El Protocolo de la Vergüenza que la Comunidad de Madrid puso en marcha en lo peor de la pandemia es "cuestionable". Sus "consecuencias", además, "no fueron valoradas bien por la autoridad política". Sin embargo, no cabe investigar penalmente las muertes que se produjeron sin asistencia médica tras la aprobación de esas órdenes. Así lo ha entendido el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, que archivó en una sentencia emitida el pasado 3 de febrero los fallecimientos de varios ancianos en dos centros de la región.
Llevaban años siendo investigados. En concreto, el procedimiento se abrió en 2021 tras siete querellas interpuestas por familiares de los fallecidos en el centro privado Amavir Arganzuela y en el público Adolfo Suárez. En la primera, según la información oficial obtenida por este periódico a través del Portal de Transparencia, perdieron la vida 62 personas en las cuatro semanas más críticas –del 9 de marzo al 5 de abril– y sólo se produjeron ocho traslados. En la segunda, por su parte, murieron en ese mismo lapso de tiempo 79 personas y tan sólo se registraron tres derivaciones. La primera se produjo el 27 de marzo, tras 22 días sin que hubiera una sola salida de residentes del centro público al hospital. Y las otras dos fueron el 5 de abril.
El juez, en este sentido, recordó en su auto que en el momento de los hechos "los hospitales estaban saturados, desbordados más bien". "No se sabía cómo curar la enfermedad, no se diponían de medios", añadió. Sin embargo, continuó, las dos residencias investigadas contaron "con atención médica y asistencia, medicación e incluso oxígeno". Por eso no cabe ni el delito de omisión del deber de socorro ni el de homicidio imprudente que las familias plantearon al juez, que insiste: se puede criticar la orden de no trasladar a los enfermos a los hospitales, pero es que la situación en estos era "deficiente". "Se atendió a los residentes de la mejor manera que se pudo, teniendo en cuenta las excepcionales y desgarradoras circunstancias que todos sufrimos en esos momentos y que no deben olvidarse", explicó el juez.
Por eso concluyó que los encargados de la residencia y los sanitarios no pueden ser castigados penalmente. Y los responsables de esos protocolos que también tacha de "confusos" y "cambiantes" tampoco por, fundamentalmente, estar aforados.
El personal confirmó que el Protocolo de la Vergüenza impedía derivar
En cualquier caso, del auto se extrae la conclusión de que el famoso Protocolo de la Vergüenza que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado tantas veces de borrador era de obligado cumplimiento.
Las fiscalías aceleran la investigación de muertes en residencias de Madrid para evitar que prescriban
En el marco de este procedimiento, de hecho, declararon el que fue consejero de Políticas Sociales hasta octubre de 2020, Alberto Reyero, y el que ocupó el cargo de director general de coordinación sociosanitaria de la región, Carlos Mur. El primero concluyó que el protocolo efectivamente condenó a la muerte a los ancianos; el segundo, que sólo era una guía.
Pero también en la misma causa acudieron ante el juez las directoras de los centros y personal médico. Y no tuvieron dudas: cuando intentaban que se trasladase a los enfermos a los hospitales de referencia los geriatras decían que no era posible por el "protocolo" establecido.
Si cierra con esta una puerta más para los familiares de las 7.291 personas que murieron en las residencias de Madrid entre marzo y abril de 2020 sin poder recibir asistencia médica. Contra la decisión, no obstante, cabe recurso, aunque también podría llevarse ante los tribunales por la vía civil, como de hecho destaca el juez en su sentencia.
El Protocolo de la Vergüenza que la Comunidad de Madrid puso en marcha en lo peor de la pandemia es "cuestionable". Sus "consecuencias", además, "no fueron valoradas bien por la autoridad política". Sin embargo, no cabe investigar penalmente las muertes que se produjeron sin asistencia médica tras la aprobación de esas órdenes. Así lo ha entendido el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, que archivó en una sentencia emitida el pasado 3 de febrero los fallecimientos de varios ancianos en dos centros de la región.