El nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs
La Junta impulsa una reforma del Estatuto andaluz vía referéndum para retirar 120 aforamientos
El Gobierno andaluz (PP-Cs) aprobará este martes el inicio de los trámites para la eliminación de los aforamientos políticos en la comunidad autónoma, que suman alrededor de 120. La reforma, que supondría que los aforados son tratados judicialmente en la jurisdicción ordinaria y no en el TSJA o el Supremo, requiere de la modificación del Estatuto de autonomía de Andalucía, que establece el aforamiento de los diputados (que suman 109) y los miembros del gobierno (12 en el actual Ejecutivo). Los trámites exigen el voto favorable de dos tercios en el Parlamento autonómico, seguido de su aprobación en el Congreso mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo del electorado andaluz.
La supresión de los aforamientos ya estaba en el acuerdo de legislatura entre el PSOE y Ciudadanos de 2015, pero no se cumplió. Fueron los socialistas los que lo frenaron, al preferir que la supresión se realizase a nivel estatal, no sólo en Andalucía. Este punto de fricción enrareció las relaciones entre PSOE y Ciudadanos, que se fueron alejando a lo largo de 2018 hasta que el partido naranja dio por roto el pacto y Susana Díaz adelantó elecciones. Ahora el PP y Ciudadanos, una vez desalojado el PSOE del poder, han incluido la medida en su acuerdo de gobierno. La aprobación del proyecto de reforma del Estatuto está recogida además entre las medidas de los primeros 100 días del nuevo Ejecutivo, que actúa bajo la presión del calendario electoral.
Es una medida estelar de Cs, que controla con Juan Marín una macroconsejería con competencias inconexas de "Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local". El partido naranja quiere capitalizar la supresión de los aforamientos. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, compareció este lunes en Málaga junto a Marín para anunciar la aprobación del inicio de los trámites en el Consejo de Gobierno del martes. Rivera llegó a afirmar que era un paso "histórico". "Hemos pasado de los que blindaban a [Manuel] Chaves y [José Antonio] Griñán, a quitarles los privilegios a los que estén como Chaves y Griñán", afirmó Rivera, que anunció que, si es presidente del Gobierno, impulsará una reforma similar a nivel estatal en sus primeros 100 días.
Las comunidades autónomas dan los primeros pasos para la supresión de los aforamientos
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Pedro Sánchez anunció en noviembre una reforma constitucional para quitar aforamientos, que no ha culminado por falta de apoyos. En Andalucía tampoco será fácil que salga adelante. PP, Cs y Vox, con 59 diputados, no suman dos tercios de Cámara. Para alcanzar este porcentaje necesitarían el apoyo del PSOE (33) o Adelante Andalucía (17). El éxito de la medida requeriría ver a un partido de izquierdas poner su voto junto al de Vox.
El aforamiento recogido en el Estatuto establece que la posible responsabilidad penal de los aforados no se dirimirá en la jurisdicción ordinaria, sino en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o el Supremo (diputados) o directamente en el Supremo (el presidente y sus consejeros). Sobre los diputados, el Estatuto dice: "Durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Y sobre el presidente: "La responsabilidad penal del presidente de la Junta será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ante el mismo Tribunal será exigible la responsabilidad civil en que hubiera incurrido el presidente de la Junta con ocasión del ejercicio de su cargo". El esquema para los consejeros es similar.
La reforma prevista por PP y Cs, más allá de su potencial político, es cuantitativamente irrelevante mirando el total de aforados en España. Son unos 250.000, si bien la inmensa mayoría, más de 230.000, son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además hay cinco de la Familia Real. Los demás, 17.603, pertenecen a instituciones centrales Estado y las comunidades autónomas, sean políticas y judiciales, entre otras.
