Seis años después de que estallase el escándalo del espionaje a cargos del PP madrileño contrarios a Esperanza Aguirre, la jueza Carmen Valcarce, que investiga el caso ha dado el paso que, en la práctica, pone en marcha de forma irreversible el contador hacia el juicio con jurado para los seis imputados en la causa. Y lo pone en marcha de una forma en apariencia prosaica: rechazando varias diligencias y confirmando otras.
Si la magistrada, titular del juzgado de instrucción 5 de Madrid, hubiera decidido abortar el procedimiento, como ya intentó en tres ocasiones anteriores que le costaron otras tantas reaperturas forzadas por la Audiencia Provincial, tendría que haberlo hecho de inmediato tras la comparecencia o vistilla que celebró con todas las partes el 10 de julio.
Ahora, una vez ha optado por continuar los trámites del procedimiento y tal como prevé el artículo 26 de la Ley del Jurado, el juicio se perfila imparable. Salvo que los inculpados lleguen a un acuerdo -la Fiscalía no acusa y el peso de la acusación lo lleva el letrado Wilfredo Jurado, que representa a los socialistas-. Ese hipotético acuerdo, sobre el que no ha sido posible recabar la opinión de los socialistas madrileños, implicaría un reconocimiento de culpa y la devolución del dinero presuntamente malversado a cambio de una condena mínima para los seis inculpados.
Supuestamente efectuados en 2008, los seguimientos tuvieron como objeto a algunos de los políticos más destacados del PP madrileño por su oposición interna a Esperanza Aguirre y a su entonces delfín y luego sucesor, Ignacio González: el exconsejero Alfredo Prada y el exvicealcalde de la capital, Manuel Cobo. En enero de 2013, uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, declaró por escrito que también Alberto Ruiz Gallardón figuraba entre los espiados.
En aquella declaración, Oreja dio un giro copernicano a la versión que había mantenido hasta entonces y enfatizó que sometían a vigilancia a aquellos políticos en los que Ignacio González tenía "especial interés". Durante la comparecencia del 10 de julio, el letrado de los socialistas madrileños (PSM) recalcó su convicción de que el caso iría finalmente a juicio sin que se hubiera despejado "la equis", por cuanto considera a los seis imputados -incluido el jefe de los otros cinco, Sergio Gamón- meros ejecutores de un plan trazado por un tercero. El PSM cree que esa equis es Ignacio González, pero la juez se ha negado en todo momento a llamarle a declarar.
La juez cruza el Rubicón con Yolanda Laviana
El paso que convierte en irreversible el camino hacia el juicio está contenido en un auto donde, con fecha de 17 de julio, la magistrada Carmen Valcarce confirma una de las diligencias -llamar como testigo a Yolanda Laviana, exmujer de Gamón, exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid- solicitadas en la comparecencia del día 10.
Al llamar a Laviana, la magistrada cruza el Rubicón que marca la Ley del Jurado: porque si tras la citada vistilla sigue adelante con el caso, ya no hay en la práctica marcha atrás en el camino hacia la vista oral. La jueza llama a la exesposa de Gamón porque fue quien en 2010 declaró que ya cuatro años antes su marido había espiado a Alfredo Prada para Ignacio González.
En efecto, el juicio parece ya imparable en esa accidentada causa que en 2009 provocó un verdadero cisma en el PP madrileño y llevó al entonces número dos de Gallardón en la Alcaldía madrileña, Manuel Cobo, a acusar al equipo de Aguirre de haber montado "una gestapillo".
No obstante y aunque, según las fuentes jurídicas consultadas, la posibilidad de un nuevo parón se erige en remota, aún caben sobresaltos. El abogado de los tres guardias civiles imputados, que son los que señalan al expresidente Ignacio González como el verdadero beneficiario de la trama de espionaje, ha pedido ahora la nulidad de todo lo investigado.
El letrado, Ramón González Bosch, lo hace en un escrito fechado antes de la vistilla mencionada en el párrafo anterior. Pese a ello, y como recuerda la juez en su auto, ni mencionó en esa comparecencia la petición de nulidad.
Tampoco citó, ni siquiera de paso, un segundo escrito en el que mezcla el caso del espionaje con el del ático de Estepona por el que otra jueza investiga a sus propietarios: justamente, el matrimonio formado por Ignacio González y Lourdes Cavero.
Y, por último, tampoco citó un tercer escrito que Valcarce le devuelve sin ni siquiera admitirlo tras abroncar al letrado porque el papel acabó en manos de un periódico antes de que llegara a las suyas-. En ese escrito, uno de sus defendidos, el guardia civil Antonio Coronado, acusa a Ignacio González. Ese tercer escrito va datado el 10 de julio, el día de la vistilla, pero llegó al juzgado el 13. En el acto del día 10, Bosch no dijo nada sobre su existencia. A la mañana siguiente, su contenido fue publicado por el diario El PaísEl País.
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El abogado traza una suerte de teoría de la conspiración en la que habrían participado el ya célebre comisario José Villarejo y el exjefe de la unidad de delincuencia económica de la Policía, José Luis Oliveras, entre otros. En el papel de testigo clave, Bosch sitúa a otro personaje controvertido: Francisco Marco, cabeza visible de la agencia de detectives Método 3 y autor del libro El Método.
La juez reprocha con dureza al abogado que en uno de esos escritos, cuyo hilo argumental resulta difícil de seguir por momentos, señale a otro exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Enrique Barón, como la persona que "entregó papeles a la prensa" para hacer saltar el caso y al fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), Manuel Moix, como quien ordenó "de forma ilegal" una investigación sobre el posicionamiento de los teléfonos móviles de quienes acabaron imputados.
Los informes de posicionamiento, ordenados por la juez, fueron determinantes en los primeros momentos de la instrucción: permitieron constatar la cercanía física de los presuntos espías respecto de los políticos que tenían como objeto de seguimiento.
Seis años después de que estallase el escándalo del espionaje a cargos del PP madrileño contrarios a Esperanza Aguirre, la jueza Carmen Valcarce, que investiga el caso ha dado el paso que, en la práctica, pone en marcha de forma irreversible el contador hacia el juicio con jurado para los seis imputados en la causa. Y lo pone en marcha de una forma en apariencia prosaica: rechazando varias diligencias y confirmando otras.