La Policía concluyó hace cuatro meses un informe sobre la financiación de Podemos, que bautizó con el nombre de "Pisa" (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y que mantiene desde entonces sin judicializar: ni lo ha enviado a la Fiscalía ni lo ha presentado en un juzgado. Pese al tiempo transcurrido, un portavoz oficial de la Policía indicó a infoLibre: "No se puede decir que este informe lleve demasiado tiempo sin judicializar". La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro Jorge Fernández –de quien depende la Policía– han hecho referencias públicas a ese informe secreto no judicializado. Y Manos Limpias lo ha aportado en dos actuaciones contra Podemos en el Tribunal Supremo: una denuncia ante la Fiscalía del TS, en la que pide ilegalizar al partido que lidera Iglesias, y una querella contra sus principales dirigentes.
¿Cómo es posible que un informe policial contra los dirigentes de un partido político no se judicialice, pero termine en manos de una asociación que lo aporta a dos procedimientos judiciales? En la Policía, cuyo director es Ignacio Cosidó, se lavan las manos. “No nos consta que Manos Limpias haya aportado el informe de la Dirección Adjunta Operativa al Tribunal Supremo. Por tanto, no hemos abierto una investigación sobre la presunta filtración de ese informe”, señaló el portavoz oficial a preguntas de infoLibre. Tanto en la denuncia como en la querella presentadas por Manos Limpias en enero ante el Supremo se dice expresamente que se aporta el informe Pisa, circunstancia que los dirigentes de dicha asociación confirmaron a este periódico.
El recorrido del informe Pisa
La existencia del informe Pisa se conoció el pasado mes de enero, cuando varios medios de comunicación publicaron noticias relativas a la investigación que la Policía está llevando a cabo por la supuesta recepción de pagos procedentes de Irán por parte de Podemos, a través de su líder, Pablo Iglesias. Algunos miembros del Gobierno han hecho mención a la existencia de este documento en varias ocasiones: así, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría pidió al partido morado que "colabore" con la investigación, mientras el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitió su existencia, aunque aseguró que no podía dar detalles sobre su contenido.
El recorrido que ha seguido el documento policial es el siguiente: el 3 de noviembre de 2015, el secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) envió el informe Pisa al comisario general de Policía Judicial "para la continuación de las investigaciones que se reflejan en el mismo y su posterior remisión a la Autoridad Judicial si procediera”.
Según indicó a infoLibre el portavoz de la Policía, posteriormente “la comisaría general de Policía Judicial remitió el informe a la UDEF y es la UDEF quien lo remite a su vez a Hacienda. En el caso de la UDEF se ha abierto un informe de investigación, para comprobar si hay o no indicios de delito. En el caso de Hacienda aún no hemos obtenido respuesta". La UDEF es la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, órgano encargado en la Policía de investigar los asuntos de corrupción financiera.
El ministerio dirigido por Cristóbal Montoro, a preguntas de este periódico, declinó pronunciarse sobre el caso. Ni siquiera aclaró si está realizando alguna investigación a petición de la Policía Judicial.
El portavoz de la Policía admitió que el documento aún no ha sido enviado a la Fiscalía, por lo que no está judicializado. "Como es lógico, antes de llevar una investigación a la Fiscalía, la Policía tiene que comprobar si hay indicios de delito. En este caso se ha seguido el mismo procedimiento que en otras ocasiones, no se puede decir que este informe lleve demasiado tiempo sin judicializar".
Un informe "en la fase inicial"
"No sería lógico llevar a la Fiscalía un informe cuando está en la fase inicial, como en este caso”, insiste el portavoz policial, que no detalla la fecha en la que comenzó a elaborarse este documento: "Es difícil concretar una fecha de inicio de la investigación porque lo que hizo la Dirección Adjunta Operativa es un informe tipo inteligencia, que se va elaborando con informaciones que se reciben".
A pesar de que este informe es oficialmente secreto y de que Interior no lo ha judicializado, lo cierto es que Manos Limpias lo ha incluido recientemente en la denuncia que presentó en la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Podemos y la CUP pidiendo su ilegalización y acusándolos de delitos como financiación ilegal o enaltecimiento del terrorismo. Y también en la extensa querella presentada ante el Alto Tribunal contra líderes de Podemos como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, así como contra el propio partido, la Fundación CEPS y la productora Con Mano Izquierda, organizaciones vinculadas con estos dirigentes.
