Señalamientos a la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, con conversación telefónica manipulada incluida, como presunta autora de una supuesta falta de información que habría derivado en el tardío envío de la alerta general a la población sobre el peligro de una dana que hacía horas que causaba estragos. Grabaciones cortadas a medida para alterar una charla entre una técnica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dependiente de ese mismo departamento estatal, con otra de Emergencias del Ejecutivo valenciano en la que la primera parecía decir que no daría "más avisos" cuando en realidad alertaba de la hora exacta en la que lo peor iba a llegar. La estrategia del consell de Carlos Mazón (PP) para culpar de la nefasta gestión de la riada —que provocó 224 muertos el pasado 29 de octubre— al Gobierno de Pedro Sánchez se ha dado de bruces con la instrucción de la jueza Nuria Ruiz, titular del juzgado número 3 de Catarroja (Valencia).
En un auto de este lunes, la jueza Nuria Ruiz recuerda lo que el Ejecutivo central ha reiterado desde la riada: que "el nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba la asunción de la emergencia por la administración central". En otras palabras, que el único responsable de la coordinación de las alertas y el auxilio a la población, medios estatales incluidos, era la el Gobierno de la Generalitat. Casi tres meses después de admitir a trámite la primera denuncia, presentada por los familiares de uno de los fallecidos en la riada, la instructora ya ha calificado provisionalmente los hechos. Lo que investiga son 224 homicidios imprudentes, los correspondientes a las víctimas hasta ahora identificadas, tres desapariciones y las lesiones imprudentes que el desastre climático causó entre los miles de afectados. Los daños producidos los deja fuera porque, afirma, "no se podían evitar". "Las muertes, sí", asegura.
El trabajo de la jueza de Catarroja se centra ahora en conocer quiénes fueron los presuntos autores de esa imprudencia, de esa negligencia con resultado de muerte. Porque según reitera en sus resoluciones, "constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constatación de un aviso notablemente tardío", en referencia al mensaje a móviles enviado por el sistema Es-Alert, a las 20.11 del día de la inundación. Ese SMS aconsejaba evitar "cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia", pero como indica la instructora, además de "tardío" fue "errado en su contenido", como demuestra el hecho de que muchas de las víctimas fallecieron "sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje o simplemente por encontrarse en la vía pública".
El envío de ese mensaje "tardío y errado" y quién fue la persona que tenía la competencia de remitirlo en tiempo y forma a todos los ciudadanos ha sido una de las primeras peticiones del juzgado a la Generalitat. Lo ha tenido que hacer en dos ocasiones. Tras la primera reclamación, el Gobierno valenciano respondió enviando documentos que no identificaban a la persona concreta. Después de un segundo requerimiento, el consell afirmó que la persona responsable era la directora del plan de emergencias, es decir a la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, destituida semanas después de la catástrofe. La contestación trataba de limitar su responsabilidad y derivarla en parte sobre el Ejecutivo central al asegurar que Pradas actuaba "dentro de un comité de dirección formado por la consellera y la delegada del Gobierno".
Una semana después de la riada, la consejera aseguró que desconocía la posibilidad de enviar ese tipo de mensajes de alerta para justificar el retraso en su envío. Cuando llegó a los móviles de los valencianos, el barranco del Poyo ya se había desbordado dejando inundadas decenas de poblaciones y provocando numerosos daños personales y materiales. Por ello, según la jueza, el objeto de la investigación debe centrarse en "la evitabilidad del abrumador número de fallecimientos" y en "la palmaria ausencia de avisos a la población que no pudo tomar ninguna medida para protegerse".
La contestación de la Generalitat contenía, además, un listado de 29 entidades y personas físicas convocadas al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las cinco de la tarde del 29 de octubre. En la relación no aparece el presidente de la Generalitat, que ese día estuvo desaparecido entre las dos y media y las siete y media de la tarde, cuando finalmente se unió a la reunión. Tras recibir la lista, la jueza ha preguntado al consell si "previamente a la remisión del mencionado mensaje de alerta a las 20.11 horas (...) concurrió alguna otra autoridad al Cecopi", en lo que parece una referencia directa a Mazón.
