Tras cuatro meses de bloqueo, Izquierda Unida insiste en solicitar la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, para que explique qué ha hecho el Gobierno contra la "impunidad de la Iglesia católica frente a los abusos a menores". Lo hace de la mano de su portavoz parlamentario y coordinador federal, Alberto Garzón, y su portavoz en la Comisión Constitucional, Ricardo Sixto, que registraron este lunes por la mañana una petición a la Mesa de este órgano para que su presidente, el conservador Jesús Posada —el que también fuera presidente del Congreso de los Diputados—, convoque "con urgencia" a la comisión.
El objetivo es que, por fin, se celebre "una sesión en la que se haga efectiva la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno", explica la formación a través de una nota de prensa. Y es que esta solicitud no es nueva: el pasado 23 de octubre, la Cámara Baja aprobó la comparecencia solicitada por IU. Se dio luz de verde, de este modo, que Calvo aclarase "si el Gobierno va a denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relaciones entre el Estado y la Iglesia católica compatible con los parámetros de un Estado aconfesional y acabar, en particular, con la impunidad de los cargos religiosos frente a los casos de abusos sexuales a menores", según el texto de la iniciativa.
Pero desde entonces, ni Calvo ni Posada "han movido un dedo para sustanciar la convocatoria", denuncia IU. Y eso que, tan solo una semana después de que la Cámara Baja aprobara la comparecencia, Calvo acudió al Vaticano para reunirse con el cardenal Pietro Parolin, con quien trató el tema de los abusos a menores, entre otras cuestiones.
El Gobierno rechaza un informe sobre los abusos
De este modo, el Ejecutivo insiste en su posición de "cerrar las puertas" a cualquier tipo de explicación sobre las actuaciones acometidas en relación a los abusos a menores por parte de altos cargos de la Iglesia católica, denuncia la formación. Y es una posición recurrente. Según recuerda IU, en el mes de diciembre el Gobierno respondió a una pregunta elaborada por la diputada Eva García Sempere y confirmó que "rechaza elaborar o proponer a la jerarquía católica en nuestro país que elabore un informe sobre los centenares de casos de abusos sexuales silenciados durante décadas".
Es, precisamente, lo que se ha hecho en otros países. Por ejemplo, un informe de la Conferencia Episcopal de Alemania documentó 3.677 casos de abusos cometidos por 1.670 religiosos entre los años 1946 y 2014.
Quedan apenas dos semanas para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelva las Cortes y convoque las elecciones anticipadas que anunció el pasado viernes. Será el próximo 5 de marzo. Por tanto, será en estos escasos 15 días cuando la vicepresidenta, en caso de aceptar la petición, tendrá que comparecer en el Congreso para explicar la posición del Ejecutivo.
Se da la circunstancia, además, de que esta misma semana se celebrará en el Vaticano un encuentro para tratar, precisamente, el tema de los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia católica. Por su parte, la Conferencia Episcopal Española, representante de las 70 diócesis, anunció en octubre la creación de una comisión para articular procedimientos de prevención, reparación y castigo.
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Ley de protección a la infancia
No obstante, el PSOE ha intentado abanderar la lucha contra los abusos. En el mes de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Justicia barajaba tres escenarios: que esos delitos fueran imprescriptibles o que la prescripción empiece cuando la víctima cumpla 50 o 30 años. Finalmente, eligieron esta última opción. De este modo, los delitos leves prescribirían a los 35 y los graves a los 45 —prescriben a los 5 o 15 años, dependiendo de su gravedad—.
La normativa, sin embargo, no gustó a las víctimas de pederastia, que la pasada semana se concentraron frente al Congreso de los Diputados para solicitar que la prescripción de los delitos comenzara cuando la víctima cumpliera 50 años. Una reforma que, con la convocatoria de elecciones, podría quedar paralizada.
Tras cuatro meses de bloqueo, Izquierda Unida insiste en solicitar la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, para que explique qué ha hecho el Gobierno contra la "impunidad de la Iglesia católica frente a los abusos a menores". Lo hace de la mano de su portavoz parlamentario y coordinador federal, Alberto Garzón, y su portavoz en la Comisión Constitucional, Ricardo Sixto, que registraron este lunes por la mañana una petición a la Mesa de este órgano para que su presidente, el conservador Jesús Posada —el que también fuera presidente del Congreso de los Diputados—, convoque "con urgencia" a la comisión.