La jueza imputa a la esposa de González por la compra del ático de Estepona

Una decisión de consecuencias todavía impredecibles amenaza con provocar un terremoto político en Madrid. La jueza que investigaba el origen del ático Estepona del presidente de la Comunidad, Ignacio González, del PP, ha imputado a su esposa, Lourdes Cavero, así como al testaferro profesional Rudy Valner, titular de una sociedad opaca de EEUU, Coast Investors Llc, que fue la utilizada para formalizar la compra del inmueble. La magistrada ha decidido enviar la causa a la Audiencia Nacional por cuanto entre los delitos investigados figura el de blanqueo cometido en el extranjero. InfoLibre ha pedido esta noche a los portavoces de Ignacio González una valoración de los hechos dada su magnitud y la envergadura de las consecuencias que puede entrañar para el presidente madrileño. Las fuentes consultadas han declinado hacer comentarios en espera de que sus juristas analicen el auto en profundidad.

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Impulsada por una denuncia del SUP, sindicato mayoritario en la Policía, la investigación comenzó hace año y medio pero no se reactivó hasta que ya en los primeros meses de 2013 y una vez había entrado en escena la Agencia Tributaria, el envío de comisiones rogatorias para seguir el rastro de la sociedad Coast Investors en EEUU aceleró el caso. Emprender pesquisas sobre el controvertido ático le ha costado el puesto a dos cargos policiales, uno de ellos Enrique Rodríguez Ulla, que era comisario jefe de la Policía Judicial. Oficialmente, el lujoso ático, que mide casi 500 metros y se sitúa a escasos 100 metros de la playa, fue alquilado al matrimonio González-Cavero por Coast Investors en el otoño de 2008. En diciembre de 2012 cuando la juez ya había aceptado la denuncia y al día siguiente la Fiscalía Anticorrupción acababa de reclamar información tributaria sobre el inmueble, González y su mujer compraron la vivienda.

Desde que las primeras informaciones sobre el caso vieron la luz, el presidente madrileño ha defendido su inocencia y la de su familia. Según su versión, su esposa alquiló a la empresa de Rudy Valner el ático en 2008 a razón de 2.000 euros mensuales y, finalmente, el matrimonio lo adquirió el pasado 18 de diciembre por 770.000 euros. Un día antes de esa última fecha, el 17 de diciembre de 2012, la Fiscalía Anticorrupción había reclamado la información fiscal completa del inmueble. La tesis de los denunciantes era que Rudy Valner y su empresa, Coast Investors, propietaria formal del ático entre 2008 y diciembre de 2012, eran meras pantallas para ocultar al verdadero titular de la vivienda.

En marzo, el Gobierno de Ignacio González intentó que el caso saliera de Estepona y saltara a Madrid para quedar en manos del juez que indaga quién espió al presidente regional durante un viaje a Colombia. Ese juez es hermano de un alto cargo del Gobierno que hoy dirige González, el antiguo delfín de Esperanza Aguirre.