"Causa urgente. Plazo máximo instrucción". Un telegrama conciso que evoca un SOS. Así suena el encabezamiento del recurso de Anticorrupción contra el auto con que el juez Manuel García Castellón activó en enero las alarmas de la fiscalía especializada al denegar unas nuevas diligencias de prueba en la Operación Púnica. Lo hizo, y eso es lo que desató la enorme inquietud que refleja el recurso, con el argumento de que han prescrito todos los hechos anteriores a 2004 y relacionados con el urbanismo de Valdemoro. Es decir, el primer feudo de quien en los inicios de la causa –octubre de 2014– fue su protagonista principal y, antes de eso, número 2 del PP madrileño y consejero de Presidencia, Interior y Justicia hasta 2011, Francisco Granados. Valdemoro es asimismo escenario de un extenso capítulo en esta historia de (supuesta) corrupción y financiación ilegal que ha convertido en imputados a tres expresidentes madrileños –Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes– y que hasta el viernes incluía también en la categoría de investigados a otro expresidente: el de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a quien García Castellón acaba de desimputar por segunda vez.
Con menos de cuatro meses por delante dado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) aprobada bajo el Gobierno del PP obliga a cerrar la instrucción de Púnica el próximo 6 de junio, la Fiscalía guarda silencio. Pero sus sucesivos recursos contra decisiones de García Castellón y el demoledor lenguaje con que rebate sus argumentos operan como un sismógrafo donde una aguja de movimiento sincopado confirma que la brecha es cada vez más profunda en el caso Púnica. En los últimos nueve meses, los hitos que han hecho aflorar las diferencias entre el ministerio público y el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se elevan ya a tres. Y algunas fuentes diagnostican que la lista no debe darse por cerrada. Para el cierre de las investigaciones, García Castellón había fijado un plazo muy superior (30 de marzo de 2022) pero la Sala de lo Penal de la Audiencia lo acortó de manera drástica en abril de 2019 sin posibilidad de prórroga.
Abierto y, según personas próximas, pragmático en cuanto a qué cosas da tiempo a terminar y cuáles han de quedar en el camino, García Castellón regresó de manera sorpresiva en junio de 2017 a la Audiencia Nacional, de la que llevaba ausente 16 años. Juez de enlace en París entre 2000 y 2012 tras un nombramiento propuesto por el Gobierno de Aznar y refrendado luego por el de Zapatero, el magistrado saltó a ese mismo puesto en Roma el primer año de mandato de Mariano Rajoy. Su vuelta a Madrid en junio de 2017, sorpresiva en tanto que juez de enlace se inscribe en el cupo de puestos codiciados, le colocó al frente de los mayores casos de corrupción del momento: Púnica, Lezo y Tándem. O lo que es lo mismo, el caso Villarejo, una de cuyas piezas –Kitchen, nucleada en torno al espionaje a que en 2013 fue sometido Luis Bárcenas con el objeto de impedir que conservase documentos incriminatorios para el PP– compromete como los dos anteriores a la principal formación conservadora del país.
Desde agosto de 2017, el juzgado de instrucción central 6 ha dispuesto de un juez de refuerzo: Diego de Egea, que cesó en esa comisión de servicio en diciembre de 2018. En febrero de 2019, lo sustituyó en esa plaza Alejandro Abascal. Y ya en enero de este año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre un segundo juez de refuerzo para trabajar con García Castellón y Abascal, el magistrado Joaquín de Gadea. El juzgado 6 también instruye otros asuntos relevantes de alcance político como el de los independentistas del caso de los Comités de Defensa de la República, CDR. O el caso Acuamed, que en enero de 2016 saltó con el arresto de 13 personas por corrupción, entre ellas varios cargos dependientes del Ministerio de Agricultura.
