La imputación de Joaquín Bascuñana, el actual delegado del Gobieron en Murcia, era un secreto a voces después de que el fiscal anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, elevara al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) un escrito en el que apuntaba la responsabilidad del que fuera consejero de Obras Públicas en la reclasificación de uno de los últimos terrenos vírgenes del Mar Menor.
Apenas unos días después de recibir el escrito del representante del Ministerio Público, el magistrado que instruye el caso ha dictado un auto, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que se asegura: "Al proceso debe ser llamado como imputado, el que en 31 de marzo de 2005 era consejero de Obras Públicas y Urbanismo y firmó la aprobación definitiva de la modificación puntual del plan general Cartagena en San Ginés de la Jara", para construir una macrourbanización de 9.000 viviendas denominada Novo Carthago, en referencia a Joaquín Bascuñana, que ahora es el delegado del Gobierno en la Región de Murcia.
Actuación "prevaricadora"
Según el tribunal, la resolución firmada por Bascuñana "puede ser prevaricadora al aprobar una reclasificación a suelo urbanizable de un espacio natural protegido", lo que supone de facto la "voladura de las leyes estatales y autonómicas en materia de Medio Ambiente", explica el auto.
El auto sostiene que la actuación de Bascuñana y de otros integrantes del Gobierno murciano presidido por Ramón Luis Valcárcel, podría suponer un delito de prevaricación continuada, en el que se produce una serie de actos sucesivos, todos ellos concatenados, "no pudiendo entenderse la última resolución de Bascuñana sin las anteriores y ninguno es intrascendente para conseguir el fin pretendido, todos son necesarios y esenciales".
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Cargos regionales
En el delito de prevaricación, presuntamente cometido por Bascuñana, también participaron, según el auto, varios cargos del PP murciano, pues ayudaron a reclasificar unos terrenos cuyo suelo "era y es un suelo no urbanizable de protección especial y a través de la intervención de todos ellos lograron por medio de resoluciones e informes notoria y manifiestamente ilegales reclasificarlo a urbanizable, con absoluto desprecio y pretensión de todo el ordenamiento jurídico medioambiental y las leyes de Protección de la Naturaleza que son de inexcusable cumplimiento, por lo que deben ser llamados al proceso penal como imputados Luis Romera Agulló, Manuel Alfonso Guerrero Zamora, Antonio Alvarado y José María Bernabé".
Además, el consejero de Agricultura murciano, Antonio Cerdá, tendrá que volver a declarar como imputado en el TSJ de Murcia. En la misma resolución, se da la facultad a la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, Pilar Barreiro, de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de las actuaciones y declarar voluntariamente, ya que es aforada, como imputada por el delito de prevaricación ante el magistrado-instructor. En la parte dispositiva se pide que se acredite documentalmente su condición de diputada nacional.
La imputación de Joaquín Bascuñana, el actual delegado del Gobieron en Murcia, era un secreto a voces después de que el fiscal anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, elevara al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) un escrito en el que apuntaba la responsabilidad del que fuera consejero de Obras Públicas en la reclasificación de uno de los últimos terrenos vírgenes del Mar Menor.