La decisión del juez de guardia de dejar en libertad provisional a Juana Rivas horas después de ser detenida por la Policía Nacional tras comparecer en los juzgados de Granada mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la mujer y de sus dos hijos, de 10 y 3 años. Los menores fueron traídos por ella de Italia a España el verano pasado sin consentimiento de su padre, Francesco Arcuri, condenado por malos tratos en 2009 y con el que Rivas retomó la relación. La mujer, que permanecía desaparecida desde el 26 de julio para no entregar a los menores a su progenitor, reconoció que está en "un callejón sin salida con consecuencias irreparables".
¿Qué ocurrirá con los menores? ¿Volverán con su padre a Italia en ejecución de la sentencia que considera probado que la madre incumplió el Convenio de La Haya al traerlos a España? ¿Se quedarán en España con ella? ¿Intentará Rivas negociar con Arcuri? Lo poco que está claro, tal y como reiteró este martes el juez de guardia, que no entró en el fondo del asunto, es que sigue vigente la entrega de los niños al padre tal y como han acordado los tribunales tanto por la vía civil como por la penal. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre sostienen que mientras los menores sigan en paradero desconocido los tribunales no pueden tomar más medidas de las acordadas hasta la fecha.
La abogada Isabel Elbal, que ha seguido el caso, cree que el hecho de que Rivas se haya presentado en sede judicial es "una buena salida por su parte" y un primer paso relevante para "desbloquear la situación". "Esto le permite, cuando la denuncia llegue a la Justicia italiana, lo que ocurrirá en breve, presentarse como una persona responsable que acude a comparecer y no como una prófuga. Eso es importantísimo", asegura.
Batalla legal
La batalla legal de Rivas por sus hijos frente a su expareja se remonta a diciembre de 2016, cuando el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada decretó la entrega de los niños a su padre después de que este denunciara que la mujer se los había llevado sin su consentimiento incumpliendo el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, el conocido como Convenio de La Haya, de 1980. Según explicó Rivas a infoLibre el pasado abril "el detonante del regreso" fue "una situación diaria de opresión, aislamiento y maltrato durante más de dos años".
La sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada señala que la "retención" en España de los dos menores es "ilícita", entre otros motivos, porque no había "un consentimiento previo" del padre para su traslado definitivo a España. El fallo establece que no hay "un peligro grave físico o psíquico" para ellos en la convivencia con el padre e invoca una prueba pericial por la que el hijo mayor manifiesta "que quiere vivir con su madre, aunque no le importaría pasar el verano con su padre en la isla". "No se observa a lo largo de la evaluación con el menor que su restitución al contexto paterno suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica", señala la sentencia.
Esta misma jueza del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada señaló este martes que son los tribunales italianos los competentes en resolver la cuestión de la patria potestad de los progenitores. La magistrada sí acordó la retirada del pasaporte de los menores, así como la prohibición de que salgan del territorio Schengen sin autorización de su padre o de la Justicia, una medida que también solicitó la Fiscalía tras escuchar el lunes a las dos partes. De hecho, las fuentes jurídicas consultadas creen que el único nuevo requerimiento que se le puede hacer a Rivas es que entregue los pasaportes de los menores.
La Audiencia de Granada ratificó en abril la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada. Señaló que los niños tenían que volver con su padres en un fallo que debió ejecutarse el 26 de julio, pero que Rivas incumplió alegando que existía un "peligro" para ellos. "No cabe tomarse la justicia por propia mano", advertía la sentencia. "Los menores, hijos de la apelante, y, no lo olvidemos, también de su padre, residen en Italia desde el año 2013, el menor desde su nacimiento, y están sujetos a las normas de aquel país", subrayaba el fallo.
El pasado 28 de julio Arcuri la denunció por "sustracción internacional" de menores dando lugar al procedimiento penal en Juzgado de Instrucción 2 de Granada por el que Rivas fue detenida este martes por la Policía Nacional. De hecho, en el auto dictado este martes, el juez de guardia se inhibe a favor de dicho juzgado, que la seguirá investigando por los presuntos delitos de sustracción y retención ilegal de menores y desobediencia a la autoridad judicial.
Ampliación de la denuncia
Por otro lado, la asesora legal de Rivas, Francisca Granados, comunicó este martes que la defensa de la mujer ha ampliado la denuncia presentada en julio de 2016 con la acusación de "maltrato psicológico" por entender que su expareja, Francesco Arcuri, habría llevado a cabo "la amenaza de que si lo abandonaba sería perseguida a través de abogados". "Toda esa instrumentalización de la Justicia se presenta con pruebas de los informes de las profesionales que han atendido a Juana", aseguró Granados.
La Fiscalía no recurre el rechazo del Constitucional a amparar a Juana Rivas
Sus asesores jurídicos mantienen que Rivas es víctima de "errores judiciales". Se refieren, en concreto, al hecho de que esa denuncia que la mujer presentó en julio de 2016 –cuando llegó a España con los menores– no fuera remitida a Italia hasta el pasado 3 de agosto, más de un año después de su presentación. La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó asumir la investigación porque la jurisdicción española no es competente en delitos y faltas cuyo denunciado es italiano y residente en Italia y avisó a Rivas de que debía presentar la denuncia en su lugar de residencia. Este auto no fue recurrido por ninguna de las partes afectadas ni por Fiscalía. No obstante, a petición de la Fiscalía, inició en marzo los trámites para traducir al italiano la denuncia y la acabó remitiendo a Italia hace tres semanas.
La entrega de dos menores a un padre condenado por maltrato ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la protección a los hijos de las víctimas de violencia machista. Arcuri fue condenado en 2009 por un juzgado penal de Ganada por "lesiones en el ámbito familiar" por "golpear repetidamente" a Rivas. El acusado dio su conformidad con los hechos establecidos, según los cuales el 7 de mayo de 2009, cuando Rivas llegó a las 5.30 horas al domicilio que ambos compartían en Granada, él le pidió que le explicara dónde había estado durante la noche, tras lo cual la golpeó "repetidamente", por lo que la mujer necesitó asistencia médica.
Arcuri fue condenado a tres meses de prisión y a un año y tres meses sin poder acercarse a Rivas. No entró en la cárcel. Tras un periodo de separación, retomaron su relación, fueron a vivir juntos a la isla de Carloforte, al suroeste de Cerdeña, y tuvieron un segundo hijo. En la sentencia de la Audiencia de Granada del pasado abril se detalla que otras dos denuncias por amenazas de Rivas contra su expareja no se concretaron en responsabilidades del padre de los menores y fueron archivadas.
La decisión del juez de guardia de dejar en libertad provisional a Juana Rivas horas después de ser detenida por la Policía Nacional tras comparecer en los juzgados de Granada mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la mujer y de sus dos hijos, de 10 y 3 años. Los menores fueron traídos por ella de Italia a España el verano pasado sin consentimiento de su padre, Francesco Arcuri, condenado por malos tratos en 2009 y con el que Rivas retomó la relación. La mujer, que permanecía desaparecida desde el 26 de julio para no entregar a los menores a su progenitor, reconoció que está en "un callejón sin salida con consecuencias irreparables".