Una "tregua". Eso fue lo que pidió Cayo Lara a sus compañeros nada más arrancar el Consejo Político Federal y eso fue lo que finalmente se aprobó. Un plazo de algo menos de un mes para que Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) ejecute los ceses o dimisiones de quienes fueron sus coordinadores generales y que tomaron decisiones sobre Caja Madrid y Bankia. Se da así tiempo a que se celebren las primarias abiertas para la elección de los candidatos a las autonómicas y municpales de mayo, que se cierran el próximo 30 de noviembre. Una vez que pase la votación, Madrid deberá cortar cabezas, porque si no lo hace así sí intervendrá, presumiblemente, la cúpula federal.
La reunión del Consejo Político, el máximo órgano de dirección entre asambleas (más de 200 dirigentes), venía precedida de un ambiente caldeado dentro de IU. La Presidencia, el escalón de poder inmediatamente inferior (unos 70 responsables), aprobó el pasado lunes pedir el cargo público u orgánico a los exlíderes autonómicos de los últimos 20 años por el papel que IU jugó en Caja Madrid y por la "gestión inadecuada" en la fundación Fundeste. Aunque no daba nombres, la moción marcaba la espalda, especialmente, de tres pesos pesados aún hoy en primera línea: Ángel Pérez (coordinador de 1993 a 2000, presidente de Fundeste hasta 2013 y hoy portavoz en el Ayuntamiento de la capital), Miguel Reneses (jefe de IU-CM de 2000 a 2002 y actual secretario federal de Organización), y Gregorio Gordo, máximo responsable de la federación entre 2009 y 2012 y portavoz hoy en la Cámara autonómica.
La federación madrileña, sin embargo, consideró "inaceptable" la resolución de la Presidencia. Su dirección demandó que dirigentes y exdirigentes regionales desfilaran ante la comisión de transparencia, el órgano montado desde Olimpo, la sede federal, para asegurar que la depuración de responsabilidades llegaba hasta el final. Y, en una reunión con Cayo Lara, el jueves pasado, pidió también tiempo para poder tomar decisiones, para sortear el riesgo de "ruptura" y garantizar que sus primarias abiertas se desarrollasen con tranquilidad. IU-CM resalta que el proceso, inédito, está "ilusionando" a militantes y simpatizantes, y que se juega mucho. Tres parejas de candidatos se disputan el liderazgo de la candidatura a la Comunidad y al Consistorio: Tania Sánchez-Mauricio Valiente, José Antonio Moreno-Raquel López y Julián Sánchez-Vizcaíno-Lali Vaquero.
El coordinador llevó la petición de la cúpula autonómica al Consejo Político: la concesión de una "tregua", también para dar tiempo a que culminen las comparecencias y la comisión de transparencia remate sus trabajos. El máximo órgano entre asambleas avaló la prórroga, pero dejó claro que en la siguiente reunión de la Presidencia, en principio prevista para el 13 de diciembre, toda la cuestión debe quedar completamente resuelta. Sin más plazos ni más titubeos.
Es decir, que el Consejo, como remarcó Lara en su resumen final, tras ocho horas y media de debate, asume la moción del pasado lunes, así que no habrá vuelta atrás. Así venía reflejado en su informe político, que fue respaldado por 79 votos a favor (74,53%), 6 en contra y 21 abstenciones (las de Izquierda Abierta, el partido coliderado por Gaspar Llamazares y Montse Muñoz).
Defensa de Miguel Reneses
El coordinador hizo por la mañana un "llamamiento a la responsabilidad" para que la cuestión de Caja Madrid no se convirtiera en la "causa del Consejo". Lo consiguió a medias. Para empezar, porque su anuncio de que no concurrirá a las primarias presidenciales del próximo 8 de febrero acaparó automáticamente buena parte de las intervenciones de sus compañeros, quienes le agradecieron el gesto y su trabajo. También porque el calendario de las votaciones –respaldado por 80 votos a favor (70,8%), 18 en contra (los de IzAb) y 15 abstenciones– llevó su tiempo. Y para seguir, porque el llamamiento de Lara no evitó que el debate sobre el caso Bankia entrara, y mucho, aunque el tono no se desmadró, si bien sí destacaron algunos discursos duros en la forma y en el fondo, según relataron a la salida varios dirigentes.
Reneses intervino hacia el final del Consejo, para defender la posición manifestada por él mismo en los últimos días. Para apuntalar que él estuvo muy poco tiempo al frente de IU-CM, desde diciembre de 2000 a marzo de 2002, para recalcar que él no firmó el pacto para la estabilidad de Caja Madrid en 2009 cuando era portavoz en la Asamblea, para insistir en que aportó mucha documentación a la comisión de investigación de la federación y a la comisión de transparencia federal. Retó a sus contrarios a demostrar que tuvo algo que ver con las decisiones que se tomaron con la entidad. Su posición fue apoyada por dirigentes como Teresa Fernández, vicealcaldesa de Fuenlabrada (su mujer), o el joven Julián Sánchez Urrea, miembro de su gabinete en Organización.
Lara, que remató la reunión del Consejo, le defendió a puerta cerrada, aunque respetará las conclusiones que se redacten. Y dejó caer que con Reneses se había actuado injustamente, con la pretensión de tumbarle para ajustar cuentas con él: "Alguien se ha ido de caza mayor". Sí advirtió de que, si las federaciones cuestionan la labor de Reneses como secretario de Organización, sí le dejará caer. Reneses, a su vez, repasó sus palabras: basta un gesto del coordinador para que él se vaya.
