El juez de 'Púnica' considera "agotada" la investigación y tras el 4M acabará la instrucción con 200 imputados

Casi siete años de instrucción, dos centenares de imputados y una docena de piezas separadas es el balance del caso Púnica, una de las macrocausas de corrupción más longevas de la Audiencia Nacional. Este año, distintas resoluciones judiciales de las últimas semanas avanzan el final de la investigación en los próximos meses, en los que se dilucidará qué personas de todos los implicados que han pasado por el tribunal son enviados a juicio y quiénes terminan en sobreseimiento. En todo caso, todo eso se verá después de las elecciones autonómicas en Madrid del próximo 4 de mayo, ya que los tribunales no suelen llevar a cabo actuaciones que puedan influir en la intención de voto.

La instrucción del caso Púnica estaba destinada a terminar el verano de 2020 en función de los plazos marcados por la ley. Una reforma legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobada a finales de julio permitió extender los plazos sine die, lo cual fue acordado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, frente a las protestas de investigados en la causa como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, cuya representación letrada solicitó el cierre de las actuaciones. Desde entonces se han acordado numerosas comparecencias de nuevos imputados y de testigos, incluida la del extesorero del PP Luis Bárcenas después de que se comprometiera a colaborar con la justicia.

No obstante, el pasado otoño y los primeros meses de 2021 también han sido escenario de archivos con respecto a ciertos imputados y la denegación de diligencias que habían sido solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. Tanto el instructor como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya han ido orientando lo que debe ser el futuro más inmediato de la macrocausa: el fin de la investigación tras siete años abierta.

La Sala ordena cerrar y el juez avisa de que no aceptará más diligencias

Una de las resoluciones más recientes ha sido la de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, la encargada de resolver los recursos durante la instrucción, que rechazaba las diligencias que solicitaba el Ministerio Público en el marco de la pieza 9 de Púnica, en la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, y urgía a concluir la instrucción "que se prolonga ya en el tiempo desde principios del año 2014". "Este tribunal considera que tras una larguísima instrucción que se inició hace ya más de siete años, las diligencias que se interesan no deben demorar por más tiempo la conclusión de la que llaman pieza separada número 9", dijo la Sala en un auto del 17 de febrero.

Esta advertencia interesaba no sólo a la Fiscalía, que era la que había pedido a la Sala que ordenara al juez que acordara las diligencias solicitadas, sino al propio García-Castellón, porque aparte de confirmar su decisión de no seguir con las diligencias que le solicitaban desde Anticorrupción, ponía ya sobre la mesa lo que opina el tribunal sobre el caso Púnica: la instrucción empieza a estar, si no lo está ya, agotada. Y así lo ha expuesto el magistrado en un reciente auto de esta semana, aparte de archivar las pesquisas con respecto a Indra como persona jurídica en el caso de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid cuando estaba dirigido por Aguirre.

El Ministerio Público alegaba que las nuevas diligencias que proponía eran pertinentes y entendía que la investigación sigue abierta "hasta que finalicen los plazos fijados por la ley para su conclusión". El juez discrepa y remarca que una cosa es que los plazos de instrucción no hayan concluido y otra muy distinta es que la investigación esté ya "agotada". "Si se estuvo en condiciones de poder finalizarse el 27 de agosto de 2020, con mayor razón se debería estar en situación de hacerlo en este momento", afirma, insistiendo en que la Sala ya expuso la "necesidad de finalizar la instrucción de esta pieza".

Fuentes de Anticorrupción consultadas por infoLibre son conscientes de que las últimas decisiones de la Sala y el magistrado abocan a un cierre próximo de la instrucción de la macrocausa. Unas piezas lo harán antes que otras, pero están de acuerdo en que la investigación de los casos no puede extenderse indefinidamente en el tiempo. Ahora, lo que tiene que abordar el Ministerio Público es la ordenación de los hechos en cada una de las piezas y pronunciarse sobre qué investigados deben ser procesados y sobre quiénes se solicita el sobreseimiento para poner sobre la mesa del juez sus conclusiones provisionales. Fuentes jurídicas confirman que García Castellón está esperando a recibir los escritos de la Fiscalía.

Según las fuentes consultadas, el cierre de la investigación no llegará hasta que pasen los comicios del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, pues hay una regla no escrita en los tribunales según la cual éstos no suelen tomar ciertas decisiones que puedan interferir o influir en el desarrollo de procesos políticos como puede ser una campaña electoral. En todo caso, prevén que tras el 4M se aceleren los acontecimientos con respecto a esta macrocausa de corrupción.

¿Qué pasará con Aguirre?

De todo el caso Púnica, la pieza 9 ha sido la más mediática en los últimos años. Las comparaciones con la existencia de una caja b en el PP nacional, ya confirmada por el Tribunal Supremo, son inevitables: dos gerentes, Luis Bárcenas en el nacional y Beltrán Gutiérrez en el regional, que iban anotando entradas de dinero en efectivo que escapaban al control fiscal y engrosaban una contabilidad opaca para financiar campañas electorales. Lo que está por ver es si Esperanza Aguirre es finalmente procesada por haber sido supuestamente la supervisora de esa financiación ilegal que le habría servido para financiar campañas en 2007, 2008 y 2011, tal y como concluían tanto el juez como Anticorrupción cuando fue imputada en septiembre de 2019. Aparte de ella, están también investigados otros dos expresidentes madrileños, Ignacio González y Cristina Cifuentes, además del ex secretario general y exconsejero Francisco Granados, entre otros.

