
Los policías que dan por cierta la instrucción de milimetrar cada paso si en un delito interviene un político como denunciante o como investigado sostienen que las cautelas se han extremado en los últimos meses, después de que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, se presentara en marzo en la comisaría madrileña del distrito de Salamanca para denunciar el robo de los ordenadores que usaba en la sede central del PP. La Policía estuvo entonces a punto de inspeccionar el cuartel general del partido, en la céntrica calle Génova y donde Bárcenas había seguido teniendo despacho después de que, en abril de 2010, cesara formalmente como tesorero.
¿Y en la Guardia Civil? Ayer, este periódico pidió a un dirigente asociativo –la Benemérita, como Instituto Armado, permite asociaciones pero no sindicatos- su opinión sobre el asunto. Su contestación fue rápida: enviar la circular que en diciembre de 2012 llevó a la diputada canaria Ana Oramas a calificar su contenido como de “una gravedad importantísima”.
La circular dictada por un comisario de Madrid para que cualquier agente bajo su mando se abstenga de dar un solo paso sin consulta previa si topa con un político involucrado en un delito ha encontrado una rápida reacción de Interior: el comisario que exigió un trato preferente para las “autoridades” que comparezcan en su comisaría ha sido desautorizado aunque no sancionado. Pero el hilo con que fue tejida la polémica circular del mando policial madrileño pertenece a la misma madeja o a una muy parecida a la que, a finales del año pasado, fue utilizada para otra circular, esta de la Guardia Civil. Los elementos comunes entre ambos escritos –notificación previa a los órganos superiores de aquellos pasos que afecten a cargos públicos– reabren el debate sobre si la acción policial es objeto de control político.