La plana mayor del PP durante dos décadas declarará en el juicio de la caja B con Aznar y Rajoy en cabeza

Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy desfilarán como testigos ante el tribunal que ha de dirigir la vista oral de los papeles de Bárcenas, y lo haránjunto con aquellos que durante dos décadas y de manera sucesiva conformaron la verdadera plana mayor del PP.  El juicio, para el que sigue sin haber fecha a punto de cumplirse cinco años desde el auto que en mayo de 2015 ordenaba su celebración, pondrá en primerísimo plano la contabilidad secreta que Luis Bárcenas plasmó de su puño y letra entre 1990 y 2008.

Tras un periodo casi en barbecho, el protagonismo de la caja B se ha acrecentado en los últimos meses con la investigación judicial sobre la denominada Operación Kitchen. Es decir, aquella que, capitaneada por el comisario José Manuel Villarejo en 2013, pagada con fondos reservados y desarrollada con medios policiales y parapoliciales a espaldas del juez que ya investigaba la caja B, sometió a espionaje a Bárcenas y su entorno para evitar que el extesorero conservase documentación incriminatoria.

La asociación de abogados Adade, que ya en el macrojuicio de Gürtel cuya sentencia desencadenó en 2018 la moción de censura contra el PP logró que el tribunal obligase a declarar a Rajoy, es la que ahora logra sumar a la lista a Aznar. Bajo su mando inició su meteórico despegue la trama empresarial de Francisco Correa, cuya participación en la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag nunca ha dejado de planear sobre el expresidente.

Si marcó un hito el testimonio de Rajoy, quien siendo presidente y de forma inédita en España tuvo que comparecer como testigo, ahora serán dos los exjefes de gobierno llamados a prestar testimonio veraz en un proceso por corrupción. El PP, que en el primer juicio de esta compleja y extensísima causa fue declarado beneficiario económico de la trama –figura que carece de connotaciones penales– se halla en esta pieza solo como responsable civil subsidiario.

Además de Aznar y Rajoy, se relevarán en la silla de los testigos quienes a partir de 1990 ocuparon el segundo puesto en la jerarquía del PP, es decir, todos los secretarios generales. Por orden cronológico son estos: Francisco Álvarez Cascos (1989-1999), Javier Arenas (1999-2003), Ángel Acebes (2004-2008) y María Dolores de Cospedal (2008-2018). Entre septiembre de 2003 y octubre de 2004, ese cargo lo ocupó Rajoy. 

Deben comparecer igualmente como testigos otros pesos pesados del PP en esas dos décadas. Entre ellos, los exministros Federico Trillo, estratega jurídico del partido durante años; Rodrigo Rato –ahora encarcelado por las tarjetas black y en espera de sentencia por la salida a Bolsa de Bankia–; José María Michavila; y quien tras ser titular de Medio Ambiente con Aznar fue luego presidente de Baleares, Jaume Matas, que cumple ya condena por corrupción.

Asimismo, desfilarán Juan Gabriel Cotino, exdirector general de la Policía, luego conseller y presidente de las Corts en Valencia y ahora a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por otra de las ramas de Gürtel, la de la visita del papa; Pío García Escudero, expresidente del PP madrileño y presidente del Senado con Rajoy como presidente; el ex senador Luis Fraga y los exdirigentes del PP navarro Jaime Ignacio del Burgo y Calixto Ayesa.

Entre todos estos testigos cuya declaración ha admitido el tribunal hay un nexo común adicional al de la militancia que compartieron o siguen compartiendo en el PP. Y ese nexo son las anotaciones contables manuscritas de Bárcenas. La mayoría aparece como perceptores de sobresueldos. Todos ellos lo han negado. Y buena parte lo hizo durante el primer juicio de Gürtel, donde ya se vieron forzados a acudir como testigos.

La credibilidad de Rajoy

En aquella vista, Rajoy negó no solo el cobro de sobresueldos sino la existencia de una contabilidad opaca y proclamó una ignorancia casi absoluta sobre las cuentas del partido. Aquello condujo al tribunal a cuestionar su "credibilidad".

Qué hará Aznar cuando llegue su turno –justo antes que Rajoy– constituye de momento una incógnita, aunque este lunes ofreció una pista que a ciertas fuentes jurídicas relacionadas con el caso produjo sorpresa: porque, según el primer presidente del PP tras la refundación del partido en 1989, el juicio de los papeles de Bárcenas en nada le concierne. A través de su cuenta de Facebook, el expresidente afirmó esto: "En relación con la noticia recogida hoy por medios de comunicación en la que se afirma que puedo ser citado como testigo en la causa relativa al presunto pago de las obras de reforma de la sede nacional del Partido Popular con supuesto dinero irregular, he de recordar que dejé la presidencia de dicho partido en 2004, varios años antes del periodo en el que al parecer esas obras se llevaron a cabo".

Esas palabras sugieren que Aznar figura entre quienes creen que el hecho de que la primera sentencia de Gürtel certificase la existencia de una financiación ilegal del PP deja ahora la caja B fuera de la panoplia de hechos que se someterán a juicio en la pieza de los papeles de Bárcenas. Pero no es así. Porque, en efecto, las revelaciones de Correa en el juicio que condujo a la sentencia de 2018, ahora pendiente de revisión por el Tribunal Supremo, obligaron a reabrir parte del caso. Básicamente, lo que el jefe de la red corrupta dijo fue que distintos empresarios pagaban mordidas a cambio de contratos públicos. El cobro del 3% –sostuvo– era una "práctica" habitual.

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Pero la reanudación parcial de las investigaciones sobre ese aspecto del caso no impide al tribunal pronunciarse sobre los hechos señalados en el auto que marcó el inicio de una lenta aunque irrevocable cuenta atrás hacia el juicio. Como si tratase de disipar cualquier eventual duda, el mismo juez que en mayo de 2015 había dictado el auto de apertura de juicio, José de la Mata, firmó una breve resolución donde enumeraba los hechos sujetos a la vista oral: la "existencia y funcionamiento de una caja B en el PP", los "trabajos de remodelación de la sede del PP en Génova 13", por los que supuestamente el partido pagó 1,5 millones en negro; la ausencia de "declaración del Impuesto de Sociedades 2008 por el PP" y la "compra de acciones de Libertad Digital".

En la parte de la pieza cuyo juicio "nada" lo impide, solo compartirán banquillo cuando llegue el momento cuatro acusados, dado que el quinto inicial -el extesorero Álvaro Lapuerta- falleció en junio de 2018. Y hay dos personas jurídicas que se arriesgan a ser declaradas responsables civiles subsidiarios: el PP y la empresa Unifica, responsable de la reforma.

Aquí, la Fiscalía solicita penas de reclusión abismalmente inferiores a las de la pieza principal, pero el calibre político es sustantivo porque otra sentencia condenatoria sacaría de nuevo a la superficie la financiación del PP. Bárcenas, que en espera de lo que resuelva el Supremo ya cumple la condena de 33 años que recibió por Época 1, es el principal inculpado y se arriesga a que se le impongan cinco años más de cárcel. Los otros tres encausados son el exgerente del PP Cristóbal Páez; el dueño de Unifica, Gonzalo Urquijo; y su socia Belén García.