La investigación sobre la segunda estafa sanitaria sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en los peores momentos de la pandemia se prolongará, como poco, medio año más. Tras escuchar a las distintas partes personadas en el procedimiento, el titular del Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid, Jorge Israel Bartolomé, ha acordado prorrogar la investigación sobre del llamado caso Sinclair, centrado en la compra por parte del consistorio de la capital de mascarillas que nunca pudieron llegar a utilizarse. El magistrado toma esta decisión al entender que aún quedan pendientes determinadas diligencias de investigación. Entre ellas, la comisión rogatoria cursada a Estados Unidos para seguir el rastro del dinero abonado por los cubrebocas.
La existencia de este segundo engaño al equipo de José Luis Martínez-Almeida se conoció a través de la investigación del caso mascarillas, por el que ya han sido enviados a juicio el aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño. Y se centra en un contrato para la compra de medio millón de cubrebocas adjudicado a finales de marzo de 2020 a la consultora estadounidense Sinclair&Wilde LTD por 2,5 millones de euros, a un precio unitario de cinco euros. En la operación bajo la lupa, además, intermedió una empresa española –Aifos Servicios Legales y Consultoría–, que logró entrar en contacto con el consistorio a través del concejal del PP y presidente del Pleno de Madrid, Borja Fanjul Fernández-Pita.
El caso Sinclair, en el que se investigan hechos que podrían ser constitutivos de un delito de estafa agravado, es uno de los pocos procedimientos que se mantienen vivos en los juzgados madrileños en relación con la compraventa de material sanitario durante la crisis del coronavirus. Y seguirá activo, al menos, seis meses más. El pasado 6 de febrero, pocas horas antes de que se decidiese en secreto en la Audiencia Nacional alargar las escuchas a la trama del caso Koldo, el magistrado que instruye esta otra causa decidió decretar una nueva prórroga de la investigación –la tercera hasta la fecha– hasta comienzos de agosto. El instructor considera que es "imprescindible" para culminar algunas diligencias de investigación que aún hoy están pendientes.
El instructor del caso, tal y como expone en un auto al que ha tenido acceso infoLibre, se encuentra en estos momentos a la espera de que las autoridades de Estados Unidos den respuesta a una comisión rogatoria librada el pasado mes de julio. El objetivo de dicha solicitud de asistencia judicial, tal y como expuso en su momento, es "el seguimiento del rastro del dinero, la identificación de sus beneficiarios y, en su caso, la posible adopción de medidas que permitan la recuperación" de los 2,5 millones de euros que abonó el Ayuntamiento de Madrid a través de dos transferencias. La primera, de 1,25 millones, se hizo en cuanto se adjudicó el contrato. El resto, en el momento en el que la mercancía ya se encontraba embarcada en el avión.
El magistrado instructor ha solicitado, en concreto, a las autoridades estadounidenses información sobre la titularidad de la cuenta del Bank of America en la que el consistorio hizo los pagos, la identidad de las personas autorizadas en la misma y los movimientos de dinero que se produjeron entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. Pero no solo eso. También ha pedido el bloqueo de dicha cuenta y, si es posible, el embargo del saldo hasta cubrir los 2,5 millones de euros abonados por el Ayuntamiento de Madrid, así como que se lleven a cabo las gestiones necesarias para localizar y citar ante el juzgado de la capital al empresario franco-israelí que se esconde tras la consultora, Philippe Solomon, y a quienes figuran como administradores de Sinclair&Wilde.
La prórroga de la instrucción ha contado, según los escritos a los que ha tenido acceso este diario, con el visto bueno de las partes personadas en el procedimiento –Fiscalía, Ayuntamiento de Madrid, Empresa Municipal de Servicios Funerarios, Más Madrid y PSOE–. "En el presente supuesto son muchas las diligencias de investigación aún pendientes de practicar que obligan a prorrogar indefectiblemente la instrucción de la causa, siendo evidente que del resultado de las diligencias pendientes de practicar arrancarán, con toda seguridad, nuevos elementos sobre los que deberán practicarse nuevas diligencias a expensas del resultado que arrojen las pendientes hasta el momento", resaltaba el fiscal Carlos Fernández en su escrito.
Un consultor desaparecido
La localización del escurridizo empresario siempre ha sido el gran obstáculo alrededor de la causa. De hecho, la falta de datos sobre el paradero de Solomon mantuvo el caso guardado en un cajón durante casi un año. Sin embargo, un atestado de la Policía Judicial con nuevas vistas sobre el consultor aportadas por el enlace en Madrid de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos permitió al juez reabrir las pesquisas en junio de 2022. Desde entonces, la investigación ha avanzado lentamente. Durante estos meses se han escuchado en la causa a algunos testigos. Pero, de momento, no ha sido posible tomar declaración al principal investigado.
El juez de la segunda estafa sanitaria a Almeida prepara el terreno por si localiza al empresario investigado
Todos los intentos por dar con el empresario han sido, hasta ahora, inútiles. Las labores de búsqueda llevadas a cabo en su momento por las autoridades de Reino Unido no arrojaron los resultados esperados. Habrá que ver, por tanto, si ahora las gestiones encomendadas a Estados Unidos dan sus frutos. El magistrado instructor, por el momento, ya ha ido preparando el terreno por si finalmente se logra localizar al consultor que se encuentra detrás de Sinclair&Wilde. Así, ha reservado el 5 de junio en su agenda por si ese día puede tomar finalmente declaración al investigado. Y le ha asignado un abogado y un procurador del turno de oficio.
En abril de 2022, semanas antes de que se reabriese la causa, infoLibre consiguió localizar al empresario y hablar con él. "Si existía algún problema, entonces las mascarillas no hubieran podido entrar en España y yo habría recibido una queja oficial sobre su calidad", apuntó a este diario, al tiempo que aseguró que alrededor de la operación hubo "muchos intermediarios implicados". "Nunca pagué comisiones y creo que ahí empezó el problema", sostuvo el empresario, bien posicionado en algunos países de África y Oriente Medio. Según las autoridades estadounidenses, Philippe Haim Solomon utiliza habitualmente otro nombre –Philippe Victor Chain Hababou– y cuenta con hasta tres pasaportes: uno francés, otro israelí y un tercero de Guinea Bissau.
El caso Sinclair es, junto con el caso mascarillas, uno de los agujeros negros alrededor de la compra de cubrebocas en los peores momentos de la pandemia. Y comparte elementos con la otra trama que ahora marca la agenda política nacional y zarandea al Gobierno central: el caso Koldo. Tanto en uno como en otro, las empresas que se hicieron con los millonarios contratos públicos –Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas y Sinclair&Wilde– apenas contaban con experiencia en el mercado sanitario. Y, además, suministraron mascarillas que no se ajustaban a lo que las administraciones habían pedido. En Sinclair lo sufrió el Ayuntamiento de Madrid. En el caso Koldo, el servicio balear y canario de salud.
La investigación sobre la segunda estafa sanitaria sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en los peores momentos de la pandemia se prolongará, como poco, medio año más. Tras escuchar a las distintas partes personadas en el procedimiento, el titular del Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid, Jorge Israel Bartolomé, ha acordado prorrogar la investigación sobre del llamado caso Sinclair, centrado en la compra por parte del consistorio de la capital de mascarillas que nunca pudieron llegar a utilizarse. El magistrado toma esta decisión al entender que aún quedan pendientes determinadas diligencias de investigación. Entre ellas, la comisión rogatoria cursada a Estados Unidos para seguir el rastro del dinero abonado por los cubrebocas.