La investigación por el espionaje a Bárcenas cuando ya había destapado la 'caja B' llega a la cúpula de Interior del PP

La citación como imputado para este viernes de Francisco Martínez, número dos de Interior en la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz, ha elevado de manera drástica el listón en la denominada Operación Kitchen, la pieza del caso Villarejo donde se investiga el espionaje  a Luis Bárcenas en 2013 para localizar el material que pudiera haber guardado sobre la contabilidad secreta del PP. 

Ahora, el caso da una vuelta de tuerca que aumenta la presión sobre el PP: porque no solo se utilizaron fondos reservados y medios policiales de altura además de parapoliciales sino que se llevó a cabo sin permiso ni conocimiento del juez, que no solo investigaba ya entonces al extesorero del partido en el caso Gürtel sino que en marzo de ese año había abierto una nueva línea con sus revelaciones sobre la caja B. En lo que ha trascendido hasta la fecha aparece un dato muy ilustrativo: ni siquiera los agentes de la unidad policial UDEF que trabajaban a las órdenes del juez de Gürtel, Pablo Ruz, recibieron información. El encargo de poner en marcha el operativo fue, supuestamente, para José Manuel Villarejo, durante años el comisario más poderoso del Cuerpo y en prisión desde noviembre de 2017.

Las declaraciones prestadas por Eugenio García Castaño, El Gordo, exjefe de la unidad de escuchas policiales (UCAO), también imputado y que desde hace meses facilita cierta información al juez y a la Fiscalía, han resultado decisivas para la imputación de Martínez, que ya se vislumbraba desde el verano. En octubre, tanto él como Eugenio Pino, igualmente imputado y antiguo DAO –el más alto mando policial, solo por debajo del director general–, declararon ante el juez del caso, Manuel García Castellón, que Martínez conocía la existencia de un operativo contra Bárcenas. ¿Ampliará Anticorrupción la lista de antiguos cargos políticos de Interior para los que pida la imputación o quedará el ex secretario de Estado como un caso aislado? De momento, no se sabe.

El Gordo, que volverá a comparecer esta mañana en la Audiencia justo después que lo haga el ex secretario de Estado de Seguridad, le contó al juez que él mismo clonó tres teléfonos móviles de Bárcenas. Y que facilitó su contenido a Francisco Martínez. Para hacerlo, fue necesaria la compra de un ordenador portátil que ha terminado en manos de quienes ahora investigan a la antigua cúpula policial de la que formaba parte García Castaño. 

Lo que hoy conocemos como Kitchen, llegó a sostener El Gordo en su propia defensa, fue un dispositivo policial para vigilar a Bárcenas y dar con sus testaferros una vez se supo que había mantenido una fortuna oculta en Suiza: un dispositivo bajo la supervisión del ex secretario de Estado, cuyo horizonte procesal se ha perfilado desde el inicio como más sombrío que el del director general de la Policía de la época, Ignacio Cosidó. Tras conocer su imputación, Martínez ha defendido su inocencia a través de un comunicado: "A pesar de los errores que sin duda cometí –se lee en el texto–, siempre trabajé para prestar el mejor servicio al interés general y siempre lo hice con absoluto respeto a la ley".

El propio García Castaño protagonizó uno de los episodios sonados de la Kitchen: entró en el local utilizado como taller de restauración por la mujer de Bárcenas para buscar unos discos duros, haciéndose pasar por un cliente que llevaba un crucifijo a restaurar. Según su testimonio, no tuvo suerte. Intuyó que quizá otro de los comisarios imputados, Andrés Gómez Gordo, ya se los habría llevado. Gómez Gordo saltó a Castilla-La Mancha para un cargo en el Gobierno regional tras la victoria de María Dolores de Cospedal en 2011. Fue él quien fichó al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente para que se convirtiera en espía del extesorero y su entorno. Eso al menos es lo que declaró Ríos.

Gómez Gordo siempre ha negado cualquier ilegalidad en su proceder. En una de sus declaraciones, Eugenio García Castaño lo señaló como el autor del informe contra Podemos. Comisario, igualmente imputado y ahora jefe de una comisaría en Madrid, Gómez Gordo lo niega de forma tajante.

En diciembre de 2018 y ante el juez que instruye la parte de los papeles de Bárcenas que quedó reabierta tras la confesión de Francisco Correa sobre pagos de empresarios al PP, el extesoro prestó una declaración con aristas: que los papeles y anotaciones que presuntamente le sustrajo su chófer, Sergio Ríos, versaban sobre la financiación de la campaña electoral de la expresidenta de Castilla La Mancha y ex vicesecretaria general del partidoy que si no están en la causa, es porque alguien quiso ocultarlo.

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La existencia del espionaje ya ha sido admitida en un escrito que, a finales de 2018, dirigió a la Audiencia Nacional el equipo del ministro Fernando Grande Marlaska. "De los indicios recopilados hasta el momento –publicó el diario El Mundo– se conoce que en dicha operación han participado funcionarios adscritos a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía así como a la Comisaría General de Información". "Existiendo la constancia"– agrega el texto– de la utilización de colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada".

Aun permaneciendo la pieza bajo secreto, lo que se conoce de la investigación judicial dibuja la Kitchen como un engranaje en el que encajan auténticos dientes de sierra como la captación del chófer de Bárcenas para que lo vigilase a cambio de cobrar 2.000 euros al mes de fondos reservados o el robo de notas que guardaban el extesorero y luego su mujer una vez que él ya había ingresado en prisión.

Los investigadores también han venido albergando serias sospechas de que el asalto al domicilio del extesorero en octubre de 2013, a cargo de un falso cura hoy preso que ató y amenazó pistola en mano a quienes estaban en la casa, formaba parte del entramado parapolicial.