Una semana después de que el juez del caso Púnica confirmase que la instrucción dispondrá de otro año de plazo tras la reforma que pulveriza el límite impuesto por el Gobierno del PP, la primera consecuencia práctica ha hecho ya acto de presencia. Inicialmente reacio a mantener la investigación abierta más allá del 27 de agosto, el magistrado Manuel García Castellón acaba de dictar un auto por el que ordena abrir una nueva pieza exclusivamente centrada en las operaciones de blanqueo. Y en recuperar los activos que la trama corrupta fue amasando gracias a pelotazos urbanísticos, contratos amañados o cualquier otro delito de los investigados en la causa.
Fechada el lunes 31 de agosto, la resolución judicial desvela que el origen de esta nueva pieza tiene su origen en la orden europea dirigida hace un año a Francia para rastrear una cuenta de la sociedad panameña Manila Investment, disuelta en 2011. Hasta ahora, esa línea de investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción había permanecido secreta. El relato de García Castellón ofrece un resumen de cuál fue su origen: el 13 de mayo de 2019, la Fiscalía solicitó "la emisión de una Orden Europea de Investigación dirigida a las autoridades francesas". ¿Su objetivo? Recabar "información sobre movimientos, titulares, beneficiarios, banco online y otros datos vinculados a una cuenta abierta a nombre de la sociedad Manila Investment en la entidad Credite Industriel Et Commercial, en París".
Una vez cursada la solicitud de ayuda a Francia –prosigue el auto– "se declaró el secreto con la finalidad de asegurar la efectividad de la instrucción, apreciada la posibilidad de que el conocimiento de la práctica de esta diligencia por las partes (...) pudiera comprometer de forma grave el resultado de esta, frustrando la efectividad de la actuación solicitada". Qué ocurrió con la orden europea enviada a París no se conoce todavía. Pero otro auto dictado por el mismo García Castellón en septiembre de 2019 destapó datos sobre Manila Investment que abren interrogantes sobre el alcance de la nueva pieza recién abierta.
En aquel auto se afirmaba que una de las empresas más involucradas en la supuesta financiación ilegal del PP madrileño, Over Marketing, había abonado 142.000 euros a una firma argentina, MCW, a través de la cuenta francesa de Manila Investment Inc. Ya extinguida y mascarón de proa de un grupo de publicidad que facturó 32 millones de euros a distintas administraciones regidas por el PP, Over Marketing estaba dirigida por el empresario argentino Daniel Mercado. Y Mercado ya confesó hace dos años y medio ante el juez que el PP le pagó parte de la campaña electoral de 2007 con dinero negro y con facturas falsas cobradas a constructoras.
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Fuentes jurídicas consultadas este martes por infoLibre aseguraron que la pieza sobre blanqueo y recuperación de activos no está limitada de antemano a recuperar las ganancias obtenidas por personajes clave en la trama como Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro, luego consejero de Presidencia en Madrid y número dos del PP regional, o como su antiguo socio oculto David Marjaliza, con quien ahora mantiene un enfrentamiento feroz. Básicamente, porque Marjaliza ha aportado documentación que perjudica a Granados. Ahora, el empresario ha introducido nuevos elementos al entregar una supuesta contabilidad que descubre pagos al PP pero también a miembros del PSOE y de IU. Granados, que siempre ha negado la veracidad de cada palabra y cada papel facilitado por Marjaliza, sostiene ahora que su nueva acusación sí es cierta. Y le pide al juez que expulse de la causa al PSOE y a la asociación de abogados Adade, que ejercen de manera conjunta la acusación popular.
En lo que concierne al blanqueo, Granados y Marjaliza son por el momento los grandes protagonistas. En 2015, Vozpopuli publicó cómo se habían localizado 4,2 millones camuflados en una operación de compra venta de obras de arte y objetos de coleccionista en la que participaron tres de las empresas controladas por Marjaliza. Según un informe de la Agencia Tributaria, los presuntos cabecillas de la trama exportaron en julio de 2013, sólo unos meses antes de que se pusiera en marcha la investigación, un total de 18 cuadros, cinco fotografías, cuatro esculturas y 185 plumas estilográficas para justificar la transferencia desde Singapur de tan elevada cifra de dinero.
La investigación también destapó que Francisco Granados supuestamente blanqueó 360.000 euros a través de la compra de un piso para su hermano.
Una semana después de que el juez del caso Púnica confirmase que la instrucción dispondrá de otro año de plazo tras la reforma que pulveriza el límite impuesto por el Gobierno del PP, la primera consecuencia práctica ha hecho ya acto de presencia. Inicialmente reacio a mantener la investigación abierta más allá del 27 de agosto, el magistrado Manuel García Castellón acaba de dictar un auto por el que ordena abrir una nueva pieza exclusivamente centrada en las operaciones de blanqueo. Y en recuperar los activos que la trama corrupta fue amasando gracias a pelotazos urbanísticos, contratos amañados o cualquier otro delito de los investigados en la causa.