Un juez investiga quién está detrás del gigante de la sanidad privatizada en Madrid

La Justicia ha asestado un primer varapalo al proceso de privatización de la Sanidad en la Comunidad de Madrid. Imputa a nueve personas, entre ellas los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes, por ocho delitos supuestamente cometidos en el proceso de externalización de la gestión de los primeros hospitales, cuya construcción impulsó Esperanza Aguirre a su llegada al poder, en 2003. Pero en el auto de 14 folios por el que el juez admite a trámite la querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) figura una diligencia clave: una comisión rogatoria internacional a las autoridades de Luxemburgo, "a fin de que informen de los accionistas, socios, administradores y apoderados de la compañía HC Investments BV y de su conexión con algún grupo de empresas". 

Lo que quiere el magistrado titular del Juzgado número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, es tirar de un hilo, saber quién está detrás del gigante de la sanidad privatizada en Madrid, Capio (ahora IDCSalud). Porque HC Investments BV controla el 100% de Capio Sanidad Holding SL, la cabecera en España del grupo, de la que cuelgan 12 sociedades. A su vez, HC Investments BV está controlada al 100% por una empresa radicada en Luxemburgo, HC Investments Sàrl. Y si se sigue hacia arriba, se encuentran otras dos compañías instrumentales luxemburguesas. El último cabo de la compleja estructura internacional de Capio se encuentra en las Islas Caimán, conocido paraíso fiscal, tal y como desveló infoLibre el pasado 7 de marzo. Capio nunca ha explicado por qué un grupo empresarial dedicado a un negocio como la gestión privada de la sanidad pública necesita ocultarse en una red de sociedades en su mayoría limitadas que remite, en última instancia, al archipiélago caribeño. 

Se da la circunstancia de que la sede de HC Investments BV está en Holanda, no en Luxemburgo. La que está en Luxemburgo es la citada HC Investments Sàrl, que controla al 100% la primera. Las fuentes consultadas por este diario restan relevancia a este aspecto porque el juez puede emitir un auto de aclaración en los próximos días en el que precise o modifique la redacción de ese punto, el envío de la comisión rogatoria internacional. 

Complementariamente, Sexmero también se dirige al Registro Mercantil de Madrid "para que aporte certificación de los domicios sociales y de los accionistas o socios de las compañías" Capio Sanidad SL, Desarrollos Empresariales Piera SL y Poitiers Develops SL. También reclama a los gerentes de 14 hospitales madrileños –públicos y privados– los datos de la facturación intercentros (las consultas u operaciones de pacientes adscritos a unos centros que sin embargo son derivados a otros). Una cifra clave que la Comunidad jamás ha desgranado y que es capital para conocer por qué, como dice la Consejería, es más barata la gestión externalizada que la pública. 

La resolución judicial supone en fin la investigación, por ocho delitos, de la actuación de Lamela y Güemes, la viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Patricia Flores –antes directora general de Atención Primaria–; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño, y los representantes de la Fundación Jiménez Díaz, Grupo Ribera Salud, Capio Sanidad, Unilabs y Asisa. Nueve imputados en total.

El instructor, Sexmero, fue portavoz de la moderada Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y hace poco más de un mes decidió archivar la causa contra los activistas que promovieron el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con el argumento de que la concentración ante el domicilio de un político "entra en el ámbito de la libertad de expresión". 

PSM: "El Gobierno quiere jugar al 'monopoly' con la sanidad"

El PSM, cuya personación como acción popular admite el juez Sexmero en su auto, celebró que la Justicia decida tirar del hilo de la tupida red societaria que envuelve Capio, una de las grandes beneficiadas de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, de quien recibe el 60% de sus ingresos. "El magistrado ha hecho un trabajo muy profesional, riguroso y sólido", aseguró en declaraciones a este periódico José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en la Asamblea regional. 

Tomás Gómez, el líder del PSM, pidió la paralización inmediata del proceso de externalización de seis hospitales ya en marcha impulsado por el Ejecutivo de Ignacio González: "La decisión judicial confirma las sospechas que ya teníamos de que el proceso de privatización y desmantelamiento de la sanidad madrileña está rodeado de mucho oscurantismo y de muchas irregularidades. Lo que debería hacer un Gobierno sensato es paralizar el proceso. El Gobierno ha querido jugar al monopoly con la sanidad de todos los madrileños y están viéndose las consecuencias". Sexmero rechaza en su auto la medida cautelar de suspensión de todo el proceso privatizador. 

El secretario general subrayó que la conocida este viernes es la primera de una "batería de medidas judiciales" que ha iniciado su partido "de la mano de los ciudadanos" –recursos contencioso administrativos, ante el Tribunal Constitucional– y que seguirán. De hecho, recordó, el miércoles llevará a Bruselas una denuncia ante la Comisión Europea. Asimismo, insistió en que si llega al Gobierno revertirá todas las concesiones, demanda completamente en línea con lo que plantea la dirección federal del PSOE. 

IU y UPyD no han podido impugnar ante el TC la privatización, pero sí han solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente el recurso.

"Maniobra del PSOE y de su sindicato AFEM"

Como Gómez, Rubén Bejarano, portavoz de Sanidad de IU en la Asamblea, reclamó a González que paralice de forma urgente todo el proceso de privatización de los seis hospitales madrileños. La admisión a trámite de la querella de AFEM confirma que la estrategia desplegada por la Comunidad es un "escándalo" que supone un cambio en el modelo de sanidad, que dejará de ser "pública, universal y gratuita", y que rechazan tanto los tres grupos de oposición de la Cámara como profesionales sanitarios, instituciones y ciudadanos. La externalización "sólo va a beneficiar a empresas privadas mientras que los profesionales trabajarán en peores condiciones", remachó en un comunicado. 

La Comunidad de Madrid reaccionó como si nada pasara. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, rebajó el auto de Sexmero a un mero "trámite". Defendió que la licitación se hizo "con arreglo absolutamente a los principios de la ley". "Es una maniobra política más del PSOE y de su sindicato AFEM, que no tiene mayor significado", señaló, displicente. Lo que va a hacer el juez es "examinar las acusaciones que hace el PSOE y su sindicato afín", y "en modo alguno se refiere a ningún tipo de decisión por parte del juez ni nada parecido".