La denuncia, explica un portavoz de la Fiscalía del TS, "está aún en una fase inicial de estudio, por lo que no se ha tomado ninguna decisión al respecto, ya que se acumula a las muchas denuncias y escritos que se presentan a diario en esa sede judicial".
En cuanto a la querella –que aborda asuntos tan dispares como la presunta financiación ilegal de Podemos por haber recibido fondos de Irán, el supuesto fraude en la relación laboral de Iñigo Errejón con su partido o el delito contra la Hacienda pública de Juan Carlos Monedero ya archivado judicialmente– se encuentra ahora mismo pendiente del informe de la Fiscalía. Una vez recibido dicho informe, la Sala de Admisiones del TS deberá decidir si admite o no a trámite la querella.
Las 'persecución judicial' de Manos Limpias
Estas dos actuaciones ante el Supremo son sólo las últimas de una serie de denuncias y querellas que Manos Limpias ha interpuesto contra Podemos, sus líderes y otras formaciones vinculadas al partido morado. Son ya al menos nueve las actuaciones judiciales que dicha asociación ha emprendido contra la formación. Cuatro de ellas ya han sido inadmitidas a trámite, otras cuatro están pendientes de admisión y en un caso se acaban de abrir diligencias previas.
El caso más conocido es el de Monedero, contra quien Manos Limpias se querelló en febrero de 2015, en plena polémica por la declaración complementaria que presentó ante Hacienda para regularizar su situación tras el cobro de 425.000 euros por asesorar a Gobiernos latinoamericanos. En su querella, acusaba a Monedero de haber cometido los delitos de organización criminal, delito societario, contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, así como falsedad documental.
La querella, sin embargo, no fue admitida. La jueza del Juzgado de Instrucción 45 de Madrid alegó precisamente que la legislación establece que no existe delito si el contribuyente regulariza su situación antes de que Hacienda inicie una inspección –Monedero había abonado a Hacienda 141.215 euros de IRPF y 77.280 euros de IVA cinco días antes de que la Agencia Tributaria comenzara a investigarlo–.
Igual suerte corrió la querella que presentó Manos Limpias ante el Tribunal Supremo contra Pablo Iglesias en febrero de 2015, en la que le acusaba de desobediencia, delito contra los derechos de los trabajadores, organización criminal, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho y delito contra la Hacienda Pública, por hechos como haber mantenido presuntamente trabajadores en su programa La Tuerka sin darles de alta en la Seguridad Social o haber utilizado su productora Con Mano Izquierda para gestionar fondos procedentes de Venezuela e Irán.
Los magistrados que tomaron la decisión de no admitir a trámite la querella sostenían en su auto que en el documento presentado se exponían "confusamente y en un totum revolutum hechos, opiniones y sospechastotum revolutum", y afirmaban que era "difícil advertir la presencia de los elementos o requisitos dogmáticos de los múltiples delitos que se dicen han sido cometidos". "No se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos meramente sospechosos, por si los mismos pudieran ser constitutivos de delito [...], sin aportar un indicio objetivo de su realidad de conocimiento propio del querellante", avisaba el auto de archivo.
La última querella de Manos Limpias contra Podemos en ser tumbada por la Justicia es la que presentó el 2 de febrero de 2015 ante el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid contra la productora Con Mano Izquierda, a cuya junta directiva se acusaba de blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, contra el derecho de los trabajadores, organización criminal o asociación ilícita y desobediencia a la autoridad. La querella era muy similar a la presentada en febrero de 2015 ante el Tribunal Supremo, y corrió la misma suerte, ya que los magistrados consideraron que "no hay apariencia delictiva que justifique incoar un procedimiento penal". Manos Limpias recurrió y la Audiencia Provincial confirmó la semana pasada la inadmisión a trámite de la querella.
Manos Limpias también ha actuado contra el número dos de Podemos, Íñigo Errejón, en este caso por la investigación para la que fue contratado en la Universidad de Málaga y que realizó desde Madrid, pese a que su contrato establecía que el trabajo debía ser presencial. Manos Limpias ha acusado al ahora diputado de estafa al centro universitario, y el Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga ha abierto diligencias previas y ha requerido a Manos Limpias una fianza de 4.000 euros, que la organización ha recurrido al considerar excesiva. La Fiscalía respalda el importe de la fianza.
