Izquierda Unida, junto al Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, ha presentado ante el Tribunal Supremo una ampliación de su querella inicial contra el rey emérito en la que solicita que se investiguen no sólo el presunto cobro de comisiones por su intermediación en la adjudicación de la AVE a la Meca, sino todas las presuntas corruptelas de Juan Carlos I que se han conocido en los últimos meses: las cuentas en Suiza vinculadas a dos fundaciones, el supuesto uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro y la posible existencia de un trust en la isla de Jersey, además de la regularización fiscal que el ex jefe del Estado presentó hace sólo unos días.
La ampliación de querella, a la que ha tenido acceso infoLibre, se une así al escrito que ya se presentó hace dos años y que iba dirigida, además de Juan Carlos de Borbón, contra Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón. Los querellantes les atribuyen trece delitos –siete de ellos al monarca abdicado–, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
Ahora, IU, PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda explica que ha tenido conocimiento a través de medios de comunicación y actuaciones de la Fiscalía del Supremo y de Suiza de "nuevos hechos que se han ido conociendo en los últimos meses y que no figuran documentados en la querella inicialmente interpuesta en diciembre de 2018". En estos hechos, dice el escrito, también estaría implicado el rey emérito, además de los ya mencionados Álvaro de Orleans y Dante Canónica así como el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza y Sanginés-Krause. Una sala compuesta por cinco magistrados y presidida por Manuel Marchena deberá resolver si abre o no causa después de que rechazara el primer intento hace año y medio.
Según explican los querellantes, que piden personarse como acusación popular en una posible causa, el escrito inicial hacía referencia a la conversación que mantuvo Corinna Larsen con el comisario Villarejo en 2015 y en la que la primera afirmaba que Juan Carlos de Borbón había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca. Pero después de aquello se conoció la supuesta donación que el ex jefe del Estado hizo a su examante de 65 millones de euros que él a su vez habría recibido de Arabia Saudí.
Tal y como explica el escrito, entre 2008 y 2012, el tiempo en el que Juan Carlos I habría dispuesto del dinero en una cuenta suiza gestionada por Arturo Fasana, "logró una rentabilidad del 7% anual" y que "el saldo medio de la cuenta nunca bajó de los 60 millones de euros", pero "no consta que hubiese reflejado esos rendimientos del capital mobiliario en su declaración anual de IRPF como obligado tributario".
Posible origen ilícito de los fondos
Los querellantes también destacan que fue la propia Casa Real la que emitió un comunicado el pasado marzo revelando que el rey Felipe VI renunciaba a sus derechos en dos fundaciones, una de ellas la denominada Lucum, investigada por la Fiscalía suiza, y la otra denominada Zagatka, controlada nominalmente por Álvaro de Orleans. En ambas consta como beneficiario Juan Carlos I y el escrito considera que de la información de Zarzuela "se infiere que los fondos controlados por las fundaciones tienen un origen ilícito y que hasta ese momento han sido opacas respecto de la Hacienda Pública española". Asimismo, mencionan informaciones publicadas por El Confidencial acerca de operaciones bursátiles realizados desde la Fundación Zagatka que le habrían reportado importantes beneficios.
De igual modo, se hace constar en el escrito al Supremo otros indicios hallados en la investigación de la Fiscalía suiza, y recogidos por varios medios de comunicación, como que el rey emérito "trasladó en efectivo a Ginebra en 2010 1,9 millones de dólares (1,7 millones de euros) que había recibido como dádiva de las autoridades del reino de Bahrein". También informaciones acerca de comisiones supuestamente entregadas por "potencias extranjeras" como Kazakistán, tal y como publicó elDiario.es.
Otro hecho nuevo y que es más reciente es la segunda investigación abierta en la Fiscalía del Supremo por la utilización por parte del monarca abdicado y algunos familiares de fondos supuestamente donados por el empresario millonario Sanginés-Krause a través de tarjetas de crédito a nombre del coronel Nicolás Murga Mendoza, quien ejerció durante casi diez años ayudante de campo de Juan Carlos I. "Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son posteriores a la abdicación del rey y a que perdiera su protección constitucional, que le hace inimputable por cualquier delito cometido hasta el año 2014 en el ejercicio de sus funciones constitucionales", recuerdan los querellantes.
