El pueblo ha hablado y ha concluido que no son tiempos de mayorías absolutas. Ni para la derecha ni para la izquierda. El 23J deja un parlamento con un claro empate entre bloques, con las candidaturas nacionalistas o regionalistas en su mínimo histórico —el 8% del total de la Cámara— aunque, paradójicamente, son más decisivas que nunca para decantar la balanza hacia un lado o para forzar una repetición electoral. Aunque el mapa político actual es más complejo que el de 2019, la ausencia de mayorías absolutas ha obligado a los partidos a cambiar su cultura de pactos y a trabajar sus alianzas en cada momento en función de los debates que se plantean.
El Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez lo ha puesto en práctica a lo largo de la legislatura que expira el próximo 17 de agosto, apostando por la izquierda en algunas medidas, entre ellas los Presupuestos Generales del Estado, y echando mano de la derecha en otras, como la prórroga del Estado de Alarma con la ayuda de Ciudadanos o la reforma laboral que salió adelante gracias a la equivocación de un diputado del PP. Una geometría variable que nunca vio con buenos ojos su socio de Gobierno, Unidas Podemos.
Con el resultado de los comicios generales en la mano, la clave de que Sánchez pueda volver a gobernar la tienen Coalición Canaria (CC) y Junts per Catalunya. Si los primeros le dan su apoyo, basta con la abstención de los independentistas. Si los canarios se abstienen o votan en contra, el presidente del Gobierno en funciones necesita el voto afirmativo de, al menos, dos diputados catalanes. Los socialistas son conscientes de lo difícil que resultaría arrancar un sí a Carles Puigdemont y miran primero a Canarias para tratar de conseguir ese apoyo clave que daría una estrechisima ventaja al bloque de la izquierda: 172 (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC) frente a 171 (PP, Vox y UPN).
Tras afirmar que no apoyaría un gobierno de PP ni del PSOE si implicaba la entrada de Vox o de Sumar, la única diputada de CC, Cristina Valido, ha abierto la puerta a apoyar la investidura de Feijóo o de Sánchez si reúnen los apoyos suficientes. “Estaríamos dispuestos a hablar, dentro de nuestra responsabilidad, y a llegar a algún acuerdo puntual, para la investidura, de manera bilateral, con el candidato a la misma”, ha asegurado en una entrevista en El País este martes, en un claro guiño al socialista, que a día de hoy es el único que puede reunir esos números.
La presencia de Sumar ya no es un escollo para Coalición Canaria, que ya ha manifestado que prefiere a los de Yolanda Díaz a la repetición electoral. “Si depende de nosotros romper una situación de bloqueo, evitar una convocatoria de nuevas elecciones, no nos vamos a negar a hablar”, aseguraba Valido en la citada entrevista. Aunque la diputada canaria ha manifestado tener reservas con algunas posiciones de la vicepresidenta segunda en funciones, también ha confesado que está más cerca de ella que de la extrema derecha.
¿A cambio de qué?
La formación dirigida por Fernando Clavijo, presidente de Canarias en coalición con el PP, ya va dejando alguna pista sobre a cambio de qué estaría dispuesta a dar su voto afirmativo, al situar la financiación autonómica y la inmigración como dos cuestiones clave que, a su juicio, “a día de hoy no se están respetando”. Este martes, precisamente, la ministra de Hacienda en funciones y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado en RTVE que la reforma de la financiación autonómica, que también reclaman formaciones como Compromís, es “urgente”.
Con todo, la negociación del nuevo modelo no será fácil y más teniendo en cuenta que el PP gobierna en 12 de las 17 autonomías. Para empezar, PSOE y PP ni siquiera están de acuerdo en el método. Montero defiende que primero ambas formaciones pongan de acuerdo a sus respectivos presidentes autonómicos para unificar criterios y negociar un acuerdo que salga del Congreso con el respaldo de los dos grandes partidos aunque de él se descuelguen formaciones que sólo atienden los intereses de las comunidades que gobiernan —como los independentistas catalanes o los regionalistas cántabros—. Feijóo, en cambio, propone una negociación a 15 bandas, tantas como comunidades afectadas —País Vasco y Navarra tienen su propio sistema— en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para impedir, argumenta, que Sánchez acabe pactando el nuevo modelo mediante acuerdos bilaterales con Cataluña.
Además de la financiación autonómica, hay otras demandas que Coalición Canaria también quiere poner sobre la mesa de negociación como el cumplimiento de su Régimen Económico y Fiscal (REF), los compromisos con la isla de La Palma afectada por la erupción de un volcán en septiembre de 2021 y “un compromiso” para recuperar su “diferencial fiscal”. Desde la formación aseguran que no quieren hacer un planteamiento “ideológico” sino que lo que buscan son contrapartidas para las islas, por lo que tanto les vale dar el apoyo del PSOE como al PP.
Los pactos de CC desde su nacimiento
La paradoja nacionalista y regionalista en el Congreso: la presencia más reducida en 40 años pero más decisiva
La filosofía del CC, expresada por el propio Clavijo, es que no son ni “de derechas” ni “de izquierdas” sino “nacionalistas”, aunque en su ideario también añaden la etiqueta “progresista”. Una indefinición que les ha llevado a apoyar gobiernos de todo color y tipo a lo largo de sus treinta años de historia, desde José María Aznar pasando por Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando irrumpieron en la Cámara Baja en 1993 lo hicieron con cuatro escaños y grupo propio, una cifra que no han vuelto a obtener.
Coalición Canaria votó en contra de la investidura de Felipe González en 1993, a favor de la Aznar en 1996 y también en el 2000. En 2004, tras la victoria de Zapatero, dieron su apoyo al socialista, pero en 2008 se abstuvieron. Una abstención que repitieron en la investidura de Mariano Rajoy en el año 2012, que cuatro años más tarde, en 2016, se transformó en un ‘sí’ al conservador, mientras que su homólogo, Nueva Canarias, votó en contra.
Tras la etapa Rajoy comenzó la de Sánchez, con la moción de censura de 2018. Tras amagar con votar en contra al principio, Coalición Canaria finalmente se abstuvo. En 2019, tras la victoria de Sánchez en los comicios de noviembre, el Consejo Político de la formación acordó abstenerse, pero su diputada Ana Oramas decidió romper con la disciplina de partido y votó en contra, exponiéndose a su expulsión, que finalmente se zanjó con una multa de 1.000 euros.
El pueblo ha hablado y ha concluido que no son tiempos de mayorías absolutas. Ni para la derecha ni para la izquierda. El 23J deja un parlamento con un claro empate entre bloques, con las candidaturas nacionalistas o regionalistas en su mínimo histórico —el 8% del total de la Cámara— aunque, paradójicamente, son más decisivas que nunca para decantar la balanza hacia un lado o para forzar una repetición electoral. Aunque el mapa político actual es más complejo que el de 2019, la ausencia de mayorías absolutas ha obligado a los partidos a cambiar su cultura de pactos y a trabajar sus alianzas en cada momento en función de los debates que se plantean.