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Cristina Cifuentes se sienta este lunes en el banquillo de los acusados por supuestamente inducir a falsificar el acta de su trabajo de fin de máster, una acusación que podría acarrearle hasta cuatro años de prisión. Este juicio es sólo el principio en una serie de investigaciones que le afectan tanto a ella como a sus dos antecesores en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González, que enfrentan sus propias batallas con la Justicia y para las que 2021 podría ser un año decisivo.
Los tres gobernaron en Madrid de forma consecutiva y durante 15 años, entre 2003 y 2018. González fue el único que dejó su puesto al expirar el mandato y dos años después fue detenido por orden de la Audiencia Nacional, mientras que Aguirre y Cifuentes dimitieron de forma abrupta: la primera alegó en 2012 motivos personales, mientras que la segunda lo hizo asediada por el escándalo del máster que nunca terminó y tras la publicación de un vídeo en el que aparecía robando cremas en un supermercado. Una y otra fueron imputadas varios años más tarde de sus salidas como máximas responsables políticas de la Comunidad de Madrid.
Por orden cronológico, el llamado caso máster fue el último de los que salpican a los tres expresidentes en abrirse en los tribunales, pero el primero en instruirse y ser enviado a juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Tras un aplazamiento el año pasado a causa de la pandemia de coronavirus, Cifuentes tendrá que hacer frente a cuatro jornadas de vista oral en las que la Fiscalía sostendrá que la expresidenta indujo a la falsificación de un acta “a sabiendas” de que con ese gesto estaba acreditando una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) “que jamás se produjo”. Un documento que ella misma exhibió públicamente en varios medios de comunicación y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".
El Ministerio Público pide para Cifuentes tres años y tres meses de prisión por un presunto delito de falsedad documental, así como para María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Fue con quien Cifuentes se habría puesto en contacto nada más publicarse la información del escándalo en eldiario.es para que hiciera las gestiones oportunas “con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado", a lo que accedió, según el relato del fiscal.
Como autora de la falsificación del acta la Fiscalía pide 21 meses de cárcel para Cecilia Rosado, integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes, una pena inferior a las anteriores porque reconoció los hechos y ha colaborado en la investigación. La representación letrada de la universidad no hace distinciones y solicita cuatro años de cárcel para cada una de las tres acusadas. El cuarto procesado en esta causa, Enrique Álvarez Conde, catedrático de la URJC y exdirector del Instituto de Derecho Público, falleció en abril de 2019.
No ha enseñado el trabajo
La Audiencia Provincial ha programado cuatro jornadas de juicio en el que previsiblemente Cifuentes será la primera en declarar. Hasta la fecha, la expresidenta nunca ha admitido los hechos que defiende Fiscalía; más bien al contrario, en instrucción aseguró al juez que sí cursó el máster e hizo el trabajo final y lo entregó al tribunal, pero que no lo podía acreditar porque lo había perdido en varias mudanzas.
Pase lo que pase con este procedimiento, aquí no acaban los problemas de la expresidenta de la Comunidad de Madrid con la Justicia: desde septiembre de 2019 está imputada en la macrocausa de corrupción Púnica, en la Audiencia Nacional, concretamente en la pieza número 9 que investiga una supuesta financiación irregular en el PP de Madrid, en el que ella ocupó diferentes puestos de responsabilidad.
En concreto, el juez Manuel García Castellón la señaló por la supuesta adjudicación "arbitraria" de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011, cuando ella formaba parte de la Mesa, a favor de Cantoblanco, sociedad de Arturo Fernández. Se da la circunstancia de que Cifuentes era patrona de Fundescam en 2007, cuando, según el magistrado, el empresario hizo donaciones a esa fundación del PP de Madrid, y formó parte del comité regional de campaña del partido en las elecciones autonómicas de ese año. Las indagaciones van encaminadas a averiguar si las donaciones al partido fueron un pago por la adjudicación en la Asamblea.
En el marco de la investigación, otros antiguos integrantes de la Mesa de la Asamblea, pertenecientes al PSOE e IU, ratificaron la versión de Cifuentes al asegurar, en su declaración como testigos, que no hubo ninguna irregularidad en la adjudicación y que su valoración se regía por los criterios que les proporcionaban los técnicos de la Cámara que hacían los informes sobre las candidaturas que se presentaban.
Eso ocurrió hace un año, pero el magistrado no ha dado ningún paso de momento y mantiene imputada a la expresidenta madrileña. Es más, el instructor ha previsto un intenso calendario de declaraciones en el caso Púnica para el próximo mes y medio, tanto de imputados como de testigos y correspondientes a distintas piezas de la macrocausa, incluida la número 9.
Aguirre y la presunta caja B del PP de Madrid
En esta línea de investigación está también bajo el foco del juzgado la expresidenta Esperanza Aguirre. Imputada en el mismo auto que Cifuentes en septiembre de 2019, el nombre de la también exdirigente del PP madrileño llevaba años sobrevolando esta causa, sobre todo a raíz de la incoación de la pieza sobre una supuesta financiación en B, mencionada por algunos de los imputados. Según García Castellón, la investigación arrojaba entonces "indicios racionales" de que sería "quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad".
Habría sido al llegar Aguirre al Gobierno de la Comunidad en 2003 cuando los dirigentes del partido en Madrid "fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros".
La expresidenta se defendió en su comparecencia asegurando que sus funciones en el partido eran políticas y no económicas o contables, que ella no dio ninguna instrucción para contratar con determinados empresarios las campañas institucionales y que al gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez le nombró la dirección nacional, en concreto por el también entonces gerente Luis Bárcenas, antes de que ella llegara a la Presidencia de la formación.
Determinante, por tanto, para esta línea de investigación puede ser la declaración que podría prestar próximamente el propio Bárcenas. Aunque ya ha comparecido previamente en este caso, ha anunciado a través de su entorno que va a colaborar con la Justicia en las causas que quedan abiertas y sobre las que podría tener alguna información. Una vez confirmada su larga condena por Gürtel y la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias, al extesorero del PP ya “no tiene nada que perder”.
Caso Lezo
La fiscal mantiene los tres años de cárcel para Cifuentes por inducir a la falsificación del acta de su TFM
Esta colaboración de Bárcenas no sólo podría poner en aprietos a Aguirre y Cifuentes, sino también al tercer expresidente madrileño cercado por investigaciones judiciales, Ignacio González. Además de su imputación en la pieza 9 de Púnica, en torno a él se instruyó el llamado caso Lezocaso Lezo, también de corrupción, esta vez por la gestión de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. El exdirigente fue detenido en abril de 2017 y estuvo casi siete meses en prisión preventiva.
Ya se han mandado a juicio tres de las piezas separadas en que se dividió esta causa y González afronta peticiones de la Fiscalía Anticorrupción de doce años de cárcel por dos de esas piezas: ocho años por malversación por la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, del que estuvo al mando durante su etapa como vicepresidente de la Comunidad, y cuatro años por cohecho pasivo por la adjudicación supuestamente fraudulenta a una UTE participada por OHL del contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero. Ambas piezas están pendientes de señalamiento de juicio.
Se da la circunstancia de que en el caso Lezo también estuvo imputado otro expresidente madrileño del PP, Alberto Ruiz-Gallardón, concretamente en la pieza 1, que versa sobre otra compra del Canal de Isabel II, la del 75% de la empresa colombiana Inassa, en 2001, antes de la llegada de Ignacio González. En su caso, las actuaciones fueron archivadas al considerar que fue el consejo de administración de la compañía pública y no el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el responsable de un posible delito de malversación.
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