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Elecciones 26-J

La Junta Electoral amplía hasta el 6 de junio el plazo del voto rogado para los erasmus

El voto rogado es una doble bofetada a los que están fuera

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La Junta Electoral Central (JEC) decidió ampliar hasta el lunes 6 de junio el plazo de solicitud del voto en las generales del 26 de junio para los electores temporalmente ausentes, como ya había hecho con el voto rogado de los inscritos en el censo de residentes en el extranjeros (CERA).

El pasado 13 de mayo, y a instancias de la Oficina del Censo Electoral, el máximo organismo arbitral acordó prorrogar hasta el 6 de junio el plazo para que los españoles residentes en el extranjero pudieran solicitar el voto, requisito que se conoce como voto rogado y que debe cumplirse con carácter previo a poder ejercer el derecho al sufragio. Inicialmente, ese plazo para "rogar" el voto iba a terminar el 28 de mayo.

Aquella resolución se limitó a los emigrados inscritos en el CERA, pero no a los electores residentes temporales ausentes (ERTA), en su mayoría estudiantes (erasmus) o trabajadores que están en el extranjero por seis o más meses.

Con carácter excepcional y para evitar confusiones

Esa distinción se corrigió ahora con una nueva resolución, recogida por Europa Press, en la que la prórroga se extiende a los ERTE "con carácter excepcional" y "para evitar que se pueda producir confusión".

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Y, de forma análoga a como se hizo con el voto de los electores inscritos en el CERA, se amplía también hasta el 8 de junio de 2016 el plazo de remisión de la documentación electoral por la Oficina del Censo Electoral a los electores residentes temporales ausentes.

La ampliación cuenta con los informes favorables tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación como de la Oficina del Censo Electoral. La JEC instó a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y los respectivos Consulados a "dar la máxima difusión posible entre los electores" a esta ampliación del plazo.

El voto rogado fue promovido por PP, PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV para acabar con el fraude en el voto emigrante y se implantó por primera vez en 2011. Desde entonces provocó el desplome de la participación y numerosas quejas desde el exterior, hasta el punto de que los partidos que lo propusieron dieron marcha atrás, pero no fueron capaces de reformarlo.

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