José Castro: "No veo factible una rebaja de penas con la que el TS evitase el ingreso en prisión de Urdangarin"

"Jurídicamente, no veo factible la absolución ni una rebaja de penas que evitase la entrada en prisión de Iñaki Urdangarin ni de Diego Torres". Quien lo afirma, a una semana de la vista donde el Tribunal Supremo escuchará el día 21 los argumentos de todas las partes antes de dictar la sentencia definitiva del caso Nóos, es José Castro, ahora recién jubilado y durante cinco años juez instructor de la causa que zarandeó los cimientos de la monarquía.

En una conversación telefónica mantenida este miércoles con infoLibre, Castro subraya que, en todo caso, "los argumentos jurídicos" operan en favor de un aumento de las penas impuestas hace un año por la Audiencia de Palma en una resolución que el exmagistrado define como "muy benévola": seis años y tres meses de reclusión para el cuñado del rey y ocho años y medio para su antiguo socio, Diego Torres. Ambas condenas, por malversación, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y delito fiscal –más blanqueo en el caso de Torres–, tienen su origen en los convenios suscritos en 2005 y 2006 con el Gobierno de Baleares por el Instituto Nóos y que reportaron al entramado tejido por Urdangarin y Torres 2,3 millones.

En su recurso, la Fiscalía pide al Supremo que aumente a 10 años las penas para el marido de Cristina de Borbón y a doce y medio las de Torres. El ministerio público también reclama la condena de cuatro ex altos cargos de la Generalitat valenciana absueltos por el tribunal de Palma. "Si la trama balear ha sido condenada, hay argumentos para que también lo sea la valenciana", dice Castro. Y añade algo más al respecto:  "Descarto que la absolución de la trama valenciana juegue a favor de los políticos condenados de Baleares". Los convenios firmados con la Generalitat valenciana aportaron 3,2 millones a la trama Nóos.

Aunque Castro mantiene un discurso granítico, él mismo lanza un aviso: "Creo que el Supremo no le va a dar carnaza a la gente para que la gente no piense mal. Si considera que tiene que absolver lo hará, y así es como tiene que ser: yo no participo de que el Supremo se guíe por el clamor de la calle ni creo que lo vaya a atender. Y si considera que debe absolver le importará un bledo lo que puedan decir los ciudadanos de su sentencia, porque no le importó cuando se condenó a Jaume Matas y esa condena acabó con una pena de nueve meses por un delito menos grave de tráfico de influencias tras excluir un delito de malversación y otro de fraude a la Administración". En 2013, el alto tribunal libró a Matas de la cárcel al rebajar de seis años a nueve meses su condena por el llamado caso Alemany, uno más en el abultado racimo de episodios de corrupción que giran en torno al antiguo líder del PP balear.

"Como el tema de la hermana del rey no se ha planteado..."

Lo anterior no obsta para que a lo largo de la charla Castro recalque una y otra vez que no alberga la menor duda de que con la ley en la mano resultan imposibles tanto la absolución como una rebaja sustancial de penas que permitiera a los dos principales condenados eludir el ingreso en la cárcel. "No veo factible –aduce– una rebaja de penas que evitase la entrada en prisión de Urdangarin ni de Torres porque ya la sentencia de Palma fue muy benévola, estaba al límite de la benevolencia. En todo caso veo factible un incremento. Si estuviéramos en una franja muy, muy límite para que se les pudiera aplicar la remisión condicional de la condena [cuando la sentencia impone un máximo de dos años de cárcel] a lo mejor el tribunal haría un esfuerzo para que, rebajándoles unos meses, se les evitara el ingreso en prisión". 

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El exmagistrado introduce en ese punto el elemento que antes y después de la sentencia dictada por el tribunal balear más agrietó la confianza ciudadana en la justicia: Cristina de Borbón. "Con argumentaciones jurídicas no adivino la absolución. Si estuviéramos hablando de la infanta a lo mejor podríamos decir: 'Pues sí, hay argumentaciones extrajurídicas'. Pero como el tema de la hermana del rey no se ha planteado…"

Con esa elipsis Castro alude a que no haya sido objeto de recurso la absolución de la hermana de Felipe VI, que compartió banquillo con su marido acusada de delito fiscal pero solo por Manos Limpias y con la oposición expresa de la Fiscalía. La batalla en torno a la imputación de la infanta dinamitó lo que parecía un tándem indestructible, el que durante años formaron José Castro como juez y Pedro Horrach como fiscal Anticorrupción. Muy afectado por la tormenta de reproches e insultos que le granjeó su estrategia para convencer a los tribunales de que la infanta no había cometido ningún delito, Horrach abandonó la Fiscalía en abril de 2017.

En abierta oposición a la Fiscalía, el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias ejerció la acusación popular en el proceso. Desarticulado en la práctica en la primavera de 2016, mientras aún se celebraba el juicio de Nóos, sus principales dirigentes aguardan ahora su propio juicio por varios delitos, entre ellos el de la presunta extorsión a los abogados de la infanta para retirar la acusación a cambio de dinero.