Durante 2019, los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 42 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 253 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. En total, los órganos judiciales dictaron 91 sentencias en todo el territorio nacional, de las que 65 fueron total o parcialmente condenatorias.
Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el repositorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente al último trimestre del pasado año. Se trata de la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
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Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).
De las personas acusadas por este tipo de delitos, la Región de Murcia es la que registró el mayor número, un total de 84; seguida de la Comunidad Valenciana, con 42; Cataluña, con 38; Andalucía, con 23; Madrid, con 21; Baleares, con 19; y Galicia, con 15, tal y como consta en el repositorio del CGPJ. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los juzgados y tribunales dictaron un total de 91 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 65 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 71,42 por ciento del total. Las 26 restantes, el 28,57 por ciento, fueron absolutorias.
La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias --tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados--.
Durante 2019, los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 42 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 253 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. En total, los órganos judiciales dictaron 91 sentencias en todo el territorio nacional, de las que 65 fueron total o parcialmente condenatorias.