De las tres causas de corrupción, es Púnica la que con mayor claridad muestra una dimensión política, máxime desde que se investiga formalmente la financiación del PP madrileño. No obstante, Tándem se le va aproximando no solo por el puente que tiende entre el espionaje a Bárcenas y el futuro juicio sobre la caja B del PP sino por las últimas declaraciones de Eugenio Pino, antiguo número dos de la Policía, otorgando a Mariano Rajoy y a su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz un papel relevante en el carácter intocable que durante años mantuvo el comisario José Manuel Villarejo, aunque ya lo había sido bajo los gobiernos socialistas.
Un auto que la Fiscalía recibió después que las defensas
El recurso contra la denegación de pruebas en el caso Púnica sobre operaciones urbanísticas en Valdemoro que Anticorrupción coloca bajo sospecha –una de ellas afecta a El Corte Inglés, la imputación de uno de cuyos exdirectivos pidieron el jueves las acusaciones populares que ejercen el PSOE y la asociación de abogados Adade– incorpora un dato que dispara de nuevo el sismógrafo: las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, abren el texto de su impugnación haciendo constar que el auto les fue "notificado por fax" el 24 de enero. O sea, 10 días después de que lo dictase el juez.
Entre esas dos fechas se encuadra el lunes 20 de enero un episodio que distintos abogados que lo presenciaron describen como prueba de que la relación ha empeorado: ese día debía declarar como testigo-perito una funcionaria de Valdemoro para explicar algunos puntos complejos de la actividad urbanística desarrollada con Francisco Granados como alcalde o con su sucesor. Pero, aplicando la lógica de las defensas y con una euforia que no ocultó luego, el abogado de Granados, Javier Vasallo, enarboló con rapidez el auto del día 14 para alegar que si los hechos estaban prescritos no cabía admitir que nadie declarase sobre ellos. Distintos juristas narran que, a diferencia de otras partes, que lo habían recibido el viernes, las fiscales del caso ni siquiera conocían ese auto.
El juez, quien según fuentes jurídicas cree ajustadísima y escrupulosa su postura sobre los plazos de prescripción, aceptó en contra de la Fiscalía la solicitud del letrado Vasallo y suspendió sobre la marcha aquella comparecencia. Quedó así en el aire y en una fase de espera incierta la declaración de la testigo, clave para desenmarañar el laberinto de cesiones, recalificaciones y modificaciones normativas que enriquecieron a quienes las acusaciones consideran socios ocultos de Granados. Y al mismo político cuya tenencia de una cuenta millonaria en Suiza se sitúa en el origen de la investigación judicial.
El recurso que de inmediato interpuso la Fiscalía carga contra García Castellón porque "vulnera" –dice el texto– su derecho a la tutela judicial efectiva con una resolución "incongruente" e incurre "en un error manifiesto" al considerar prescritos hechos anteriores a 2004 como si la investigación hubiese comenzado ahora y no en junio de 2014. La Fiscalía cimenta esa afirmación en que es a partir de 2014 y no del 14 de enero de 2020 cuando deben contarse hacia atrás los 15 años a partir de los cuales prescriben los delitos más graves investigados en Púnica.
Pedro Antonio Sánchez emerge y se sumerge como el guadiana
Pero la aparición de lo que distintos juristas personados en la causa observan como una fractura entre las dos partes que suelen comandar al unísono una investigación ya se hizo notar cuando García Castellón desimputó por primera vez al político murciano. Ocurrió en abril de 2019 con un auto que luego tumbó de plano –lo declaró nulo– la Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia mediante una resolución cuyo contenido puede resumirse así: que el juez había exonerado de culpa a Pedro Antonio Sánchez sin dar ninguna explicación sobre qué le había conducido a cambiar de criterio. Ahora, el magistrado vuelve a sobreseer asegurando que "de las diligencias no se infieren suficientes indicios como para mantener la imputación contra el Sr. Pedro Antonio Sánchez, al no haber resultado debidamente acreditada la comisión de delito alguno por él". Según las fuentes consultadas por este periódico, Anticorrupción y las acusaciones populares plantearán de nuevo sendos recursos.