Es el caso que ha llevado al emérito a presentar hace sólo unos días ante el departamento de Hacienda de la Comunidad de Madrid una regularización de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos, por lo que dejó de pagar al fisco por la donación recibida del empresario mexicano, quien defendió ante la Fiscalía cuando fue interrogado que esas transferencias canalizadas a través del coronel Murga obedecían a su amistad de largos años con el monarca abdicado. "Según numerosas informaciones periodísticas que no han sido cuestionadas, el ciudadano mexicano ha reconocido en su declaración ante la Fiscalía que abonó 113.000 euros de viajes y estancias de Juan Carlos de Borbón en los años 2016 y el 2017, así como 270.000 euros al coronel en los años 2017 y 2018. Además, Allen Sanginés-Krause estaría relacionado igualmente con el movimiento de otros 500.000 euros que Juan Carlos de Borbón habría dispuesto gracias al uso de una tarjeta bancaria", explica la ampliación de querella.
La regularización no fue espontánea
IU, PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda entienden que la regularización que hizo el rey emérito no ha cumplido el criterio de la espontaneidad que requiere el Código Penal para eludir la responsabilidad penal por el fraude admitido, ya que se produjo un mes después de que hubiese sido informado por la Fiscalía sobre la existencia de la investigación contra él, aparte de la "extensa publicación en prensa nacional e internacional" de esas diligencias.
El último hecho nuevo que relata el escrito son las informaciones publicadas por el diario El Mundo y LaSexta según las cuales el ex jefe del Estado tendría casi diez millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey. Estas serían las terceras diligencias que la Fiscalía del Tribunal Supremo tendría pendiente incoar después de que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) alertara de movimientos recientes de una cuenta vinculada a un trust radicado en ese territorio. Fuentes fiscales consultadas por infoLibre han informado de que los investigadores siguen analizando la documentación del Sepblac, mientras el rey niega esa fortuna.
"De la lectura de la presente ampliación de querella, y puesta en correlación con la inicial querella presentada en diciembre de 2018, se desprende una larga continuidad temporal en la conducta de los querellados, y en particular del ex jefe del Estado, conducta que aparece dilatada ya en el tiempo, con indicios de actividades ilícitas relatados y documentados en ordinales anteriores que cómo mínimo se remontan al año 2002, siendo las conductas descritas durante todo este iter temporal concatenadas las unas con las otras teniendo como nexo de unión la conducta de Juan Carlos de Borbón a la hora de recibir pagos o dádivas por parte de países extranjeros sin que se haya dado cuenta durante todo este tiempo a la Hacienda Pública española de la percepción de estos pagos ni de la existencia de cuentas, inversiones o instrumentos financieros en las que se han ido depositando millonarias cantidades de dinero", resume el escrito.
El Supremo pregunta a la Fiscalía si debe investigar al emérito a raíz de la querella presentada por IU
Continuidad en hechos cometidos cuando era inviolable
Para los querellantes, "aún pudiendo apreciarse la inviolabilidad del rey emérito durante los años en que estaba en el ejercicio pleno del cargo de jefe de Estado, esta no debe ser óbice para la apertura de una investigación judicial una vez ya no está en el ejercicio del cargo, y menos aún por hechos delictivos que se perpetúan una vez traspasado el periodo de inviolabilidad como es la defraudación a la Hacienda Pública, por hechos delictivos cometidos una vez extinguida la inviolabilidad, como es el afloramiento de los efectos delictivos o blanqueo de capitales". Por ello, consideran que todos los hechos descritos pueden ser imputables a Juan Carlos I, también de hechos anteriores a la abdicación en junio de 2014 si hubiesen tenido continuidad después de ese año.
Así, piden a los magistrados del Supremo que examinarán la querella que aborden la "cuestión del alcance de la inviolabilidad más allá de concluida la función representativa encomendada de una forma democrática, justa y acorde con la ejemplaridad que se debe exigir a quien ha sido jefe del Estado y representante máximo de todos los españoles". "Lo contrario, asentar en España una doctrina que reconozca la inviolabilidad como un concepto absoluto e infinito en el tiempo, colocaría a este país ante una interpretación que reconociera este derecho a la impunidad durante el mandato del jefe del Estado, lo que supondría por tanto una interpretación perversa e injusta de la norma constitucional", afirman.
Izquierda Unida, junto al Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, ha presentado ante el Tribunal Supremo una ampliación de su querella inicial contra el rey emérito en la que solicita que se investiguen no sólo el presunto cobro de comisiones por su intermediación en la adjudicación de la AVE a la Meca, sino todas las presuntas corruptelas de Juan Carlos I que se han conocido en los últimos meses: las cuentas en Suiza vinculadas a dos fundaciones, el supuesto uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro y la posible existencia de un trust en la isla de Jersey, además de la regularización fiscal que el ex jefe del Estado presentó hace sólo unos días.