Carmena y Colau, también demandadas
Miembros de otros partidos relacionados con Podemos también han visto como Manos Limpias presentaba cargos contra ellos. Es el caso de las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, contra quienes la organización se ha querellado por diferentes motivos. La regidora madrileña ha sido objeto de una demanda por supuestos delitos contra la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, así como de alzamiento de bienes, en relación a la polémica por el cierre del despacho de arquitectos de su marido, que debe parte de su salario a algunos de los antiguos trabajadores
En su querella, Manos Limpias apuntaba que el marido de Carmena "alzó determinados bienes" –entre ellos una finca situada en Segovia que ahora pertenece a la alcaldesa de Madrid– para generar una reducción patrimonial y así no afrontar la deuda, y también consideró que se transmitieron a Carmena las oficinas del despacho por debajo de su valor de mercado. El Juzgado de Instrucción 53 de Madrid abrió este mismo viernes diligencias previas sobre el tema.
Por otra parte, Manos Limpias se querelló contra Ada Colau y los nueve concejales que conforman su Gobierno municipal en julio del año pasado por un presunto delito de prevaricación. El motivo de la queja era, en este caso, la suspensión temporal de la entrega de nuevas licencias para construir alojamientos turísticos en Barcelona que aprobó la alcaldesa, que según Manos Limpias no era legal porque no concurrían "las circunstancias extraordinarias ni de alarma social" para tomar una medida así. El Juzgado de Instrucción número 20 de la ciudad no admitió la querella y aseguró que los hechos no constituían "infracción penal alguna".
La última denunciada por Manos Limpias del entorno de Podemos y sus partidos vinculados es Esther Gómez, concejala del distrito de Carabanchel (Madrid) por la formación Ahora Madrid. Manos Limpias demandó a finales de diciembre a Gómez por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de impedir al colegio Arenales participar en la cabalgata de Reyes del distrito por segregar por sexos a los estudiantes en sus aulas.
A pesar de que el consistorio invitó a los niños de ese centro a subir en otras carrozas, Manos Limpias considera en su denuncia que Gómez ha cometido un delito "relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas", así como "contra los sentimientos religiosos" y "contra las garantías constitucionales y derechos individuales". El asunto aún está pendiente de adjudicar a un juzgado de instrucción.
Los argumentos se repiten
El análisis de los escritos judiciales de Manos Limpias contra Podemos demuestra que, en varios de ellos, los hechos que se plantean sean los mismos o muy similares. Y, en consecuencia, los argumentos que se plantean para atribuir delitos a los denunciados son prácticamente idénticos entre unas demandas y otras.
El ejemplo más claro es la querella presentada ante el Tribunal Supremo contra Iglesias, Errejón y Monedero, así como contra Podemos, la Fundación CEPS y la productora Con Mano Izquierda, que ahora mismo está pendiente del informe de la Fiscalía para que la Sala decida si la admite o no a trámite. El extenso documento –tiene 325 páginas– aborda varios temas que Manos Limpias ya había denunciado en otras actuaciones: desde las irregularidades fiscales de Monedero hasta los supuestos delitos contra los trabajadores de la productora Con Mano Izquierda y la presunta financiación ilegal de Podemos a través de fondos de Venezuela e Irán.
La Audiencia Provincial de Madrid ya apuntó, en el auto confirmando la inadmisión de la querella de Manos Limpias contra Con Mano Izquierda que se conoció la semana pasada, que los mismos hechos ya se habían denunciado en otra instancia. "La presente querella, interpuesta por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, con idéntica relación de hechos y circunstancias, dirigida en aquel caso contra Pablo Iglesias Turrión, fue inadmitida por la Sala II del Tribunal Supremo por auto de fecha 29 de abril de 2015", critica este auto.
La Policía concluyó hace cuatro meses un informe sobre la financiación de Podemos, que bautizó con el nombre de "Pisa" (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y que mantiene desde entonces sin judicializar: ni lo ha enviado a la Fiscalía ni lo ha presentado en un juzgado. Pese al tiempo transcurrido, un portavoz oficial de la Policía indicó a infoLibre: "No se puede decir que este informe lleve demasiado tiempo sin judicializar". La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro Jorge Fernández –de quien depende la Policía– han hecho referencias públicas a ese informe secreto no judicializado. Y Manos Limpias lo ha aportado en dos actuaciones contra Podemos en el Tribunal Supremo: una denuncia ante la Fiscalía del TS, en la que pide ilegalizar al partido que lidera Iglesias, y una querella contra sus principales dirigentes.