La Junta Electoral Central (JEC) tendrá que resolver el próximo viernes el recurso para inhabilitar a Oriol Junqueras que han presentado el PP y Ciudadanos. Populares y naranjas también piden que se inhabilite al presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Los dos partidos consideran que ambos políticos deben quedar inhabilitados porque la ley electoral establece que “resultan inelegibles los condenados por sentencia firme”. Es el caso de Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo (TS) a 13 años de prisión por un delito de sedición. Y aun cuando no haya sentencia firme, si se trata de delitos relacionados con la Administración, PP y Ciudadanos alegan que un condenado no puede ejercer ningún cargo público. Quim Torra ha sido condenado a un año y medio de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat, pero la setencia está recurrida en el Supremo.
La Junta Electoral Central, que tiene su sede en el Congreso de los Diputados, está compuesta por 15 miembros. Dos de ellos no tienen derecho de voto: su secretario, a su vez secretario general de la Cámara Baja, Carlos Gutiérrez Vicén, y el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez Poo.
Otros ocho vocales son magistrados del Tribunal Supremo, designados mediante sorteo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y los cinco restantes son catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología, designados a propuesta conjunta de los partidos políticos. A priori, la JEC aparece dividida entre conservadores y progresistas, tanto entre los magistrados como entre los catedráticos designados por PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos.
LOS MAGISTRADOS
Antonio Jesús Fonseca-Herrera Raimundo:Antonio Jesús Fonseca-Herrera Raimundo presidente de la Junta Electoral Central. Magistrado de la Sala de lo Contencioso del Supremo desde noviembre de 2012. Presidió la Comisión Permanente del CGPJ, el órgano disciplinario de los jueces. Votó a favor del recurso que el PP y Ciudadanos presentaron el pasado 25 de abril ante la JEC pidiendo la exclusión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí de las listas para las elecciones europeas del 26 de mayo.
Inés Huerta Garicano: vicepresidenta de la JEC y también magistrada de la Sala de lo Contencioso del TS desde 2014. Ha sido profesora del departamento de Derecho Procesal de Icade y profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Tuvo una agria polémica con la Asociación de Defensa del Paciente, que la denunció ante el CGPJ por sus sentencias en la la Sección Octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que presidió. La acusaban de una falta grave por perjudicar a víctimas de negligencias médicas al dictar sentencias “injustas” y “sin motivar”. Acompañaban su queja con 21 denuncias de afectados. El CGPJ rechazó actuar contra ella, no encontró indicios de responsabilidad.
Ana María Ferrer García: fue la instructora del caso Roldán en los años 90 y la primera mujer en entrar en la Sala de lo Penal del Supremo, en abril de 2014. Es miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia.
Antonio Vicente Sempere Navarro: es magistrado de la Sala de lo Social desde abril de 2014. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, fue asesor del sindicato Unión Sindical Obrera entre 1977 y 1978, consultor del despacho Sagardoy Abogados entre 2000 y 2004, y coordinador del área laboral de Gómez-Acebo & Pombo desde 2010.
Francisco José Navarro Sanchís: magistrado de la Sala de lo Contencioso y experto en Derecho Tributario. Fue uno de los 13 magistrados de la Sala Tercera que emitió un voto particular y se situó a favor de los clientes en la polémica sentencia que resolvió quién debía pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) de noviembre de 2018: si los bancos o los hipotecados.
María Luz García Paredes: magistrada de la Sala de lo Social del Supremo desde 2018. No consta que sea miembro de ninguna de las asociaciones de jueces.
Eduardo de Porres Ortiz de Urbina: en el Supremo desde septiembre de 2018. Pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.
José Luis Seoane Spiegelberg: Magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo desde mayo de 2019. Hasta entonces presidía la Audiencia Provincial de A Coruña.
LOS CATEDRÁTICOS
Carlos Vidal Prado: propuesto por el PP, es catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. Carles Puigdemont y Toni Comín se querellaron contra él por no haber autorizado su candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo. El Supremo revocó esa resolución de la JEC.
Juan Montabes Pereira: propuesto por el PSOE.Es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Granada, concejal socialista en el Ayuntamiento de Granada en 2003 y miembro del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía.
El acuerdo incluye una consulta ciudadana sobre las hipotéticas conclusiones de una mesa de diálogo
Consuelo Ramón Chornet: propuesta por el PSOE, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universitat de València y miembro del Instituto de Derechos Humanos (IDH) de la UV, del que fue directora entre 2010 y 2016.
Inés Olaizola Nogales: propuesta por Unidas Podemos. Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra. Es experta en financiación de partidos políticos.
Silvia del Saz: propuesta por Ciudadanos, es catedrática de Derecho Administrativo de la UNED y trabaja como jurista colaborador (Of counsel) para el despacho Ollero Abogados. Entre 2011 y 2015 fue letrada del Tribunal Constitucional y entre 2004 y 2007, directora general del Suelo de la Comunidad de Madrid, en uno de los gobiernos de Esperanza Aguirre.
La Junta Electoral Central (JEC) tendrá que resolver el próximo viernes el recurso para inhabilitar a Oriol Junqueras que han presentado el PP y Ciudadanos. Populares y naranjas también piden que se inhabilite al presidente de la Generalitat, Quim Torra.