Juicios de las preferentes: la banca suele perder

El mayor juicio por la estafa de las preferentes ha quedado visto para sentencia este lunes en el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid tras la segunda vista de la demanda colectiva dirigida por la asociación de usuarios de banca Adicae contra Bankia, la heredera de Caja Madrid.

En el juicio, la asociación de consumidores ha solicitado la anulación de todos los contratos y la devolución de los ahorros a los 2.143 demandantes, que invirtieron una media de 30.000 euros. Para el secretario general de Adicae, Fernando Herrero, el juicio ha acreditado "sobradamente el fraude masivo, y más después de que en la primera vista el tribunal dejara claro que el caso requería una solución colectiva pese a la insistencia de Bankia de individualizar caso por caso".

Por su parte, el abogado de Caja Madrid, Manuel García Villarrubia, se ha opuesto en el juicio a que se pueda reclamar de forma colectiva la devolución del dinero, al mismo tiempo que ha señalado que las prácticas realizadas no se pueden integrar en el marco de las condiciones generales del contrato, ya que no constituyen prácticas abusivas.

infoLibre analiza las claves en este juicio y del resto de acciones legales contra las participaciones preferentes:

1. La mayor demanda colectiva de preferentes

En el juicio que ha quedado visto para sentencia este lunes, las acusaciones han aportado pruebas de que Caja Madrid llamaba de forma individual a sus clientes para venderles los productos híbridos, "por lo que no es verdad que los afectados eran personas ambiciosas y codiciosas que querían una rentabilidad exagerada", explica a este diario José Ángel Palacios Merino, portavoz de prensa de Adicae, que resalta que el argumentario aportado en el juicio "confirma que hubo una campaña que se orquestaba desde arriba, y que incluso ocultaba a los vendedores los riesgos".

En este sentido, prosigue el mencionado portavoz, las preferentes eran un producto financiero "muy complicado, ya que los clientes no sabían que sólo recibirían beneficios si la entidad tenía beneficios. Y los directivos sabían que la entidad podría acabar teniendo pérdidas".

Además, Adicae sostiene que en muchos casos no se llegaba a rellenar los test de idoneidad de los clientes, al mismo tiempo que se utilizaban en los contratos "malabares lingüísticos del tipo sin vencimiento definido'", con lo que se trataba de ocultar al cliente que contrataba un producto tóxico a perpetuidad.

A juicio de la asociación, el argumentario "infravaloraba" además la posibilidad de que Caja Madrid puediera tener pérdidas, "ya que llega a decir que si la gente pregunta por la reducción de la calificación de las preferentes por las agencias, se ha de responder que el sistema financiero español es de los más solidos, y que Caja Madrid era solvente, por lo que las preferentes eran un producto seguro, y por supuesto no aclaraban que eran a perpetuidad", relata José Ángel Palacios Merino.

El secretario general de Adicae, Fernando Herrero, va más allá al asegurar que el argumentario comercial y el sistema de bonus son pruebas que ratifican "aún más que se trataba de una trama organizada y premeditada desde la alta dirección", que vendió en masa las preferentes a pesar de saber que su calificación había sido reducida y de que el producto estaba a la altura de un bono basura.

2. Las últimas decisiones de los tribunales

Adicae ha aportado al juez de la macrodemanda de Madrid la última sentencia colectiva de preferentes de Caja de Canarias, integrada en Bankia, en la que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia condenó a la entidad por la venta de participaciones preferentes de la Caja Insular de Ahorros de Canarias. El magistrado declaró el carácter abusivo de todo el proceso de comercialización.

Caja de Canarias vendió 60 millones en preferentes "ocultando a sus clientes información esencial, como el alto riesgo o el carácter perpetuo o sin vencimiento ni liquidez de las preferentes, a sabiendas de que no era un producto adecuado para ellos". Por ello, la sentencia define la actuación de la caja como "contraria a la buena fe, con claro perjuicio a los consumidores y evidenciando el desequilibrio entre las partes". Independientemente de las circunstancias de cada consumidor, Bankia queda condenada a devolver todo el dinero -20.000 euros de media- a los demandantes, explica Adicae.

En el mismo sentido, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid ha condenado recientemente a Bankia a devolver a los compradores de deuda subordinada de Caja Madrid las cantidades íntegras defraudadas más los intereses legales y las costas. Además de los 141 consumidores agrupados en esta demanda colectiva de Adicae, que perdieron una media de 36.500 euros, la sentencia permite reclamar a cualquier afectado, incluidos los que vendieron sus obligaciones.

Según la asociación, esta sentencia podría convertirse en un manual de la redacción de los contratos bancarios en España: "Bankia y el resto de entidades deberían tomar nota”, afirmó Manuel Pardos, presidente de Adicae, al valorar la mencionada sentencia que según su opinión "marca un antes y un después: el tribunal anula todos los contratos por la abusividad y nulidad de las condiciones generales de contratación, unas cláusulas idénticas a las presentes en los contratos de preferentes, depósitos, administración de valores, etc. La justicia cuestiona así la legalidad de la práctica totalidad de los productos complejos comercializados por Bankia", completa el responsable de Adicae.