El suspendido Antero Ruiz está presente en el Consejo
Lara defendió a Reneses, pero no fue tan complaciente con Ángel Pérez. El coordinador, directamente, le reprobó por haber amparado a José Antonio Moral Santín, la cabeza de los consejeros que IU tuvo en Caja Madrid y el segundo que más gasto hizo con su visa black (456.522 euros). Llegó incluso a poner su renuncia como ejemplo para aquellos que protegieron a Moral: "Les invito a que den un paso atrás también". Una hipótesis que, dentro de IU, muchos no creen que finalmente ocurra, porque los tres más señalados (Pérez, Reneses y Gordo) han remarcado que no dimitirán.
Por no irse, no se ha ido del todo siquiera ni Antero Ruiz, a quien IU-CM responsabilizó de una parcela del escándalo de las tarjetas, al haber sido el encargado de Política Institucional, en 2009, cuando la mano derecha de Miguel Blesa en Caja Madrid, Enrique de la Torre, pagó la fianza del recurso judicial que IU presentó contra el Gobierno regional. Ruiz no dejó su acta de diputado autonómico, como se le pidió, y fue teóricamente suspendido de militancia, y se le abrió un expediente sancionador. Pero Ruiz allí estaba, en el Consejo Político. Y se quedó hasta el final. Votó. Muchos integrantes del órgano no daban crédito, porque "nadie explicó qué hacía allí", y se denunció en varias intervenciones, según narraba una asistente.
Desde el entorno de Ruiz aclaraban que el diputado no se va a "esconder" porque no tiene "nada que ocultar". y no se siente "responsable" de aquello de lo que se le culpa, porque de la fianza "se encargaría quien llevaba Finanzas" de IU-CM, Pedro Orgaz, ya fallecido. Aseguraban estas fuentes que al parlamentario no se le ha comunicado la suspensión de militancia, adoptada en un órgano, la ejecutiva regional, que, a su juicio, no tiene las competencias para ello. Órgano que además no le ha comunicado esa decisión. Ruiz tiene impugnado ante la Comisión de Garantías de IU-CM ese acuerdo y el de la Presidencia Regional del 18 de octubre que le requirió el acta. Ruiz no ha sido desalojado de su grupo en la Asamblea ni tampoco ha dimitido de su cargo en la Mesa de la Cámara, de la que es vicepresidente tercero. En resumidas cuentas, entiende que de momento están en vigor todos sus derechos como afiliado, y por eso acudió al Consejo y votó, aunque no intervino para no "reabrir la polémica".
¿Y qué ocurrirá si los aludidos no se van? La situación se complicará y la reunión del próximo órgano, a mediados de diciembre, podría ser "un aquelarre", como vaticinaban desde el entorno de Alberto Garzón, el nuevo valor emergente de IU y casi seguro candidato tras el paso atrás de Lara. El joven diputado es uno de los que ha puesto el listón de las exigencias más alto, uno de los que ha pedido cabezas, sin contemplaciones.
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Ojo con la convergencia
En su resumen, Lara abordó el asunto de Caja Madrid, pero también otras cuestiones, como su propia retirada. Defendió que en IU es posible la bicefalia, porque no es "grave" y porque ya sucedió en el pasado, cuando él fue elegido coordinador, en 2008, y Gaspar Llamazares era el único diputado de la federación en el Congreso, y sucede incluso hoy, ya que él dirige IU; Llamazares, IzAb, y José Luis Centella, el PCE. Lara, por tanto, pretende continuar su labor como líder hasta la siguiente asamblea, en 2016. Su pretensión es dedicarse a "fortalecer la organización". En las primarias, aseguró, según los presentes, que no tomaría partido por ningún aspirante.
El coordinador dedicó algún tiempo en su resumen final a hablar de la convergencia y de Podemos. Insistió en que IU ha de defender a capa y espada su máxima de confluir siempre bajo la fórmula legal de una coalición, no de una agrupación de electores, como quiere Podemos. "El objetivo es diluir la marca. ¿Hemos pedido a alguien alguna vez que se diluya? ¿No hemos respetado a cada uno su identidad? ¿Es tan difícil de explicar, de entender?", preguntó a sus compañeros del Consejo, advirtiendo del peligro de sumarse al barco de la formación de Pablo Iglesias sin cautelas. Dicho de otra manera: el formato de coalición electoral es una línea roja. Si Podemos o las plataformas Ganemos no quieren, IU debe plantarse. "Vamos a creérnoslo", apremió, porque la formación ya "ha teorizado" sobre por qué no conviene una agrupación de electores.
Una "tregua". Eso fue lo que pidió Cayo Lara a sus compañeros nada más arrancar el Consejo Político Federal y eso fue lo que finalmente se aprobó. Un plazo de algo menos de un mes para que Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) ejecute los ceses o dimisiones de quienes fueron sus coordinadores generales y que tomaron decisiones sobre Caja Madrid y Bankia. Se da así tiempo a que se celebren las primarias abiertas para la elección de los candidatos a las autonómicas y municpales de mayo, que se cierran el próximo 30 de noviembre. Una vez que pase la votación, Madrid deberá cortar cabezas, porque si no lo hace así sí intervendrá, presumiblemente, la cúpula federal.