La tesis de los investigadores es que Aguirre "ideó la búsqueda de recursosque financiaran las campañas que ella misma seleccionaba" y que era la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". "Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad", apuntaba el auto de imputación. La "estrategia" –añadía– era "obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros".

Aguirre siempre ha negado la mayor y en este tiempo sólo la han señalado tres personas condenadas o investigadas en el caso Gürtel: la administradora de empresas de Francisco Correa, Isabel Jordán; y los exalcaldes de los municipios madrileños de Majadahonda y Boadilla del Monte, Guillermo Ortega y Arturo González Panero, respectivamente. Casualmente, los tres tienen como abogado al mismo letrado que acaba de contratar Bárcenas, quien también ha acusado a la expresidenta de, entre otras cosas, aceptar un sobre con 60.000 euros de un empresario. Tanto ella como el constructor lo niegan y él ya ha sido exculpado. Sin embargo, la Fiscalía siempre se ha mostrado partidaria de seguir buscando más indicios contra la expresidenta.

La declaración del empresario señalado por Bárcenas, que tuvo lugar el pasado jueves, puede ser de las últimas que tome el juez en la pieza 9 de PúnicaPúnica. La macrocausa tiene otras diez líneas de investigación que comenzaron a abrirse en 2014, tras la detención de Francisco Granados, que es precisamente el que da nombre al caso –punica granatum es el nombre científico del árbol de la granada–, y del constructor David Marjaliza por los negocios que habrían hecho juntos cuando el primero era alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro, antes de entrar en el Gobierno de Aguirre en 2003. 

Pieza 1. El chivatazo de un guardia civil a Granados avisándole de que estaba siendo investigado. Es la única sobre la que ya se ha celebrado juicio, que acabó con la condena del exconsejero a dos años de prisión y de dos agentes. Granados ya había cumplido con creces la condena debido al tiempo que había pasado en prisión preventiva.

Pieza 2. La rama leonesa de la trama. Trata de adjudicaciones irregulares a las empresas de reputación online vinculadas al llamado conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa por parte de la Diputación de León. Están en espera de juicio una vez la Fiscalía presentó su escrito de acusación.

Pieza 3.  Hechos concernientes a las supuestas adjudicaciones fraudulentas a las mercantiles vinculadas a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa en Murcia. Están procesadas una veintena de personas, entre ellas el exconsejero Juan Carlos Ruiz. Esta línea de indagación salpicó al expresidente de la Región Pedro Antonio Sánchez, que acabó dimitiendo. Sin embargo, el juez García Castellón acabó archivando las diligencias contra él, contra el criterio de Anticorrupción y las acusaciones populares.

Pieza 4. Se investigan delitos de blanqueo de capitales y supuestas irregularidades urbanísticas en Valdemoro, con origen en el nuevo plan de ordenación urbana impulsado por Granados como alcalde. También se investigan todas las adjudicaciones de gestión y explotación de bienes públicos adjudicados por el Ayuntamiento a la trama. 

Pieza 5. Hechos concernientes a contratos menores en los municipios de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle con empresas de la trama corrupta. 

Pieza 6. Se investigan varios contratos de eficiencia energética suscritos entre la multinacional francesa Cofely y varios ayuntamientos como Almendralejo, Brunete, Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, etc. Se sospecha que se han pagado cuantiosas comisiones y se han realizado irregularmente encuestas electorales. Están imputados exalcaldes y otros cargos de los municipios afectados, así como directivos de la empresa.

Pieza 7. Acerca de la contratación por parte de 47 ayuntamientos madrileños entre 2004 y 2014 con la empresa de eventos musicales Waiter Music. Se sospecha de adjudicaciones irregulares y sobrevaloradas y con cargo a esa sobrevaloración y a varios contratos adjudicados a FCC, Acciona, Dragados, OHL, Sacyr, Grupo DHO, Urbaser, se habrían pagado comisiones, fiestas de varios dirigentes y alcaldes así como mítines y actos del PP. José Luis López Huerta Balbuena, propietario de esta empresa recientemente fallecido, reconoció en sede judicial que varios investigados y otros que no lo son pudieron beneficiarse de comisiones y dadivas por haberle adjudicado contratos en sus respectivos municipios. El pasado septiembre, el juez citó a declarar como imputados a exalcaldes y otros cargos, entre ellos David Erguido, ex teniente de alcalde de Algete en el momento de los hechos, motivo por el cual dejó su escaño de senador.

Pieza 8. Se investiga la actividad de Granados desde las distintas responsabilidades en la Comunidad de Madrid bajo la Presidencia de Esperanza Aguirre: consejerías de Transportes, Presidencia y Justicia e Interior.

El juez traslada a acusaciones e imputados su intención de cerrar 'Púnica' tras siete años de investigación

Ver más

Pieza 9. Posible financiación ilegal del PP de Madrid tras la llegada de Aguirre a la Presidencia a través de varias vías: contratación a través del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y del Canal de Isabel II, adjudicaciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) a Indra a cambio de comisiones, desvío de dinero procedente de la cláusula del 1% –fundamentalmente desde las consejerías de Sanidad y Transportes–, y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), entidad ligada al partido.

Pieza 10. Sobre adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y «terceros países» a empresas vinculadas a de Pedro y Alonso Conesa. Se investiga si el empresario Alejandro de Pedro cobró dinero público por realizar fraudulentamente informes de reputación on line a cargos públicos de diversas administraciones públicas y empresas.

Pieza 11. La última línea de investigación versa sobre las comisiones que se sospecha pagó la empresa Alfedel a cambio de la gestión de varios colegios concertados en la Comunidad de Madrid.