La imputación se sustentó desde su comienzo en indicios que, según la Fiscalía, destapan cómo la Consejería de Educación de Murcia habría alcanzado en 2014 un pacto ilegal con el conseguidor Alejandro de Pedro para que su empresa Eico mejorase con dinero público la imagen en internet del entonces consejero, Pedro Antonio Sánchez. El contrato no llegó a firmarse una vez estalló el caso Púnica el 27 de octubre de 2014. El juez entiende que ni el "Informe Preventa Pedro Antonio Sánchez" incautado a Eico ni las supuestas reuniones en las que habría participado el político -no hay "constancia documental" de ellas, dice el auto– ni las llamadas intervenidas donde De Pedro y otro de los imputados hablan del asunto llenan lo que califica como "el más absoluto vacío indiciario". Pero añade algo más que abre dudas sobre otros imputados por los trabajos de reputación online que fueron financiados con dinero público. Y lo que dice es esto: "Aun en el caso hipotético de que el Consejero pudiese haber encargado estos trabajos, ¿sería esto constitutivo de infracción penal?".
La situación procesal de Sánchez recuerda a ese Guadiana legendario que aflora y se sumerge por tramos. Tanto que constituye un trabajo casi de excavación arqueológica localizar la secuencia completa de autos que le conciernen, autos cuyo amontonamiento ha jugado en contra de la celeridad en la pieza sobre los (supuestos) delitos perpetrados por la trama Púnica en Murcia. Y en detrimento también, claro, de la causa en general. Por resumir, todo empezó en febrero de 2017, cuando la Fiscalía General del Estado, a cuyo frente se encontraba José Manuel Maza, ordenó a Anticorrupción que se opusiera a la imputación de Sánchez. Pero aquella orden, cumplida por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, ante la negativa de las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, no evitó que el juez que entonces instruía Púnica, Eloy Velasco, hiciera lo que entendió correcto: pedir en abril de aquel año la imputación de Sánchez al TSJ de Murcia, ante el que el político gozaba de aforamiento por cuanto todavía era presidente de la Región.
Dado que a raíz de aquello dimitió y perdió por tanto su aforamiento, Sánchez se reincorporó a la lista de investigados por la Audiencia Nacional. Y un año después, en julio de 2018, García Castellón dictó un "auto de incoación de procedimiento abreviado" en el que se produjo un error en sentido literal: el expresidente murciano no aparecía entre los investigados. La Fiscalía y la acusación popular dieron la voz de alerta sobre el olvido, recurrieron y García Castellón elaboró otro auto. Este, dos meses más tarde, en septiembre de aquel año.
El nombre de Pedro Antonio Sánchez emergía así de nuevo. Pero de manera efímera: en octubre de aquel año, el Supremo archivó la imputación que pesaba por hechos muy similares a la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro. En su auto, la instructora de la investigación sobre Barreiro, la magistrada del denominado sector progresista Ana Ferrer, afirmaba esto: "No hay sospechas de corrupción contra la investigada". La resolución señalaba que existía una "precariedad de los indicios" acumulados para justificar que Pilar Barreiro usara durante su etapa como alcaldesa dinero de las consejerías murcianas para abonar los servicios de reputación onlineconcertados con el ya citado conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro.
Fue ese auto exculpatorio el que García Castellón usó como soporte para otro, dictado en abril de 2019, donde archivó las diligencias en lo que a Pedro Antonio Sánchez se refiere. Fue esa resolución la que en octubre anuló la Sala de lo Penal de la Audiencia con un auto que asesta un mazazo al magistrado. Porque, "de manera incomprensible" –dice el tribunal– sobreseyó las actuaciones contra el expresidente murciano sin explicar su cambio de criterio. La resolución emplazaba a García Castellón a dictar una nueva resolución donde venía obligado a aportar razones "claras y precisas" si seguía entendiendo que el político no delinquió al concertar con el conseguidor de Púnica.
