Cuatro delitos de corrupción para la 'tres' de Ayuso: la jueza ve indicios "sólidos" y la lleva al TSJ de Madrid
La instructora del caso Neverland ratifica de principio a fin todo lo expuesto sobre la número tres de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un auto fechado el pasado 14 de octubre, la magistrada Lidia Prada, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº6 de Navalcarnero, acuerda formular exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que continúe con la investigación contra la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización y Electoral del PP de Madrid, Ana Millán. Lo hace al entender que existen indicios "sólidos" contra la aforada por delitos de corrupción. En concreto, se ponen sobre la mesa prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública.
La magistrada se pronuncia así tras un recurso interpuesto por la Fiscalía contra un auto dictado a mediados de junio, en el que se acordaba la "inhibición" del conocimiento del procedimiento a favor del órgano superior. En esta nueva resolución, la instructora estima parte de la argumentación del Ministerio Público. Así, concede que lo que tuvo que hacer en su momento no era tanto inhibirse, sino elevar una "exposición razonada" al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dada la condición de aforada de la investigada. Una dirigente conservadora que en todo momento ha contado con el respaldo del PP madrileño. "Pronto le van a tener que pedir una disculpa", decía Díaz Ayuso hace unas semanas en la Asamblea de Madrid.
La instructora no cree que haya que esperar a tomar declaración a dos testigos –uno de ellos, la pareja de Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos–, algo que puede hacer el Tribunal Superior de Justicia si lo considera necesario. Ni tampoco considera que sea indispensable llevar a cabo más diligencias probatorias. "Los indicios, en este momento de la causa, son sólidos y suficientemente justificados", considera la magistrada, que se apoya en todo lo que han aportado las entradas y registros, los requerimientos de documentos, las declaraciones de investigados y testigos y la labor de investigación realizada durante meses por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha quedado plasmada en varios atestados.
Para entender bien la causa es necesario remontarse a las elecciones municipales de 2015. Y poner el foco en Arroyomolinos, un pequeño municipio del sur madrileño. El PP se impone en los comicios. Pero es Ciudadanos quien se hace con el control del consistorio. Los naranjas no tardan en poner sobre la mesa las supuestas corruptelas producidas durante la etapa conservadora. Y van a los juzgados. En marzo de 2016, el alcalde, que luego dimitiría tras su imputación en el caso Enredadera, interpone una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Buena parte del escrito tiene que ver con Púnica. En concreto, con los contratos con la firma Waiter Music. Sin embargo, también pone al instructor tras la pista de otra empresa. Se llama Neverland.
El denunciante aporta diferentes documentos para tirar del hilo. Fueron hallados en varias bolsas de basura. "Cuando tomó posesión el nuevo equipo de gobierno, el primer día se estaba destruyendo documentación de la Concejalía de la concejala delegada de Juventud Ana Millán. En ese mismo momento se dio orden por parte del actual alcalde de paralizar la destrucción de documentación que estaba en tres bolsas de basura", expone la denuncia. Entre los papeles encontrados, y que el regidor se encargó de remitir al juez, se encuentra un correo electrónico enviado a un empresario –Francisco Roselló– con el asunto "Ático" en el que le reclama el ingreso de determinadas cantidades, un extracto de la cuenta bancaria de la conservadora o diferente documentación sobre contratación del consistorio en la que figuraba sociedades de dicho empresario.
Siete contratos y un ático
Durante algo más de cuatro años el tema estuvo dormido en la Audiencia Nacional. Pero despertó en el verano de 2020, cuando el magistrado Manuel García-Castellón mandó el asunto a los juzgados de Navalcarnero. Es así como comenzó una causa que gira alrededor de los contratos adjudicados el consistorio madrileño a diferentes firmas de Roselló. Entre 2005 y 2011, según el informe final de la UCO, varias de sus sociedades –Neverland, GE Escuela de Ocio, GE Escuelas Urbanas y Campa Ocio– se hicieron con nueve licitaciones por valor de 652.275,31 euros. Dos, por 257.083,56 euros, salieron de la Concejalía de Cultura. Y las siete restantes, por 395.191,75 euros, de la de Juventud, que capitaneaba Ana Millán.
Por otro lado, y coincidiendo en el tiempo, los investigadores ponen la lupa también sobre una serie de pagos realizados por Neverland Eventos SL, mercantil vinculada a Francisco Roselló, en favor de Millán "durante el periodo en el que la misma ostentó los cargos públicos de tercer teniente de alcalde y concejal". Entre 2008 y 2012, según los datos recabados por el Instituto Armado, la sociedad ingresó en las cuentas bancarias de Ana Millán 44.462,67 euros. Además, en el mismo marco temporal, recibió otros 6.642 euros de Roselló. Los dos principales implicados han mantenido en todo momento que esos abonos responden al pago del alquiler de un ático que ella tenía en la localidad madrileña.
'Fichaje' de familiares y efectivo de origen desconocido
En el mismo marco temporal, coincidiendo con los pagos y las adjudicaciones, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha comprobado también que varias personas del entorno de Millán comenzaron a estar a sueldo de las empresas de Roselló. Entre 2008 y 2016, por ejemplo, su hermana percibió 88.642,42 euros de dos de las mercantiles del empresario –Fundación GE Social y GE Escuelas Urbanas–. Y a la pareja de la número tres de Ayuso le fueron imputados entre 2008 y 2011 "rendimientos del trabajo y de actividades económicas" por 37.578,04 euros de una unión temporal de empresas conformada por las firmas GE Escuela de Ocio y GE Escuelas Urbanas.
Roselló defiende que Millán nunca le pidió trabajo ni para ella ni para ningún familiar. No obstante, la Guardia Civil señala en su informe final que entre los efectos intervenidos en los registros constan dos documentos relacionados con el fichaje de la hermana en los que se hace alusión a "Paco", una referencia al empresario a ojos de los investigadores. "Autorizado x Paco que se haga así a pesar de avisado x Pablo de q no deberíamos al estar Fundación con capital de Urbanas", consta escrito a mano en uno de ellos. "Horario: acordado por Paco. Cambiado al convenio de ocio educativo acordado por Paco sin cambiar coeficiente ni anexo", se lee en el segundo.
La Guardia Civil también se ha topado en las cuentas bancarias de la actual vicepresidenta de la Asamblea con "numerosos ingresos en efectivo realizados de manera fraccionada y en pequeñas cantidades". Millán trató de justificar en sede judicial el origen de esos fondos diciendo, por un lado, que era metálico que su pareja le daba para contribuir con los gastos comunes del hogar y, por otro, que cuando lo necesitaba hacía retiradas en metálico de la cuenta en la que le pagaban el alquiler de una vivienda suya en Alcobendas y se lo llevaba a dicha cuenta. La UCO intentó comprobar la "verosimilitud" de ambas justificaciones cruzando datos bancarios. Y consideró que algunos ingresos podían ajustarse a lo expuesto. Pero siguen sin encontrar el origen de 42.650 euros.
