El juez ignora a Pablo Casado como objetivo de los CDR a pesar de la insistencia del líder del PP

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha excluido cualquier mención específica al presidente del PP, Pablo Casado, como objetivo de los trece miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo. Al contrario de lo que hizo la Guardia Civil, que en uno de sus informes incluía nombres y apellidos de políticos a los que los detenidos habían buscado en Google, el magistrado ha optado por dejar fuera esta alusión concreta y, de hecho, sólo cita las búsquedas en Internet una única vez, pues da más importancia a los posibles objetivos que el supuesto grupo terrorista tenía en empresas, instituciones públicas, cuarteles de la Guardia Civil o instalaciones eléctricas, a la vista de la investigación realizada en más de dos años.

Casado no era el único político que aparecía mencionado en el informe de la Guardia Civil, pero fue el que más lo utilizó en su estrategia de oposición al Gobierno, presentándose como víctima y acusando al Ministerio del Interior de ocultarle que los detenidos le habían buscado en Google. Lo cierto es que ahora el juez García Castellón ni le menciona en su auto de procesamiento, pero el líder de los conservadores sigue insistiendo en esta idea. Incluso, anunció que utilizaría este argumento para solicitar su legitimidad en un recurso ante el Tribunal Supremo contra los indultos a los líderes del procés.

El informe del Instituto Armado, incorporado a la causa contra los detenidos de los CDR el pasado mes de junio, explicaba que los investigadores habían constatado que uno de los sospechosos había realizado búsquedas en internet a través de sus dispositivos de datos relativas a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y a un agente del cuerpo de Mossos d'Esquadra, lo cual tendría como "objetivo la posible realización de una acción contra dichas personas o bienes". Los agentes mencionaban a Casado, Manuel Valls, entonces concejal del Ayuntamiento de Barcelona, o José Manuel Villegas, ex secretario general de Ciudadanos, entre otros.

De una sola mención, Casado hizo una auténtica estrategia política para tratar de desgastar al Gobierno. Llegó a decir que los detenidos querían "atentar" contra miembros del PP y a establecer una conexión entre los investigados por la Audiencia Nacional con los dirigentes independentistas: "Creo que en este caso podemos decir que si los CDR son la continuación del 1 de octubre, si son aquellos a los que el señor Torra les decía seguid apretando, y son aquellos que reportaban sus acciones al presidente de la Generalitat, al que apodaban Gandalf, podemos decir que somos parte perjudicada", explicó para justificar su estrategia en el Supremo contra los indultos.

"Sólo pusieron su nombre en Google"

Desde el Gobierno, enseguida rebajaron las afirmaciones del líder del PP. "Seamos absolutamente serios, simplemente pusieron unas personas su nombre en Google", dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una comparecencia en el Congreso en la que explicó que las fuerzas de seguridad tienen suficiente experiencia en valorar objetivos terroristas como para saber que una búsqueda en Internet no es una amenaza. Por eso, acusó al partido conservador de "utilizar todo" en su beneficio y "atacar la profesionalidad" de jueces, fiscales y también de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que valoran este tipo de amenazas.

Esta semana, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado el auto de procesamiento en la causa contra trece miembros de los CDR por supuesta pertenencia a organización terrorista y aunque coincide en muchas de sus argumentaciones con las conclusiones de la Guardia Civil, en relación a las búsquedas de políticos ya no menciona a ninguno en concreto y se limita a la frase genérica: "Además de los anteriores objetivos, Jordi Ros Solá ha realizado diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos, de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente del cuerpo de Mossos d'Esquadra".

El juez procesa a trece presuntos miembros de los CDR por pertenencia a organización terrorista

Ver más

Y aún así, el presidente del PP continuó el pasado martes, cuando saltó la noticia de que el magistrado proponía juzgar a la presunta célula terrorista, insistiendo en que "miembros del PP" eran "objetivo" de los sospechosos y exigía "responsabilidades" al Ejecutivo por no haber informado al partido. Así lo afirmó en un mensaje de Twitter, en el que destacaba también que los detenidos son jaleados por el Govern de Cataluña, que lideran "los socios de Pedro Sánchez".

El auto de procesamiento de García Castellón, de 45 páginas, sólo habla de "políticos", en genérico, en el mencionado párrafo y para hablar de búsquedas en Internet, no de recopilación de información suficiente para considerarlo una amenaza. Por el contrario, sí insiste más en otras actividades de los sospechosos que habrían estado dirigidas a actuar contra "infraestructuras críticas o lugares sensibles", donde habrían hecho "reconocimientos de zona" con fotografías y videos de sus instalaciones y cámaras de seguridad, con "sustancias incendiarias, deflagrantes y explosivas" que estarían tratando de fabricar.

De este modo, el juez pone numerosos ejemplos de las supuestas intenciones de los procesados, como que los investigadores hallaron en el domicilio de uno de ellos un fichero de 183 páginas que se corresponde con un informe ambiental de la empresa Red Eléctrica de España o que uno de los sospechosos inspeccionó un centro logístico de la empresa Amazon "como posible objetivo de sabotaje". También habla de cuarteles de la Guardia Civil y el Parlamento catalán.