El magistrado Javier Gómez Bermúdez ha sentado en el banquillo al exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y al expresidente de la comisión de control de la entidad financiera Ramón Avilés, así como a otras 22 personas, según un auto hecho público este martes por la Audiencia Nacional.
El juez Bermúdez adopta esta decisión después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) solicitaran penas de prisión para ambos directivos. En concreto, López Abad tendrá que enfrentarse en el juicio a las acusaciones de apropiación indebida, administración desleal y delito societario. Por su parte, Ramón Avilés se enfrenta a los delitos de apropiación indebida, otorgamiento de contrato simulado, administración desleal y un delito societario. Los otros 22 acusados se incluyen en el auto como partícipes a título lucrativo.
Pero además de las penas de cárcel, López Abad y Avilés tendrán que depositar fianzas por un valor de 1,9 y 6,6 millones de euros, respectivamente. López Abad se enfrenta a penas de entre 4 y 14 años de prisión mientras que Avilés podría ser condenado a entre 2 años y seis meses y 16 años y seis meses de cárcel, de acuerdo con los escritos de acusación provisionales presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la propia CAM a través del Fondo de Restructuración Ordenado Bancario (FROB), informa Europa Press.
El magistrado designa además, como partícipes a 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de la Tenedora de Inversiones, participada por la CAM, a los que acusa de haber cobrado dietas de entre 9.000 y 308.000 euros. También considera partícipes a título lucrativo a la mujer, el hermano y dos hijos de Avilés.
Según precisan Anticorrupción y el FROB en sus escrito a partir del año 2005, el acusado López Abad, que había sido nombrado director en 2001, "buscó la fórmula para superar límites retributivos fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos".
Entre las maniobras que llevó a cabo con la intención de sobrepasar los límites económicos establecidos por los estatutos de la caja, López Abad dió los pasos necesarios para la creación de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI) y que debía funcionar como Comisión de Control de todas las empresas participadas por la caja.
En opinión de la Fiscalía este órgano "fue un mero y burdo instrumento ideado por López Abad para permitir que los miembros de la Comisión de Control de CAM "cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa sobre Cajas de Ahorro y los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones".
La Junta General de TI, reunida el 26 de junio de 2006 acordó doblar las anteriores retribuciones y estableció para el segundo semestre de 2006 una 'dieta' de 16.400 anuales --frente a los 8.200 que tenía establecida la caja hasta ese momento-- y para los años sucesivos de 32.800. Un año después ratificó las anteriores retribuciones y estableció que los "cargos internos" cobrarían el doble.
En 2008 TI acordó elevar la anterior "dieta" a la cantidad de 80.000 euros anuales para el presidente, cargo que había asumido para entonces Juan Ramón Avilés, 40.000 anuales para el vicesecretario y el secretario, y 20.000 anuales para el resto de los miembros. En septiembre de 2011 la Comisión de Seguimiento y Control de TI fue suprimida, y todos sus miembros cesados, por decisión de los administradores provisionales de CAM designados por el FROB.
La Comisión se reunió en 16 ocasiones y en todos estos encuentros y con excepción de los casos en que procedía hacer algún nombramiento dentro de la propia estructura, "la actitud de sus miembros fue meramente pasiva, limitándose a escuchar las informaciones facilitadas por el administrador de la sociedad, sin que en ninguna de las actas de estas reuniones conste una sola aportación sustantiva que los miembros de esta Comisión hicieran para el efectivo seguimiento y control de la sociedad". Avilés llegó a cobrar en concepto de dietas un total de 308.700 euros. Él y otros 20 integrantes del órgano, dos de ellos fallecidos, cobraron casi 1,5 millones de euros.
Simulación de venta
El escrito también recoge la participación de ambos exdirectivos en una simulación de venta de acciones de la sociedad 'La Vereda de Sucina', dedicada a inversiones inmobiliarias, por parte de la esposa de Avilés a la hermana de éste a través de un pago de 90.000 euros que la compradora ficticia había sido ingresado previamente.
Esta operación causó una pérdida de 4,91 millones de euros al Banco CAM, sucesor del negocio de la caja de ahorros, después de que la entidad desistiera de solicitar los créditos concedidos a la empresa, que fueron autorizados por el Consejo de Administración y el Instituto Valenciano de Finanzas.
El Banco Sabadell, que adquirió la CAM por un euro, informó el 27 de noviembre de 2013 que los préstamos concedidos a 'La Vereda de Sucina' fueron refinanciados en abril de 2011 y se encuentran actualmente "impagados".
La investigación partió de un informe del Banco de España emitido el 25 de enero de 2012 en el que se apuntaba que Avilés habría cobrado dietas irregulares entre los años 2007 y 2011 y obtuvo "créditos en condiciones ventajosas" para empresas vinculadas a su familia.
El magistrado Javier Gómez Bermúdez ha sentado en el banquillo al exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y al expresidente de la comisión de control de la entidad financiera Ramón Avilés, así como a otras 22 personas, según un auto hecho público este martes por la Audiencia Nacional.