Los diputados de IU Alberto Garzón y Félix Alonso, adscritos al grupo parlamentario de Unidos Podemos, han registrado una iniciativa en el Congreso instando a regular las excedencias voluntarias de los abogados del Estado con el fin de limitar su concesión e impedir que, después de ocupar un cargo público, acaben litigando contra la Administración donde tienen plaza.
En la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, se reclama al Gobierno un "Reglamento específico que regule la actividad del Cuerpo de Abogados del Estado" que, entre otras cosas, garantice que las excedencia voluntarias por interés particular "únicamente" se concederán "cuando las necesidades del servicio así lo permitan".
En ese sentido, se insta a la Administración a asegurar una dotación pública de plazas de sustitución y de titulares adecuada a las necesidades del Estado.
Unidos Podemos exige además que los abogados del Estado no puedan pedir esa excedencia voluntaria hasta después de haber cumplido al menos cinco años de servicios efectivos desde que se accedió al Cuerpo o desde el reingreso en él.
Ni menos de 2 años ni más de 15
Y, al mismo tiempo, reclaman que la excedencia voluntaria por interés particular no podrá durar menos de dos años, ni más de quince. "El período de excedencia habrá de ser igual al de servicios efectivos que hubiera prestado el solicitante en períodos consecutivos o alternos en la función pública, si fuere inferior a quince años", añaden.
Y si el abogado del Estado en situación de excedencia no solicita su reingreso antes del cumplimiento del referido plazo máximo de permanencia, plantea IU, se producirá la pérdida de su condición de funcionario.
Por último, se exige reforzar las competencias y las capacidades inspectoras y sancionadoras de la actual Oficina de Conflictos de Interés para vigilar esas excedencias por interés particular de los Abogados del Estado.
"Debido a la información privilegiada que se hubiera podido manejar o a la situación de ventaja que se hubiera podido obtener, los abogados del Estado que hubiesen solicitado excedencia voluntaria por interés particular deberán someterse a la Oficina de Conflictos de Interés, la cual podrá dictaminar la suspensión de cualquier actividad que conlleve un litigio contra la Administración pública para la que hubieran prestado servicio", añaden.
Los diputados de Izquierda Unida (IU) proponen todo este catálogo de medidas al considerar que los abogados del Estado son los altos funcionarios que más recurren a la solicitud de excedencias para dar el salto a la empresa privada.
250 abogados del Estado trabajan para el sector privado
Pleitean contra el Estado y luego vuelven
Según publicó infoLibre el pasado mes de diciembre, un 38,22% del cuerpo de abogados del Estado está de excedencia trabajando para el sector privado, en su mayoría en grandes bufetes, multinacionales y consultoras o auditoras. En concreto, se ha publicado que 14 de las 35 compañías del Ibex tienen abogados del Estado en excedencia como secretarios del consejo de administración.
Según denuncia la formación de izquierdas, las grandes empresas contratan a estos profesionales para pleitear contra la misma Administración que tan bien conocen y donde tienen grandes contactos, incluyendo a los principales responsables del Ministerio Fiscal; y cuando en esas empresas decretan prejubilaciones, los abogados del Estado vuelven a su plaza y, dadas las carencias de personal, no se les deniega.
Los diputados de IU Alberto Garzón y Félix Alonso, adscritos al grupo parlamentario de Unidos Podemos, han registrado una iniciativa en el Congreso instando a regular las excedencias voluntarias de los abogados del Estado con el fin de limitar su concesión e impedir que, después de ocupar un cargo público, acaben litigando contra la Administración donde tienen plaza.