El president ha ido variando sus versiones de lo que hizo esa tarde. Lo que se sabe es que comió en un restaurante cercano al Palau de la Generalitat llamado El Ventorro y que lo acompañó una periodista a la que ofreció la dirección de la televisión autonómica À Punt. Algunos medios acreditaron después que permaneció en el establecimiento hasta pasadas las seis de la tarde, pero todavía se desconoce lo que Mazón hizo entre esa hora -cuando varios municipios ya estaban anegados- y las siete y media, momento en que finalmente decidió incorporarse al Cecopi como máximo responsable del operativo, lo que indicaría que pudo ser él quien tuvo la última palabra sobre la difusión del mensaje. La indagación de la juez anticipa que es más que probable que todo lo que Mazón hizo ese tarde se termine conociendo en sede judicial.
La constatación judicial de que la gestión de la emergencia era autonómica y no estatal, se recoge en la resolución sobre una batería de diligencias solicitadas por Podemos, que ejerce la acción popular. Entre ellas, el partido de Ione Belarra reclamaba a la jueza que pidiera a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior un informe sobre sus actuaciones el día de la riada. En su respuesta, la instructora recuerda que la protección civil es competencia exclusiva de la Generalitat, según el Estatuto de la Comunidad Valenciana y señala que, durante toda la catástrofe, se mantuvo un nivel de alerta -nivel 2- en el que el máximo responsable de la gestión de la emergencia era el Gobierno de Mazón y no el Ejecutivo central.
Además de preguntar sobre el mensaje del sistema Es-Alert y sobre las personas y autoridades presentes en el Cecopi, la jueza quiere conocer si se emplearon otros medios para avisar a la población del riesgo que corría así como de la evolución de las condiciones meteorológicas por otros medios, como "conferencias de prensa, declaraciones públicas y comunicados oficiales a los medios". También se ha dirigido al servicio de emergencias 112 para que informe de la hora a partir de la cuál se comenzaron a recibir llamadas sobre los efectos de la dana y de las poblaciones respecto de las que se iban recibiendo.
La instructora también quiere confirmar la información procedente de fuentes estatales con la que contó el Cecopi. Por ello ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) los datos que manejó sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 del día de la tragedia, período en que la Generalitat achaca al Gobierno un silencio informativo. La propia jueza recuerda que la CHJ ha asegurado que transmitía datos actualizados cada cinco minutos, pero quiere conocer "el medio de transmisión". A la Aemet le ha reclamado una relación de los eventos meteorológicos de ese día y las actuaciones llevadas a cabo "específicamente sobre avisos producidos, modos de emisión y difusión de los mismos y destinatarios". La agencia estatal avisó reiteradamente de la llegada de la dana desde el día 24 de octubre. El 27 alertó de "lluvias torrenciales". A las 7.36 del día 29, el día de la tragedia, elevó el aviso de naranja a rojo, lo que implicaba "riesgo meteorológico extremo".
Señalamientos a la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, con conversación telefónica manipulada incluida, como presunta autora de una supuesta falta de información que habría derivado en el tardío envío de la alerta general a la población sobre el peligro de una dana que hacía horas que causaba estragos. Grabaciones cortadas a medida para alterar una charla entre una técnica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dependiente de ese mismo departamento estatal, con otra de Emergencias del Ejecutivo valenciano en la que la primera parecía decir que no daría "más avisos" cuando en realidad alertaba de la hora exacta en la que lo peor iba a llegar. La estrategia del consell de Carlos Mazón (PP) para culpar de la nefasta gestión de la riada —que provocó 224 muertos el pasado 29 de octubre— al Gobierno de Pedro Sánchez se ha dado de bruces con la instrucción de la jueza Nuria Ruiz, titular del juzgado número 3 de Catarroja (Valencia).