La izquierda tilda de "atentado democrático" la Ley Ómnibus y amenaza con llevarla al Constitucional
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha superado este jueves con la ayuda de Vox su primera prueba de fuego en la tramitación de la conocida como Ley Ómnibus, la macrorreforma que actúa sobre medio centenar de textos normativos. Sobre la mesa, tres enmiendas a la totalidad de la oposición para devolver el texto al Gobierno madrileño. El debate ha sido intenso. Mientras la derecha ha defendido a ultranza el proyecto al entender que es necesario para "impulsar" la economía regional, el bloque de izquierdas no ha dudado en calificarlo de "atentado democrático". Es más, desde Unidas Podemos se ha amenazado incluso con llevarlo ante el Tribunal Constitucional.
El debate ha arrancado a mediodía. Frente a la Cámara Regional, colectivos ecologistas, vecinales y sindicatos protestaban contra la tramitación del texto con gritos como "¡Privatizar para robar!". En su interior, el consejero de Presidencia, Enrique López, tomaba la palabra. "Es un eficaz instrumento para el impulso de la economía y la modernización de la Administración", señaló durante su intervención el dirigente conservador, quien reprochó al bloque progresista que hace meses les criticasen por tener "poca actividad" y ahora por tener "mucha". "Estamos en una coyuntura que exige un Gobierno audaz y legislaciones corresponsables", aseveró.
Toda la oposición, incluido Vox, coincidió en afear al Ejecutivo regional las "formas" a la hora de tramitar la macrorreforma. "Un texto legal de esta envergadura no se puede presentar ni tramitar como se ha pretendido", afirmó el diputado de la formación ultra Pablo Gutiérrez de Cabiedes. Al fin y al cabo, el anteproyecto fue presentado a las puertas de Navidad y con una "urgencia" que solo daba siete días en plenas fiestas para presentar alegaciones. "Esto empezó con premeditación y alevosía, hurtando la posibilidad de participación", insistió la parlamentaria de Unidas Podemos Sol Sánchez.
Durante todo el debate, López trató de defenderse por esta cuestión. Dijo que se está ante una "minilegislatura" y que tienen un tiempo "muy limitado" para llevar a cabo los cambios normativos que pretende el Ejecutivo madrileño. "Lo sentimos, la vida es así. El anteproyecto se acabó en diciembre y teníamos que presentarlo entonces. Somos un Gobierno que trabaja en Navidades", espetó con ironía desde la tribuna de oradores. Una explicación que no convenció a la oposición. Pablo Gómez Perpinyà diputado de Más Madrid, llegó a tildar el texto de "atentado legislativo" o "una de las mayores estafas democráticas" de la historia de la Comunidad de Madrid.
La Ley Ómnibus es una ambiciosa reforma legal de casi dos centenares de páginas en la que se mete mano a nada menos que 50 textos normativos diferentes: 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. Incluye cambios en todo tipo de ámbitos. En materia urbanística, medioambiental, deportiva, de transparencia o de juegos de azar. También aborda modificaciones en el principal órgano fiscalizador regional, aquel que se encarga de poner la lupa sobre el uso que hace la Administración madrileña de los recursos públicos. Una macrorreforma que elimina tasas y trámites burocráticos con la que el Gobierno cifra en un millón de euros anual el ahorro a los contribuyentes.
La norma que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria da otra vuelta de tuerca más a una liberalización del suelo que se ha convertido en una de las señas de identidad de los conservadores en la región. Se introducen retoques en lo relativo a los denominados proyectos de alcance regional, una categoría que permite urbanizar incluso en zonas protegidas. Además, se legitima que los ayuntamientos puedan autorizar en suelos rurales la "rehabilitación", incluso con "destino residencial y hostelero", de "edificios existentes" aun cuando "se encontrarán en situación de fuera de ordenación" o se sustituye la obligación del promotor de ceder suelo al ayuntamiento para la construcción de dotaciones públicas por el pago de una cantidad monetaria.
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Desde la izquierda centraron buena parte de sus críticas justo en los cambios en materia urbanística y medioambiental. "Vuelven ustedes a lo mismo que hacían Esperanza Aguirre e Ignacio González. Son ustedes un remake", aseveró la diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera. Algo en lo que insistieron Unidas Podemos y Más Madrid, desde donde señalaron que lo que se pretende hacer dando otra vuelta de tuerca a la liberalización del suelo es resucitar el espíritu de Eurovegas bajo el pretexto del impulso económico. "Son un Gobierno inflamable para el medio ambiente", apuntó Perpinyá.
Desde la ultraderecha no ven con malos ojos reducir o eliminar las "trabas burocráticas". Pero otra cosa es disminuir los controles al Ejecutivo de turno. En esas cuestiones, aseguraron, que no cuenten con su voto. Hicieron referencia en este punto tanto a las modificaciones vinculadas a la Cámara de Cuentas como a los cambios en materia de transparencia. Sobre lo primero, la Ley Ómnibus plantea rebajar la barrera parlamentaria para designar a los consejeros del ente que se encarga de controlar el uso que la Administración madrileña hace de los fondos públicos –pasa de los dos tercios actuales a que puedan ser elegidos en último término por mayor número de votos–.
En cuanto a lo segundo, se deja fuera del escrutinio público ciertos encuentros del Ejecutivo madrileño, cuyos altos cargos no estarían obligados, según el texto, a publicar en sus agendas "la actividad de mera cortesía institucional" –la norma ni siquiera pone negro sobre blanco las características que deberían de tener los encuentros para que se entiendan como tal–. Cuestiones que se abordarán en profundidad durante el resto de la tramitación parlamentaria del texto. Un proyecto de Ley que desde Unidos Podemos han amenazado con poner sobre la mesa del Tribunal Constitucional.