Pero al margen de las recientes decisiones, según los datos aportados en mayo de 2014 por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, que reunía datos hasta abril del mismo 2014, sólo el 5% de las demandas judiciales presentadas por la venta fraudulenta de preferentes dio la razón a la entidad financiera, mientras que el 62% de los procedimientos ya se habían resuelto a favor del cliente.

Hasta esa fecha, los afectados interpusieron 270.303 demandas judiciales, por un importe de 1.634 millones de euros, frente a las 534.150 personas que prefirieron acudir al arbitraje, lo que equivale a 9.772 millones de euros.

La versión de Bankia

Bankia asegura, por su parte, que ha devuelto su inversión durante los tres últimos años a más de 165.000 personas que invirtieron en instrumentos híbridos. El grueso de las devoluciones se realizó a través del arbitraje de 2013. Por esta vía se retornó su dinero a más de 137.000 personas. Además, el banco se ha visto obligado a devolver su inversión a 28.000 clientes de las antiguas cajas por la vía judicial.

Por el contrario, el secretario general de Adicae, Fernando Herrero, replica que la propia celebración del macrojuicio de este lunes "es la demostración de la vergüenza de unas instituciones que no han querido, podido o sabido dar solución a un fraude masivo que a día de hoy hace que casi la mitad de los preferentistas de Bankia sigan esperando la devolución de sus ahorros”.

Para Herrero, "pese a que Bankia intenta dar por resuelto el caso presumiendo de que ha devuelto el dinero a 165.000 personas –28.000 de ellas tras arrastrarlas por los juzgados-, el injusto arbitraje de sus preferentes ha dejado sin solución a más de 110.000 ahorradores, excluidos por criterios tan absurdos como tener estudios o haber sido engañados para depositar más de 10.000 euros".

En abril de 2013 el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo en una sentencia que creaba jurisprudencia, condenó al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) a devolver a un matrimonio valenciano los casi 300.000 euros que había invertido en participaciones preferentes de la compañía norteamericana Lehman Brothers, que protagonizó en 2008 la mayor quiebra de la historia.

El fallo iba en sintonía con las conclusiones de las Audiencias provinciales y tribunales de primera instancia que destacan que los términos empleados en el contrato para advertir al inversor del riesgo de determinados productos "no cumplen las exigencias de claridad y precisión de la información". "Contienen vaguedades [...] que se revelan como fórmulas predispuestas por el profesional, que están vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos".

Pero además del ámbito de lo civil, en junio pasado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de juzgar a los exdirectores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Dolores Amorós por la venta de preferentes y deuda subordinada de la entidad.

Por su parte, el titular del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, mantiene imputados a varios directivos, entre ellos a Miguel Blesa, por las preferentes de Caja Madrid y Bancaja. Fuentes del caso aseguran que la investigación está paralizada desde hace meses.

3. ¿Qué sabemos de las preferentes?

Los informes del Banco de España confirman que las preferentes y el resto de productos financieros que se denominan híbridos se vendieron a clientes de las entidades financieras, de edad avanzada, que no eran expertos inversores. Sin embargo, fueron creadas para personas con amplios conocimientos de los mercados. En cambio, se vendieron "a ahorradores, que confiaron en su sucursal de toda la vida", sostiene el responsable de comunicación de Adicae, José Ángel Palacios Merino.

En este sentido, en su declaración como investigado en la pieza separada del caso Bankia sobre las preferentes de Caja Madrid y Bancaja en la Audiencia Nacional, Miguel Blesa rechazó que los preferentistas no conocieran lo que estaban comprando al asegurar al juez Fernando Andreu, de forma textual: "No se puede decir que un minorista sea un ignorante financiero y tampoco que un jubilado sea un ignorante financiero".

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Las entidades financieras españolas colocaron un total de 12.552 millones de euros en participaciones preferentes entre inversores minoristas entre los años 2008 y 2011, según consta en un informe de la Comisión de Seguimiento sobre comercialización de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada de la CNMV, BBVA vendió en 2008 un total de 1.000 millones entre inversores minoristas.

Pero fue el año siguiente, en 2009, cuando se produjo un mayor de volumen de emisiones e importes, con un total de 11.352 millones entre pequeños inversores, derivado de la necesidad de obtención de recursos propios computables a efectos regulatorios y de la dificultad de las entidades para obtener esos recursos en el mercado mayorista.

¿Es una estafa? Aunque todo el mundo asume que la venta de preferentes lo es, hasta el momento ningún tribunal ha condenado por este delito a las entidades financieras. UPyD denunció en la Audiencia Nacional a Blesa y a otros directivos por seis delitos, entre los que incluye el de estafa, pero el procedimiento está literalmente parado.