El trepidante Pleno del Congreso del miércoles para convalidar los reales decretos tendrá reverberaciones durante meses en la política española. Y el pacto entre el PSOE y Junts para sacar adelante los textos del Gobierno conlleva, según reveló el partido posconvergente, la “delegación integral” de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña a través de una futura ley orgánica.
Esto ha abierto un mar de dudas y un frente político por las consecuencias que puede tener este movimiento entre administraciones pues el artículo 149.2 de la Constitución Española marca expresamente que el Estado tiene competencia “exclusiva” en materia de “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”. La derecha se ha echado encima del acuerdo al entender que eso supone un paso más hacia el Estado catalán.
El comunicado que emitió Junts el miércoles por la tarde recogía que se hará en virtud de la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución Española, que contempla que el Estado puede “transferir o delegar” en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles. Los posconvergentes explicaban que esto irá acompañado “de los recursos necesarios” y “permitirá a Cataluña hacer una política integral” para que el Govern y el Parlament sean quienes determinen “una política propia y adecuada a las necesidades y a la realidad de nuestro país”.
El hecho de que se trate de una ley orgánica conlleva que su contenido no pueda ser sólo pactado por el PSOE y Junts, ya que este tipo de normas sólo pueden salir adelante en el Congreso por mayoría absoluta (al menos 176 diputados). Por lo tanto, haría falta que se negocie y acuerdo por parte de todo el bloque de investidura para tener luz verde finalmente (lo que incluye a Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y el BNG, descartándose acuerdos con el PP o Vox).
Esto supondrá negociar con todos los partidos, con sensibilidades diferentes sobre estas cuestiones. Y, además, se añade el factor del PNV, que estará muy pendiente de la cuestión pues, como recordó el jueves el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, el Gobierno central debe "plasmar ya" el compromiso para la transferencia a Euskadi de la política de inmigración que ya reclamó la legislatura pasada.
El Estatut ya atribuyó competencias migratorias
A pesar del revuelo político y mediático, Cataluña ya tiene competencias en asuntos de esta materia en su actual Estatuto de Autonomía. El artículo 138 se titular “Inmigración” y recoge que corresponde a la Generalitat, por ejemplo, “la competencia exclusiva en materia de primera acogida de las personas inmigradas, que incluirá las actuaciones socio-sanitarias y de orientación” y “el desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas en el marco de sus competencias”.
Además, el texto le da esa competencia “en el establecimiento y la regulación de las medidas necesarias para la integración social y económica de las personas inmigradas y para su participación social” y “el establecimiento por ley de un marco de referencia para la acogida e integración de las personas inmigradas”. Incluye al hilo: la promoción y la integración de las personas regresadas y la ayuda a las mismas, impulsando las políticas y las medidas pertinentes que faciliten su regreso a Cataluña.
El Estatut también establece que le corresponde a la Generalitat “la competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña”. Esta competencia abarca la tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena y la aplicación del régimen de inspección y sanción. De hecho, se materializó en 2009 a través de un real decreto, que también incluyó el traspaso de 1,3 millones de euros por parte del Gobierno presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero.
El texto estatutario, aprobado por las Cortes y validado en referéndum, recoge un tercer apartado que fija que corresponde a la Generalitat “la participación en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Cataluña y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros”.
Los argumentos del Constitucional
Este artículo 138 en su conjunto fue uno de los puntos que intentó tumbar el PP con su recurso contra el Estatut, pero el Tribunal Constitucional estimó finalmente que se ajustaba a la ley de leyes. En la sentencia se plasmaba que ha de interpretarse en el sentido de que la referencia a la “inmigración” no se corresponde con esta materia constitucional, competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.2 CE), sino con otras materias sobre las que puede asumir competencias la Comunidad Autónoma.
El argumento desarrollado por el Alto Tribunal es que tiene cabida ese artículo porque hace referencia a la actuación de la comunidad sobre potestades y competencias que se le atribuyen como los servicios sociales, la sanidad, la educación o la vivienda.
De hecho, el Tribunal hacía mención a lo que había señalado la propia Abogacía del Estado: “La evolución del fenómeno inmigratorio en España impide configurar la competencia estatal (149.1.2) como un título horizontal de alcance ilimitado que enerve los títulos competenciales de las Comunidades Autónomas de carácter sectorial con evidente incidencia en la población migratoria, en relación con la cual han adquirido especial importancia las prestaciones de determinados servicios sociales y las correspondientes políticas públicas”. Por lo que ese artículo se salvó del recorte precisamente por enmarcarse ese “contexto de la integración social y económica inmigrante” dentro del conjunto de “competencias o potestades de evidente carácter asistencial y social” que se recogía en el 138, pero: “En ningún caso puede entenderse que releguen la competencia exclusiva que el Estado ostenta en materia de inmigración”.