Del perfil del expresidente de Indra a la sombra de Aguirre
Ese nuevo auto es el que vio la luz el viernes. De nuevo, será la Sección Cuarta de lo Penal la que dirima esa especie de litigio entre el juez y la Fiscalía donde falta aún un tercer hito, este de menor calado y proyección mediática aunque de consecuencias todavía imprevisibles: la desimputación del expresidente de Indra y actual presidente no ejecutivo del Grupo Prisa, Javier Monzón.
El juez de 'Púnica' rechaza imputar al representante de El Corte Inglés sin esperar a que opine la Fiscalía
Dictada el 13 de enero, víspera del auto de denegación de pruebas sobre el urbanismo de Valdemoro, la resolución sobre Monzón se basa en una línea argumental muy parecida a la que ahora exculpa a Pedro Antonio Sánchez: que no hay ni pruebas ni indicios que señalen a Monzón como “autor, cómplice o encubridor” del supuesto desvío de fondos públicos que, mediante contratos de la agencia madrileña ICM con el gigante tecnológico, se produjo para financiar ilegalmente las campañas electorales del PP madrileño. Con el mantenimiento de la imputación al expresidente de Indra –añade el auto– "validaríamos el principio de culpabilidad del presidente de la empresa por los delitos cometidos en el seno de la sociedad por los trabajadores de la misma, extremos estos descartados unánimemente por la jurisprudencia de nuestro TS [Tribunal Supremo]". Y algo más: que "no existe acto o norma alguna" que determine que corresponde al presidente de la compañía el deber de "supervisión, vigilancia y control".
La Fiscalía ya ha recurrido. Y en su escrito lanza un dardo contra García Castellón: "Nos llama poderosamente la atención los razonamientos que el Instructor utiliza para sobreseer las actuaciones (...) ya que van dirigidos a desmontar los que fueron sus propios argumentos de imputación (...) y, en concreto, los referentes al deber de vigilancia y control del presidente de la compañía, que los valoró como indicio de que, como poco, tuvo que estar al tanto de unas hechos graves, que desviaron ingentes fondos públicos del presupuesto de ICM".
Aunque procesalmente no es obligatorio, Esperanza Aguirre ha respaldado la desimputación de Monzón con un escrito de su defensa. La entrega de ese escrito ensancha el diámetro de uno de los principales interrogantes de Púnica: si la expresidenta más poderosa de la Comunidad de Madrid, durante años lideresa del PP en esa comunidad, culminará el camino hacia el banquillo o si, como Javier Monzón, quedará exonerada con el argumento de que, si los hubo, los cometieron sus subordinados sin que ella misma y por usar la terminología que emplea a Anticorrupción, estuviese al tanto.
"Causa urgente. Plazo máximo instrucción". Un telegrama conciso que evoca un SOS. Así suena el encabezamiento del recurso de Anticorrupción contra el auto con que el juez Manuel García Castellón activó en enero las alarmas de la fiscalía especializada al denegar unas nuevas diligencias de prueba en la Operación Púnica. Lo hizo, y eso es lo que desató la enorme inquietud que refleja el recurso, con el argumento de que han prescrito todos los hechos anteriores a 2004 y relacionados con el urbanismo de Valdemoro. Es decir, el primer feudo de quien en los inicios de la causa –octubre de 2014– fue su protagonista principal y, antes de eso, número 2 del PP madrileño y consejero de Presidencia, Interior y Justicia hasta 2011, Francisco Granados. Valdemoro es asimismo escenario de un extenso capítulo en esta historia de (supuesta) corrupción y financiación ilegal que ha convertido en imputados a tres expresidentes madrileños –Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes– y que hasta el viernes incluía también en la categoría de investigados a otro expresidente: el de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a quien García Castellón acaba de desimputar por segunda vez.