El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha reclamado al banco Santander todas las transacciones realizadas con el HSBC de Suiza de los últimos diez años, según confirmaron fuentes de la investigación a infoLibre.
Por su parte, la entidad presidida por Ana Botín afirmó en un comunicado que ha atendido dicho requerimiento suministrando "todos los datos disponibles". El banco garantizó, además, que prestará "en todo momento" la colaboración requerida por las autoridades.
La actuación del magistrado se enmarca en el denominado caso Falciani, que se inició después de que el informático suizo desvelara en la conocida como Lista Falciani los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores de varios países, entre ellos de España.
Prescripción del blanqueo
El motivo de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional limite su petición al Santander a la última década se justifica porque el delito de blanqueo de capitales prescribe a los diez años.
Entre los guardias civiles que han acudido este viernes por la mañana a las oficinas del Santander en el municipio madrileño de Boadilla del Monte había agentes expertos en el volcado de datos informáticos, indicaron a Europa Press fuentes de la investigación. Los agentes abandonaron la sede de la ciudad financiera a las 16:30 horas del mismo viernes, según ha podido saber este periódico.
La investigación arrancó en junio de 2013 con una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción gracias a los datos suministrados por Hervé Falciani. La denuncia detallaba hechos presuntamente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y de un delito continuado de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio nacional.
Juzgados territoriales
Determinando caso por caso la competencia judicial, el juez De la Mata ha concluido que por las cuantías supuestamente defraudadas, la competencia debe ser la de los juzgados del lugar donde residían fiscalmente los investigados en el momento de la consumación de los delitos, que fue en junio de 2008. Las 40 piezas se reparten ahora entre todas las comunidades autónomas salvo Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja.
Por eso, este mismo viernes el juez ha acordado levantar el secreto de sumario en relación a 40 personas o grupos familiares residentes en España que podrían haber cometido un delito fiscal, pero no blanqueo de capitales.
Sin embargo, el juez De la Mata mantiene secretas las actuaciones en relación al tronco principal de la investigación, es decir por las transacciones entre la entidad bancaria española y la del banco HSBC en Suiza, dónde se encuadra la petición de información de este viernes en la ciudad del Santander en Boadilla del Monte. En esta pieza principal se desconoce la identidad de los investigados.
La investigación en España sobre la lista Falciani comenzó hace más de tres años, cuando el antiguo empleado del HSBC inició su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. De los 130.000 evasores fiscales que integraban su ya célebre lista, en torno a 2.700 eran españoles. Sus cuentas sumaban más de 1.800 millones de euros.
En mayo de 2013, la Audiencia Nacional abortó el intento del HSBC para que Falciani fuese extraditado. Formulada oficialmente por Suiza, que pretendía encarcelarlo, fue rechazada por el tribunal.
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Un mes antes, y en una vista donde el informático puso el acento en cómo las componendas entre los poderes públicos y financieros habían dado alas a las “escandalosas” actuaciones del banco, la fiscal del caso, Dolores Delgado, había lanzado una demoledora definición sobre el banco suizo: “El HSBC es un paraíso fiscal en sí mismo”.
Delgado hizo mención expresa a cómo esa entidad acababa de ser multada con casi 2.000 millones de dólares en EEUU por no impedir que su red bancaria fuese utilizada para blanquear dinero procedente del narcotráfico.
En España, el desembarco del HSBC se ha producido de la mano del Santander, que actúa como su entidad corresponsal. Entre las operaciones más relevantes figura la anunciada en enero por el Grupo Prisa, que anunció un acuerdo con algunos de sus principales acreedores para llevar a cabo una emisión de bonos convertibles en acciones por importe de 100 millones de euros y ampliable hasta 150 millones como máximo. "HSBC, Santander y CaixaBank –informó el diario El País– han comunicado ya a la empresa su compromiso de suscribir la emisión".
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha reclamado al banco Santander todas las transacciones realizadas con el HSBC de Suiza de los últimos diez años, según confirmaron fuentes de la investigación a infoLibre.