Junts mira al flujo migratorio y a la expulsión de multirreincidentes
La pregunta ahora es qué puede asumir la Generalitat. El comunicado de Junts no citaba ningún aspecto concreto, mientras que el PSOE no emitió ninguna nota especificando en qué consistía el acuerdo. Pero 24 horas después diferentes dirigentes de Junts han empezado a despejar algunas de las aspiraciones que tienen (aunque ellos no las tendrían que aplicar porque la Generalitat está en manos de ERC después de que los posconvergentes abandonaran la coalición en octubre de 2022).
El secretario general de Junts, Jordi Turull, señaló este jueves que el acuerdo es político pero que ahora hay que negociar la letra de cara a la futura ley. Reconoció que aspiran a que Cataluña pueda llegar, por ejemplo, a decidir sobre la expulsión de migrantes multirreincidentes y tenga competencia en los permisos de residencia y el control de los flujos migratorios. Lo que rechaza el líder independentista es que se quede en una simple “encomienda de gestión”.
También desde Junts, Laura Borràs consideró que "es evidente que Cataluña debe poder gestionar y regular un tema tan importante y fundamental como los flujos migratorios y su impacto". Indicó que "Cataluña recibe un flujo migratorio superior a la población que representa del conjunto del Estado y debe poder estar en disposición de gestionar en condiciones este fenómeno y gestionar de manera integral estas competencias, con todas las derivadas que comporta, desde temas lingüísticos a temas fronterizos".
El Gobierno lo limita a una "delegación de competencias"
El Gobierno, en cambio, no ha hecho ninguna concreción sobre materias y emplaza a la negociación de la futura ley orgánica. Pero la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sí está circunscribiendo a “delegaciones” de gestión y no al traspaso de la competencia en sí, que la Constitución enmarca como exclusiva del Estado y que es ejecutada por diversos ministerios, como los de Interior, Exteriores e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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La también ministra de Hacienda reiteró durante el jueves que lo que se ha acordado es una “delegación de competencias, al amparo de la Constitución y de la normativa del derecho comunitario”. La dirigente socialista remarcó que es una materia “compleja” y ahora se tendrá que ir concretando durante la elaboración de la ley orgánica, que requiere del consenso de los grupos parlamentarios.
“Lo que se hace es una delegación de competencias, no la transferencia de la titularidad, que sigue siendo del Estado”, repitió en una entrevista en Al Rojo Vivo la ‘número dos’ del Gobierno, que señaló que ahora hay que delimitar el perímetro de aplicación. Otro de los asuntos, como reconoció, en los que Junts está interesado es en la integración de las personas migrantes con el dominio de la lengua. La vicepresidenta también explicó que ninguna otra autonomía ha expresado su interés por ese proceso y que el Gobierno seguirá aplicando la “cogobernanza” en esta cuestión con comunidades afectadas especialmente como Canarias. Desde el Ministerio del Interior, pieza clave en este proceso, se indica, según fuentes consultadas, que "los límites que se acuerden estarán dentro de la Constitución".
Se da la circunstancia de que tendría que ser ERC quien gestionara esa ley si sale del Congreso al presidir la Generalitat. El Govern rebajó las expectativas del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts con la afirmación de la portavoz, Laura Vilagrà, de que “sólo hay compromisos difusos, no hay concreción ni letra pequeña”. De hecho pidió a La Moncloa que explique más detalladamente su plan, a la vez que por la mañana el propio titular de Presidencia, Félix Bolaños, mantenía contactos discretos con el Ejecutivo catalán. Con este mensaje de los republicanos además para Junts, su competencia electoral: "Simplemente, bienvenidos a la negociación. Si somos capaces de hacerlo bien, podemos conseguir competencias importantes para la ciudadanía".
El trepidante Pleno del Congreso del miércoles para convalidar los reales decretos tendrá reverberaciones durante meses en la política española. Y el pacto entre el PSOE y Junts para sacar adelante los textos del Gobierno conlleva, según reveló el partido posconvergente, la “delegación integral” de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña a través de una futura ley orgánica.